Oaxaca de Juárez, 15 de junio. Los dirigentes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca detenidos hace unos días son acusados de realizar operaciones ilegales con recursos de procedencia ilícita en complicidad con empresas y personas físicas que fueron beneficiadas con un “permiso” para ofrecer sus productos o servicios al magisterio.
La investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) señala que las compañías ETESA, S.A de C.V; VASA HOLDING, S.A. de C.V; y Administradora de Negocios Monte Albán, entre otras, realizaron operaciones ilegales con la Sección 22, en el periodo 2012- 2015 cuando Rubén Núñez Ginez era el titular.
La triangulación para el desvío de recursos se dio cuando la Sección 22 llegó a un acuerdo con las empresas para que pudieran ofrecer sus servicios y productos a los maestros oaxaqueños. A estas se les “concedió” el permiso a cambio del depósito en las cuentas de los líderes sindicales del 3.5% quincenal, monto proveniente del dinero que fue cobrado a los sindicalizados que adquirieron alguna deuda con dichas empresas.
Una investigación de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la Unidad de Inteligencia Financiera, de acuerdo a documentos a los que tuvo acceso 24 HORAS, confirma que dichas empresas participaron en la triangulación de recursos que eran depositados cuentas bancarias de la Sección 22, algunas a nombre de Rubén Núñez Ginez, secretario general.
Las últimas dos empresas también fueron investigadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde el año 2014 por emitir facturas apócrifas y simular operaciones inexistentes, de acuerdo con el listado de empresas que emitieron comprobantes fiscales falsos.
Los depósitos fueron desviados a cuentas personales y para financiar los gastos de movilizaciones, plantones y marchas del magisterio.
La indagatoria destaca el nombre de Octavio Arturo Quintano Cassani, uno de los principales accionistas de Administradora de Negocios Monte Albán y VASA HOLDING.
El periódico El Universal reveló que a las empresas vinculadas a los acuerdos con la Sección 22 se añaden Ediciones, Tratados y Equipos S.A. de C.V. (Etasa), y Consorcio Peredo S.A. de C.V. presuntamente relacionadas con la familia política de José Bernardo Quezada Salas, diputado por el Partido Nueva Alianza (Panal).
El partido fue creado por el magisterio y el legislador es integrante de la CNTE desde hace unos 30 años. Estas empresas ofrecen electrodomésticos, línea blanca, muebles y vehículos a los profesores, refiere el diario.
Hace dos meses, el periódico estadunidense Miami Herald dio a conocer que Quezada Salas compró 11 departamentos en una zona exclusiva de Miami, valuados en 6.3 millones de dólares, en el año 2005.
Con información de 24 Horas
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