Dario Nolasco
Oaxaca de Juárez, 4 de abril. Vecinos de la tercera Sección de La Soledad, San Antonio de la Cal denunciaron que, de manera unilateral, arbitraria y sin el conocimiento de la ciudadanía fue firmado un convenio que da paso al inicio de la prueba piloto del Centro de Transferencia de Residuos Sólidos en jurisdicción de Santa Cruz Xoxocotlán misma que afectará directamente a sus habitantes.
La presidenta de la Tercera Sección de La soledad expresó que esta firma se hizo a espaldas de la ciudadanía, sin transparencia ni participación social real, violentando los derechos fundamentales y el principio de legalidad de los ciudadanos que habitan alrededor de la obra.
Esta acción constituye, dijo, “es una violación directa a nuestros derechos colectivos e individuales, entre ellos, el derecho al acceso a la información pública, ley general de transparencia y acceso a la información pública, el derecho a la participación ciudadana y consulta previa libre e informada convenio 169 de la OIT, ley general de equilibrio ecológico y protección ambiental y constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Dijo que desde hace más de 2 meses han solicitado formalmente mediante oficios y reuniones con diversos funcionarios estatales que les entreguen los documentos legales y técnicos que deberían regir este proyecto, sin embargo, hasta la fecha no han recibido el proyecto ejecutivo, “no se han presentado permisos de uso de suelo, impacto ambiental ni licencias de construcción, estudios de impacto ambiental y urbano, no se ha mostrado un estudio técnico sobre el manejo de residuos ni reglamento interno del centro no se ha instalado la geomembrana para evitar la contaminación por exiliados”.
Pese a que el Gobierno les prometió que serían citado la semana pasada para conocer los documentos técnicos, la reunión nunca se realizó, estas omisiones, dijo, violan directamente la ley general de equilibrio ecológico y la protección al ambiente, la norma oficial mexicana 083 Semarnat 2003 que establece los requisitos para la ubicación, diseño, construcción y operación de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos.
Indicó el presidente municipal Porfirio Santos Matías ha ejercido violencia por razón de género la negarse a reconocer al comité comunitario que preside, imponiendo en su lugar un comité a modo presidido por Primitivo López Reyes que no representa a la población y que solo ha sido funcional para legitimar el proyecto del Centro de Transferencia, quien además actualmente labora dentro del municipio de San Antonio de la Cal como director del DIF y ha sido señalado públicamente por actos de violencia hacia mujeres y niños.
De igual manera, dijo, que la regidora de salud Gema Cruz León, forma parte de este comité que ha operado desde la infraestructura institucional para desinformar, manipular y presionar a la comunidad, ofreciendo obras públicas como drenaje, agua potable, pavimentación y escuelas a cambio de la aceptación del proyecto, cuando estas obras son de nivel federal, “esto no sólo es una práctica clientelar sino una forma de coacción política que vulnera el derecho al libre consentimiento y decisión sobre nuestro territorio”.

También les prometieron que para evitar daños a las calles y tránsito de camiones de basura, se construiría un libramiento desde San Agustín de las Juntas hasta el Centro de Transferencia, pero a la fecha no se ha iniciado ni un solo tramo de dicha obra.
Manifestó que este lunes se inició la prueba piloto en donde se prevé el ingreso de al menos 25 camiones diarios que generará contaminación del aire, aumento de ruido, riesgo sanitario y un colapso vial.
Además de la promesa de la construcción de un tanque elevado para compensar la sobreexplotación de los pozos, “hoy en día nos están enviando agua cada mes y medio mientras que a las comunidades que aceptaron este proyecto se les suministra cada semana, esto es claramente una forma de castigo institucional, actitud grosera y despectiva de funcionarios de gobernación”.
Señaló que organizaciones civiles, ambientalistas, académicas y defensoras de derechos se han acercado para ofrecerles su respaldo, hasta ahora se han resistido a politizar esta lucha manteniéndola con una defensa legítima del territorio por parte de vecinas y vecinos comunes.
Pero ante el engaño y la falta de respuesta por parte del Gobierno, indicó, están considerando seriamente aceptar el acompañamiento de estos actores porque Oaxaca es tierra de resistencia y la historia lo ha demostrado, “las comunidades organizadas somos quienes defendemos la vida el agua y la injusticia, lo que exigimos es justo legal”.
Entre sus demandas, exteriorizó, está la suspensión inmediata de la prueba piloto hasta que se transparente todo el proyecto, que se presenten los documentos oficiales y se realice una verdadera consulta comunitaria, la cancelación del convenio firmado sin consulta ni consentimiento del comité legítimo de la tercera sección de La Soledad de San Antonio de la Cal, el reconocimiento del comité comunitario legítimo electo en el 2022, una investigación imparcial sobre el actuar del presidente municipal, la regidora Gema León y Primitivo López Reyes, que se garantice el derecho humano al agua, al ambiente sano y a la participación ciudadana, el cumplimiento inmediato de los compromisos de infraestructura básica como el tanque elevado de agua, obras de mitigación y acceso a los servicios.
