Repudian escalada de descalificación y provocación del gobierno federal contra organizaciones y comunidades indígenas defensoras de derechos (17:35 h)

Lamentaron que para el presidente de la república solo haya liberales y conservadores, por lo que le decían que ellos  no encuadraban en ninguna de esas categorías, ya que  los pueblos indígenas son comunales y en consecuencia no comulgan con las propuestas de desarrollo capitalista que se fundamentan en la propiedad privada.

Funcionarios de la ONU afirmaron que “la estigmatización de las personas defensoras de derechos humanos y de su actividad contribuye a la percepción de que los defensores y las defensoras son blancos legítimos para abusos por parte de actores estatales y no estatales”, calificarlos como: “radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores” fue una de las causas que provocó el asesinato de Samir Flores.

Dijeron que la defensa de los territorios indígenas que hoy se expresa a lo largo y ancho del territorio nacional a contra corriente de las políticas públicas es una apuesta por la vida de los pueblos, las personas y la biodiversidad circundante, por lo que sabían que eso que el capital llama desarrollo se ha convertido en miseria para los habitantes de los lugares donde se establecen unos cuantos depredadores, el ejemplo de Cancún está a la vista.

Indicaron que la posición del actual gobierno federal es una expresión propia a un régimen autoritario, el cual busca imponer sus proyectos en alianza con empresas con una larga trayectoria de corrupción, despojos y violación a los derechos de los pueblos originarios en México y otros países, proyectos que son solo la continuación de los proyectos neoliberales.

Manifestaron que a la ciudadanía en general querían comunicarles respetuosamente, que muchas de las actividades que realizan las organizaciones en todo el mundo, las hacen ante la falta de reconocimiento e implementación de derechos y en consecuencia ante la ausencia de políticas públicas que los garanticen.

En el caso de México y de la Península de Yucatán en particular existe una violación sistemática a los derechos de los pueblos indígenas, como se ha señalado en múltiples ocasiones.

Resaltaron que muchas de las organizaciones y personas que trabajan en favor de los derechos de los pueblos y las personas vulnerables lo hacen a través de actividades voluntarias, o con el apoyo de la solidaridad internacional, que en muchos países está regulada a través de lo que se conoce como cooperación internacional.

Recordaron que en México existe una Ley de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil que regula el funcionamiento de éstas y que entre otras cosas les otorga el derecho de recibir financiamiento internacional.

La exhibición pública por parte del presidente y su vocero de los recursos que les fueron otorgados por diversas fundaciones internacionales es un acto grotesco que lo único que pretende es denostarlas, cuando es evidente que las actividades que ellas realizan son legales, aunque causen incomodidad al presidente, añadieron.

Subrayaron que la existencia pública de organizaciones civiles y sociales ha sido un avance en la democratización del país, al recordar que  en los años más obscuros, si eras crítico del PRI, podías ser sujeto de desaparición, tortura o asesinato extrajudicial por los organismos de seguridad del Estado encargados del control político de la disidencia, incluido el ejército.

Señalaron que este gobierno, como de diversas formas lo intentaron antes gobiernos priístas y panistas, se ha fijado como uno de sus objetivos la aniquilación de las organizaciones y movimientos que sean piedra para su zapato; olvidando que muchos de sus funcionarios fueron formados en las filas de la sociedad civil, a la cual ahora ataca y difama por defender la vida y no estar de acuerdo con sus proyectos de muerte, este es el rostro autoritario de la cuarta transformación, finalizaron.