Eje Central
Estrictamente Personal
Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. El jueves 26 de febrero el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, tomó otra decisión que será controvertida y afectará de manera directa a su amigo, el presidente Enrique Peña Nieto. En una reunión con los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la facción disidente del magisterio que lleva dos años buscando derogar la reforma educativa, aceptó resolver una vieja demanda de sus líderes: la liberación de “presos políticos” asociados al magisterio. Son 112 en la lista que le entregaron los maestros y que ofreció serán puestos en libertad. Para esto, los convocó este martes a una reunión en la Secretaría de Gobernación, para que enfrente de ellos instruya al comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, a hacerlo.
Miranda, el responsable del gobierno federal de las negociaciones con la CNTE, firmó una minuta con sus líderes, quienes la semana pasada visitaron a varios de ellos, recluidos en prisiones de máxima seguridad en Guadalajara y Tepic. Entre quienes encabezan la lista hay maestros y activistas sociales de Oaxaca y Guerrero acusados de secuestro, homicidio, robo, portación de arma y delitos relacionados con la delincuencia organizada. Quienes encabezan la lista son los miembros de la Sección 22 de Oaxaca, Sara Altamirano Ramos, Lauro Atilano Grijalva Villalobos y Mario Olivera Osorio, identificados por las autoridades como miembros del EPR.
Los tres maestros señalados como guerrilleros se encuentran detenidos como presuntos autores materiales del secuestro de dos sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial –el organismo cúpula del sector privado– en enero de 2013. En el expediente judicial donde se les acusa también de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada, se establece que fueron detenidos en flagrancia en el ejido Guadalupe Victoria en Oaxaca.
Altamirano Ramos y Grijalva Villalobos, que han contendido por puestos de elección popular bajo la bandera del PRD, son cercanos. Rebeca, hermana de Sara, es cuñada de Grijalva Villalobos, quien ha financiado parte de las operaciones políticas de ese grupo con dinero del eperrista Olivera Osorio, miembro del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del estado de Oaxaca. El EPR siempre ha negado vinculación con ellos y que en Oaxaca o en cualquier otra parte del país, realicen secuestros.
Otros dos de los nombres en la lista entregada que son casos de alto impacto son los de Marco Antonio Suástegui Muñoz y María de la Cruz Dorantes, que son miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota, una organización que participa del movimiento de masas en Guerrero que sin ser parte del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una escisión del EPR, ha estado activo durante casi nueve años en la oposición a la construcción de una presa a 30 kilómetros.
Suástegui Muñoz –que fue promotor y fundador de la Policía Comunitaria en los bienes comunales de Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco– y Dorantes tienen cuatro autos de formal prisión por homicidio en grado de tentativa, despojo y lesiones en contra de los hermanos Domingo, Gabriel, José y Pedro Bailón Dorantes, opositores al Consejo de Ejidos, a quienes atacaron con armas de fuego, que tuvo como consecuencia que los detuvieran e intentaran matarlos, de acuerdo con las autoridades. Dorantes, además, enfrenta una acusación por el delito de robo calificado, por una denuncia del propietario de la granillera Kimbar, que la señaló de haber sustraído seis millones de pesos.
Todos los nombres de la lista están incorporados a procesos abiertos en esas dos entidades y en Michoacán, principalmente, con delitos que tienen distintos niveles de gravedad. Todos, de acuerdo a lo que se conoce, no están en manos de los ejecutivos federal o locales, sino de jueces que mantienen abiertos los casos. Hay algunos donde los delitos están directamente relacionados con bloqueos o ataques a Policías, pero hay otros donde los denunciantes son privados. Es decir, una liberación mediante la intervención del subsecretario, aún con la voluntad política del gobierno federal para pedir el sobreseimiento al Poder Judicial, no es posible al haber terceras partes involucradas.
No está claro en qué se basó el subsecretario Miranda al ofrecer la liberación de los 112 “presos políticos” que le pidió la disidencia magisterial, ni cuáles serán los fundamentos legales para que el comisionado Rubido, en lo que a él toca, o las autoridades estatales, se desistan de las acusaciones. Miranda, sin embargo, actuó en consistencia con lo que ha hecho desde que inició el gobierno de Peña Nieto, priorizando las negociaciones políticas con la CNTE por encima de la ley y la Constitución. Sus atropellos a la Carta Magna no son nuevas.
Las violaciones constitucionales para otorgarles prebendas que contravienen la reforma educativa o la exigencia a gobernadores y congresos locales para que acaten las exigencias de la disidencia magisterial, con lo cual ha destruido el federalismo, es un modus operandi que ha contado con el respaldo presidencial. En este caso, su ofrecimiento significaría marchar sobre el Poder Judicial y obligarlo a tomar decisiones totalmente contrarias al Estado de derecho. Pero seguir adelante con esta iniciativa, significará enfrentar al presidente con el Poder Judicial, que en una controversia constitucional, si llegara a darse el caso, Peña Nieto no tendría cómo defender la posición del gobierno, salvo mantenerla, una vez más, con el autoritarismo del Ejecutivo.
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