Polémica militarización del país
Abel Santiago
Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. Desde que inició su nefasto sexenio el panista Felipe Calderón Hinojosa comenzó a militarizar el país, primero para garantizar su propia seguridad, porque su espurio mandato fue impuesto por el mandilón Vicente Fox Quesada, y después dizque para combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico, pero el balance final fue su asesinato de miles de mexicanos inocentes y de muy pocos verdaderos delincuentes. La oposición del pueblo a esa militarización fue unánime y reprobable, porque por primera vez en la historia de México se empleaba al Ejército para tareas degradantes, como eran las de vigilar calles, centros de concentración popular e instituciones oficiales y particulares. El clamor generalizado fue de que las fuerzas armadas regresaran a sus cuarteles, porque se estaban convirtiendo en peligro y amenaza para la sociedad, pero como en todo el clerical panista rechazó las constantes peticiones. Ahora pretende volver al poder por medio de su consorte Margarita Zavala, como si el pueblo no tuviera memoria, para seguir usurpando y abusando del poder, con los consiguientes crímenes que caracterizaron su régimen.
Con Enrique Peña Nieto la historia se repite. Desde que llegó al poder, una de las primeras peticiones que se le hicieron fue que retirara al Ejército de las calles, pero igual que su antecesor, por su seguridad personal no accedió. Al contrario, ya afianzado en el cargo, llevó a cabo las reformas estructurales, con la complicidad de los ambiciosos partidos políticos, que por el riesgo y peligro que representaban para la nación, confirmó ese medio de protección, hasta llegar a la culminación que ahora se pretende, y que con toda seguridad logrará, por el sometimiento del Congreso de la Unión al nuevo sistema presidencialista, más robustecido que nunca. En efecto, ha promovido una milésima reforma a la Constitución para que por ley las fuerzas armadas continúen su labor de vigilancia, supuestamente para garantizar la seguridad y paz públicas. El pasado 20 de noviembre, con motivo de la celebración del aniversario de la Revolución Mexicana, el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, pidió avanzar en la aprobación de una norma legal para dar certidumbre a soldados, marinos y pilotos en las tareas de “recuperar la paz y tranquilidad de las ciudades y zonas donde se requiere su presencia”.
Días después, en el puerto de Guaymas, al conmemorar el Día de la Armada, Peña Nieto dijo que el Congreso debe atender la “asignatura pendiente” de dotar de un marco jurídico las labores de seguridad pública a cargo de las fuerzas armadas. Insistió en que “el gobierno de la República refrenda este posicionamiento y se pronuncia por atender esta asignatura pendiente que dará certidumbre a las fuerzas armadas”. En ambos actos estuvieron presentes funcionarios públicos y representantes populares, quienes manifestaron compartir esas opiniones, pero el aplazamiento de su aprobación se debe seguramente a la oposición de personalidades y grandes sectores de la población. Por ejemplo, el general de división retirado Luis Garfias Magaña se pronunció contra la propuesta de ley que pretende facultar a las fuerzas armadas para perseguir e investigar delitos relacionados con el mantenimiento de la seguridad interior. Dijo que la Constitución es muy clara y prevé la suspensión de garantías ante hechos como el incremento de la violencia y para combatir al crimen organizado. Agregó que en caso de que se aprobara la ley para facultar a las fuerzas armadas a realizar labores de investigación, quien tendría que asumir esa responsabilidad sería la Policía Judicial Militar, que tiene capacidad y adiestramiento para ese tipo de funciones, en apoyo del Ministerio Público.
La polémica popular se suscita ante la presencia intolerable de los líderes vividores del erario público, que manejan a su antojo a grupos de sedicentes luchadores sociales, que para tratar de solucionar sus peticiones no se enfrentan al gobierno sino que se dedican a perjudicar al pueblo y al comercio organizado, obstaculizando todas sus actividades y hasta robándoles mercancía y en efectivo, como a los automovilistas que tienen necesidad de utilizar las casetas de cobro en las carreteras. Para detener estos criminales abusos, la gran mayoría de víctimas ha solicitado la intervención del Ejército, considerando que es al único que pueden respetar y temer estos vándalos, aun cuando ya se ha comprobado que su función se reduce a la de observar. Sin embargo se insiste en que no se retire de las calles, porque pudiera requerírsele en momentos de emergencia. Ya vimos que en el caso de Nochixtlán se concluyó por responsabilizarlo del enfrentamiento, a pesar de que se comprobó que los agresores fueron los grupos que se pretendía desalojar. De igual manera llevamos tres días de bloqueos en Oaxaca, como despedida al gobernador complaciente que nada hizo por la tranquilidad y seguridad del pueblo, y para impedir la toma de posesión del nuevo gobernador, que ya anunció su complacencia con el magisterio, con quien dice trabajará de la mano, seguramente igual que con los antorchistas, transportistas, triquis y miembros de la CTM, que inexplicablemente seguirán perjudicando a la población para lograr mayores beneficios. Aquí puede ejemplificarse muy bien la inutilidad del Ejército en labores que no le corresponden, pero que pueden garantizar la seguridad del Ejecutivo federal.
Durante el foro Alternativas para una seguridad no militarizada en México, celebrado la semana pasada en la capital del país, se advirtió que aprobar reformas que aumenten las capacidades de las fuerzas armadas, implicaría un riesgo en materia de derechos humanos. Estos de por sí se han visto amenazados a pesar de la existencia de múltiples comisiones nacionales e internacionales para garantizarlos, porque en varias entidades del país sigue predominando el abuso de autoridades, o de los mismos grupos que las tienen sometidas, por conveniencia de ambas partes.
abelsantiago30336@yahoo.com.mx
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