Oaxaca de Juárez, 17 de julio. El último peritaje oficial sobre el basurero de Cocula, Guerrero, donde, según el gobierno, habrían sido calcinados los 43 estudiantes de Ayotzinapa no logró determinar que hubo un incendio la noche en que desaparecieron los jóvenes entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

El informe, al que tuvo acceso The Associated Press vía una solicitud de acceso a la información, dio por probado que hubo “al menos cinco fuegos” en el basural de Cocula y que hay una zona quemada más grande donde se encontraron restos humanos.

Sin embargo, “la duración y fecha de los fuegos no pudieron determinarse con base a la información física disponible” por lo que no pudo confirmarse que los incendios hayan ocurrido cuando desaparecieron los jóvenes.

En abril la Procuraduría General de la República presentó sus conclusiones según las cuales existió un incendio de grandes dimensiones y se hallaron restos humanos de al menos 17 adultos, aunque indicó que se necesitaban más pruebas para corroborar si ahí pudieron ser calcinadas 43 personas. Pero bajo un argumento de confidencialidad la autoridad no divulgó la totalidad del informe que, ahora se sabe, refiere más focos de incendio y la falta de elementos para saber el día exacto en que ocurrieron.

El peritaje pretendía aclarar científicamente el destino de los jóvenes pero creó más polémica porque la Fiscalía lo presentó como un aval a la versión oficial, algo que enfureció a los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acusaron a las autoridades de hacer una “utilización política” del tema.

Meses antes, en otro peritaje, el Equipo Argentino de Antropología Forense que trabajó en el caso junto con la Fiscalía a pedido de las familias de las víctimas, informó el hallazgo de restos de al menos 17 personas. Aunque no pudo identificarlas, señaló que en un caso estaban seguros de que no era de ninguno de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa porque tenía una prótesis dental y ningún joven llevaba una. Se sospecha que el lugar se había convertido en un vertedero de cadáveres de gente de la zona, donde se han reportado más de 300 desaparecidos.

El último informe sobre el basurero fue encargado por la Procuraduría después de que dos previos, uno de los expertos de la Comisión Interamericana y otro del Equipo Argentino, echaron por tierra la versión oficial que decía que los 43 estudiantes habían sido calcinados en el basurero y que luego sostuvo que sólo habían sido incinerados algunos de ellos.

Los alumnos fueron atacados el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala por policías municipales vinculados con el crimen organizado y supuestamente entregados al cartel local Guerreros Unidos que los hizo desaparecer, aparentemente, con la complicidad o la inacción de otros funcionarios.

Supuestamente suscrito por seis especialistas en incendios el peritaje abordó también cuestiones no directamente relacionadas con el fuego al afirmar que eran “verdad” los testimonios brindados por los cinco supuestos autores confesos de la calcinación de los estudiantes.

“No existen contradicciones y/o variaciones que pudiesen indicar que (las declaraciones) hayan sido fabricadas o que los acusados hayan conspirado para proporcionar testimonios falsos ante las autoridades”, señaló el documento.

Pero según la Comisión Interamericana y declaraciones de los acusados a las que tuvo acceso AP hay claros indicios de que al menos algunos de los detenidos fueron torturados y su testimonio es la única prueba de que los restos de donde salió el único hueso identificado de un estudiante -que fue encontrado en un río cercano- procedían del basurero.

Por otra parte, el peritaje indicó que la noche de la desaparición de los estudiantes lloviznaba aunque no aclaró si eso es compatible o no con una gran hoguera, y advirtió sobre las limitaciones de cualquier conclusión sobre el basurero porque el lugar no estuvo resguardado durante un mes por lo que “es ciertamente posible” que desconocidos pudieran haber entrado al lugar y contaminarlo.

Para Santiago Aguirre, abogado del Centro Prodh, representante de la víctimas, el documento tiene “muy graves deficiencias que no han contribuido a esclarecer lo ocurrido”, fue presentado por la fiscalía de forma “tendenciosa y revictimizante” y forma parte de un “intento deliberado de fabricar una versión no sustentada en pruebas científicas”.

Antes de terminar su trabajo el 31 de abril los expertos de la Comisión Interamericana pidieron olvidar la tesis gubernamental y explorar a fondo muchos datos del expediente que apuntan a otros lugares como posible destino de los jóvenes.

Pero a casi dos años de los ataques que conmocionaron a México y el mundo, el gobierno mantiene su versión, que el ex fiscal general Jesús Murillo Karam llegó a llamar “verdad histórica”.

Siguen interesados en imprimir un sesgo en la investigación y en impedir que se llegue a la verdad”, añadió el abogado de los padres de los 43.