Oaxaca de Juárez, 16 de octubre. Durante la primera sesión del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre México y Estados Unidos, el pasado 7 de octubre, el gobierno de López Obrador apeló a la “reciprocidad” para pedir que, a cambio de otorgar visas a 12 agentes de la DEA, Washington permita que 12 agentes mexicanos puedan verificar desde territorio estadunidense el combate al tráfico de armas, revelaron a Proceso fuentes de la administración de Joe Biden.
Sin embargo, aclararon que las delegaciones no llegaron a un acuerdo, por lo que este punto se mantiene sujeto a negociación. “En la reunión con sus contrapartes de México, el procurador general de Justicia, Merrick Garland, y el secretario de Estado, Antony Blinken, negociaron el asunto de la visa de los agentes de la DEA. No hubo arreglo y se determinó que se seguirá negociando”, destaca la fuente.
“El gobierno mexicano pide que, para autorizar la visa a los agentes de la DEA, se autorice la presencia en Estados Unidos de 12 agentes de la Secretaría de Seguridad (y Protección Ciudadana) para colaborar en el combate al tráfico de armas”, expone el funcionario estadunidense.
De acuerdo con esta versión, el gobierno de López Obrador pide que los agentes mexicanos se involucren directamente en las acciones que las agencias estadunidenses realicen contra el trasiego de armas hacia México, es decir, en acciones de la DEA, el FBI, el ATF (Buró de Alcohol Tabaco y Armas de Fuego), el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y el CBP (La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza). (…) Fechado el 26 de octubre de 1992, el documento “Reglas Específicas para Normar Actividades de la DEA”, define las normas a las que supuestamente debían sujetarse los agentes estadounidenses desplegados en México.
“Los agentes y personal especializado de la DEA será de un máximo de 39 elementos con calidad de agentes y 32 administrativos o técnicos especializados”, dice el documento oficial de 13 páginas. “Este número de agentes se reducirá en forma gradual en la medida en que la Procuraduría General de la República incremente su infraestructura de atención al narcotráfico”, indica el documento.
En virtud del acuerdo Bicentenario, todas las agencias estadounidenses operarán en adelante bajo otro esquema.
Proceso
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