Comunicado.
Solicitó a Derechos Humanos del poder ejecutivo conformar una comisión para garantizar la actuación estricta de las instituciones apegadas a leyes.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 23 de Diciembre 2014.- El diputado Alejandro Martínez Ramírez integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) de la LXII Legislatura del congreso del Estado presentó un punto de acuerdo por el que a través de las comisiones permanentes de Asuntos Indígenas; de Administración de Justicia y de Derechos Humanos, solicita conformar una comisión integrada por la comisionada de Derechos Humanos del poder ejecutivo, para revisar el estado actual jurídico de los presos indígenas que se encuentran procesados, acusados y/o sentenciados.
El objetivo de esta propuesta es verificar de manera específica que en cada caso particular se hayan aplicado y respetado los derechos que les corresponden a los presos indígenas previstas en las Leyes a nivel federal, estatal e internacional, donde las autoridades debieron tener una actuación estricta apegada a los derechos humanos y la legalidad, afirmó Martínez Ramírez.
En su exposición de motivos señaló que, Oaxaca es el estado con el mayor número de presos indígenas en el país, con mil 329 reclusos que hablan alguna lengua indígena, así se desprende del Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el 2011; la cifra de internos indígenas en penales oaxaqueños representan el 16 por ciento de todos los indígenas recluidos en algún centro penitenciario de la nación.
En este marco, el legislador externó que en México el sistema de justicia comprende diversos tipos de instituciones como las cortes y tribunales, los ministerios públicos y el de la propiedad, los correccionales y las cárceles, las unidades designadas de las fuerzas del orden y servicios jurídicos de todo tipo, como los centros de asistencia jurídica ante ello la existencia de un sistema de justicia eficaz y justo es fundamental para promover la reconciliación, la paz, la estabilidad y el desarrollo entre los pueblos indígenas.
Abundó que los derechos de los indígenas suelen negarse y violentarse en la práctica aunque exista legislación de protección. Los hombres y las mujeres indígenas tienen una presencia desproporcionada en las sentencias condenatorias de la justicia penal, donde a menudo se les niegan las debidas garantías procesales y son víctimas de actos de violencia y de malos tratos.
Alejandro Martínez subrayó que las diferencias lingüísticas y culturales intervienen también en esta dinámica de discriminación y no siempre reciben la atención que merecen por parte del Estado.
Un ejemplo de esta discriminación –dijo- que ignora la especificidad cultural y lingüística de los y las indígenas dentro de los Órganos de Procuración de Justicia es la falta de acceso a un traductor e interprete por citar alguno, durante los interrogatorios y procesos penales, estos casos se han registrado en innumerables ocasiones en Oaxaca.
Finalmente aseveró, que la falta generalizada de acceso al sistema oficial de justicia debido a la discriminación directa o indirecta profundamente arraigada en contra de los pueblos indígenas, es un rasgo de las deficiencias en la protección de los derechos humanos, por parte de diversas Instituciones que Procuran Justicia no sólo en nuestro Estado de Oaxaca, sino en todo el país, por lo que pidió poner especial interés en el tema.