Comunicado.
Oaxaca de Juárez, Oax., 10 de marzo. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca consideró graves las condiciones que colocan al estado de Oaxaca como una de las tres entidades más peligrosas para ejercer la defensa de los derechos humanos en México, al sumar 69 agresiones contra personas defensoras civiles hasta noviembre de 2015, y al menos 12 homicidios en esta misma categoría entre los años 2010 a 2015.
El organismo defensor señaló que es grave la información registrada en la Recomendación General 25 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre cuyos señalamientos consta que los estados de Chihuahua, Guerrero y Oaxaca ocupan los tres primeros lugares respecto del número de homicidios de personas defensoras civiles verificados en el periodo comprendido entre enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015.
La Defensoría detalló que estos datos fueron recabados por la CNDH en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de ese organismo nacional, así como con la información proporcionada por las diversas Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia. Estas cifras, añadió el organismo, se suman a las que la propia Defensoría tiene de agresiones a personas defensoras civiles tan sólo en 2015.
Y aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló sólo cuatro muertes de defensores de derechos humanos en Oaxaca durante 2015, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, por medio de su área especializada, registró en ese año un total de ocho muertes de defensores civiles, todos de sexo masculino.
La institución autónoma detalló que, para ese año, una estimación preliminar de sus registros señala que personas defensores de derechos humanos han sufrido agresiones con mayor frecuencia en la región de la Mixteca, donde se registraron cuatro de las ocho muertes del 2015, en las comunidades de San Juan Copala, Juxtlahuaca, Tlaxiaco y San Sebastián Tecomaxtlahuaca.
En vista de estos datos, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca señaló que en el estado no existen garantías para las personas que ejercen el periodismo o defienden derechos humanos, pues la falta de condiciones de seguridad para quienes realizan estas actividades pone en entredicho la eficacia del Estado en las acciones que aplica para garantizar y proteger los derechos humanos de toda la población.
La Defensoría enfatizó que es grave la frecuencia con que personas defensoras de derechos humanos y periodistas sufren agresiones, y la respuesta de las autoridades con respecto a este problema ha hecho que se cuestione la capacidad del Estado para garantizar los derechos a la libertad de expresión y a la defensa de los derechos humanos.
La Defensoría instó a las autoridades para que sus actuaciones sean más eficaces, específicamente en el tema de las investigaciones, que deben ser claras, expeditas e inmediatas para que sea posible inhibir la frecuencia de agresiones de este tipo.
El organismo defensor recalcó que es responsabilidad de las autoridades combatir la incertidumbre en la que desarrollan sus actividades las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas, pues limitar sus acciones implica un agravio contra toda la sociedad.
Por este motivo, la institución autónoma se comprometió a desarrollar acciones más efectivas al vigilar la actuación de las autoridades en las investigaciones sobre las diferentes agresiones que han sufrido periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
El organismo defensor está desarrollando mecanismos para acelerar sus trabajos con miras a la integración de un informe especial sobre agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, pues por medio de este instrumento se podrá visibilizar la violencia estructural que ha favorecido el aumento de este tipo de ataques.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo de Oaxaca destacó 
el trabajo de cuatro agrupaciones de la sociedad civil, al cual se sumó el organismo público, para producir el “Protocolo para la acción en torno a las medidas cautelares para defensoras y defensores de derechos humanos de Oaxaca”, cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de protección para las personas que por desarrollar esa actividad se encuentren en riesgo.
La institución autónoma reconoció la aportación de las agrupaciones civiles Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código-DH) y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio), cuyo esfuerzo conjunto permitió la publicación de dicho protocolo.
La Defensoría resaltó que ese instrumento contribuye a generar un ambiente propicio para que las y los defensores de derecho humanos se acerquen a la institución defensora y a organizaciones ciudadanas cuando se encuentren en riesgo, a fin de buscar un diálogo cercano y continuo como vía para visibilizar y fortalecer su actividad.
La institución autónoma resaltó que esta publicación es una notable muestra de labor conjunta con la sociedad civil que fortalece el trabajo de las personas que se dedican a defender derechos.
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