Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. El viernes pasado, la dirigencia de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llevó a cabo una marcha de protesta contra la reforma educativa y el gobierno del estado, por haberles quitado el manejo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que era su fuente de corrupción y de chantaje para manejar a su antojo a todos los trabajadores de ese gremio. Según información periodística, en esa marcha participaron 50 organizaciones no gubernamentales, mismas que exigieron “desmilitarizar” Oaxaca, donde “se vive un estado de excepción no declarado. La presencia militar y policiaca arreglada entre Gabino Cué y Enrique Peña Nieto evidencia la política de criminalizar la protesta social. El `garantizar` la jornada electoral fue sólo el pretexto para colocar a Oaxaca, en los hechos, en estado de sitio.” Por un lado, se confirma que el cártel 22 ha perdido fuerza y tiene que acudir a otras organizaciones para fortalecer sus marchas, y por el otro que esas organizaciones pretenden continuar lucrando con sus movilizaciones, bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos y de la lucha social, que es lo que les ha dejado muchas ganancias, pero que como a esa 22 deben retirárseles todos los subsidios y privilegios de que gozan, y que lejos de agradecer continúan sus escandalosos actos de protesta, llegando hasta la calumnia, como ocurrió con el magisterio antes de que se les arrebatara su botín.
No es cierto, como afirman esos grupos mercantiles, que Oaxaca esté militarizado. Lo que les incomoda es no poder seguir cometiendo la serie de delitos y atropellos que ellos llaman lucha social, y que como todo el pueblo sabe, es la quema de camiones, el asalto y robo a oficinas y comercios departamentales, la estafa a los automovilistas usuarios de las casetas de cobro en las carreteras y muchos otros más que caracterizaron la lucha de la 22, a pesar de que el gobernador estuvo a su servicio la mayor parte de su sexenio. Lejos de agradecérselo, se pusieron en su contra para volverlo odioso ante la ciudadanía, hasta que reaccionó y actuó como un verdadero gobernante. Ahora el pueblo se siente seguro con la protección de las fuerzas armadas que en efecto, desde el día de las elecciones hicieron acto de presencia para acabar con la barbarie que nos tenía acosados y que impedía trabajar a los sectores productivos, como los empresarios y los comerciantes establecidos, que durante lo que va del actual sexenio gubernamental han perdido millones de pesos, muchos han cerrado sus negocios dejando sin empleo a gran cantidad de trabajadores. Ante la seguridad estatal se rebelan los grupos de sedicentes luchadores sociales, encabezados por el cártel 22.
Ante la proximidad del inicio del nuevo ciclo escolar y la amenaza de la CNTE de impedirlo, el gobernador se ha visto obligado a solicitar el apoyo del gobierno federal para que la niñez oaxaqueña no continúe en el atraso a que la ha llevado la sección 22, pero ésta, sintiéndose tan poderosa como lo fue antes del 20 de julio, rechaza indignada esa solicitud, asegurando que se trata de un “acto de provocación”. Su vocero dice en forma prepotente: seremos los “maestros” de Oaxaca quienes “vamos a decidir si habrá comienzo de ciclo escolar el próximo 24 de agosto y no el gobierno federal y tampoco el estatal. Rechazamos rotundamente el ingreso de las fuerzas federales. No podemos vivir militarizados a costa de que se acepten las reformas educativas, eso sería violentar los derechos humanos, tanto de `maestros` como de estudiantes”. O sea que ni el gobierno federal ni el estatal tienen la autoridad suficiente para hacer valer el calendario escolar según esos rufianes. Además, de nadie se violan los derechos humanos con la defensa de las instituciones y de la ciudadanía. Lo que pasa es que con las fuerzas federales no se juega, como jugaban con nuestra pobre policía desarmada, a la que se mandaba al matadero con la orden de no tocarlos aun cuando estuvieran cometiendo las peores atrocidades. Ahora que no pueden hacerlo, se quejan y dicen que “con la militarización del estado el gobernador está reprimiendo al magisterio; está creando un estado de miedo y sicosis ante la ciudadanía. Que los militares se encarguen de la seguridad no es más que un intento de amedrentar al magisterio y asustar a la sociedad organizada para que no demuestre su inconformidad contra la modificación del IEEPO”.
Es precisamente la sociedad organizada la que respalda las modificaciones de ese Instituto, más aún al enterarse cada día del descubrimiento de nuevos aviadores, entre los que figuraban muchos miembros de la clase gobernante, por los que se confirma la corrupción magisterial y el inmenso poder de la dirigencia de esa gansteril sección 22, encabezada por el alcohólico Rubén Núñez Ginez. La última noticia publicada en los diarios es que funcionarios del IEEPO estimaron que las personas que cobraban sin trabajar en esa institución son miles y no cientos como se creía. Entre los aviadores se encontraban presidentes municipales, diputados, burócratas, periodistas, voceros de dependencias gubernamentales y senadores, o sea todo un poderoso ejército de miembros de la clase gobernante daban fuerza y poder a esa dirigencia magisterial. Por eso fue recibida con beneplácito popular la decisión de que el estado se hiciera cargo de la educación, y de que acabara con toda la podredumbre existente en el seno del organismo que la dirigía. El gobernador tiene el respaldo total del pueblo para hacer que se dé principio al nuevo ciclo escolar, con o sin la participación de los seguidores de la dirigencia de la fatídica sección 22. La autoridad debe imponerse en este caso especial, porque está en juego el futuro de la niñez oaxaqueña.
abelsantiago30336@yahoo.com.mx
Compartir
