Hay temas en los que es difícil que el análisis se abra paso entre el mar de consignas que todo lo reducen a una ilusoria y simplona realidad en blanco y negro y los terrenos del bien y el mal se hacen tan nítidos como en las películas infantiles. La reforma laboral es uno de ellos.
Pero vale la pena entrar a estudiar críticamente el espinoso caso, a pesar del riesgo de caer en herejía –ya estoy curado de espanto-, no sólo por su importancia, que la tiene de sobra, sino también porque expresa bien la complejidad de la política mexicana. Lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados y en el Senado muestra, entre otras cosas, las contradicciones, tensiones y ambivalencias de fuerzas políticas y sociales -en su interior y frente a las otras-; los nuevos acomodos y cálculos por la alternancia reversible que se aproxima; el peso de la opinión pública; las debilidades, exabruptos y cinismo de actores prominentes de la vida sindical; la audacia de quien sabe cotizarse tras asegurar la cumbre durante un sexenio más.
La incertidumbre por el desenlace (sobre todo en lo referente a transparencia y democracia sindical) es síntoma de un régimen disfuncional que no conforma mayorías estables, pero también del anacronismo de quienes piensan regresar al poder con los mismos pilares con los que sostenían su hegemonía a mediados del siglo pasado. Ahora los privilegios y las ventajas indebidas son más vulnerables frente a los cuestionamientos, en buena medida porque las redes sociales han visibilizado, amplificado y potenciado la opinión de una ciudadanía cada vez más pendiente de los asuntos públicos. En la discusión de la reforma laboral, los ciudadanos han terciado en un debate que se vislumbraba entre fuerzas políticas y poderosas organizaciones sindicales, algo a lo que, por fortuna, debemos acostumbrarnos, al menos, en lo que a los grandes temas nacionales se refiere.
Podemos decir que esta iniciativa preferente de Felipe Calderón tiene, a grandes rasgos, dos propósitos diferenciados: la “flexibilización” laboral con la que concuerda con el PRI y la democracia y transparencia sindical que comparte con el PRD. En la Cámara de Diputados todo se decantó a favor del primer aspecto. Para ello contaron con la ayuda involuntaria de un sector de diputados de izquierda que, rompiendo acuerdos, cometió el error de recurrir al ya gastado y siempre contraproducente noroñismo parlamentario. La toma fallida de la tribuna no sólo rompió las negociaciones que permitirían debatir de cara a la opinión pública las diferencias y que algunas propuestas fueran incorporadas sino que además derivó en el lamentable abandono del campo de batalla, dejando el camino libre para que la alianza PRI-PVEM-PANAL cuidara sin mayores sobresaltos de los intereses autoritarios y pecuniarios de las cúpulas del sindicalismo charro. Pero en el Senado fue, por fortuna, otra historia.
Mientras que en San Lázaro la suma de los legisladores del PAN, PRD, MC y PT es de 249 frente a 251 del resto, en el Senado es favorable por 66 a 62. En la Cámara Alta la izquierda mostró otro rostro, apostó por el debate y la política, y se notó la diferencia para bien. Aunque la “flexibilización” laboral ya no tuvo modificaciones y, en ese sentido, se vulneran derechos y conquistas de los trabajadores, en el tema de transparencia y democracia sindical no sólo se rescataron los artículos desechados por la colegisladora en esos rubros sino que se pudo incluir uno nuevo que significa un cambio por demás significativo. Actualmente el trabajador es contratado sin conocer siquiera el “Contrato Colectivo de Trabajo”; pero, según lo aprobado en la Cámara Revisora, ahora debe ser ratificado por votación de los afiliados. Entonces, entre otras cosas, si se confirmaran las modificaciones a la minuta, los trabajadores elegirían a sus líderes por voto universal, directo y secreto, es decir, libre, conocerían el destino de sus cuotas y otros ingresos, el resultado de las auditorías que por ley deben realizarse y avalarían mediante sufragio el contrato negociado entre patrones y el sindicato. Logros, sin lugar a dudas, valiosos.
Tal y como se estipula en el artículo 72 constitucional, la minuta regresa a la Cámara de Origen para que ésta acepte o rechace los cambios efectuados. Ahí no se estipula la posibilidad de modificar las observaciones (aceptar unas y rechazar otras o cambiar la redacción de alguno), pero existen antecedentes de que así se ha hecho. En lo que no hay duda es que sólo se discute lo que no ha sido aprobado por ambas Cámaras, es decir, lo que se refiere a la “flexibilización” ya es asunto cerrado y nomás espera el momento de su publicación. Ahí se encuentra uno de los puntos finos del esgrima y las vencidas que se están viviendo en torno a la reforma.
El PRI amenazó con “congelar” la reforma en caso de que el Senado modificara la minuta. La verdad es que nomás mostraba el petate del muerto. En primer lugar porque no existe tal. El nuevo reglamento de la Cámara de Diputados establece plazos fatales para dictaminar. No es que la iniciativa pierda su carácter de “preferente¨, pues que la Cámara Revisora haga observaciones es parte de sus facultades irrenunciables del proceso legislativo. Lo que ocurre es que en la Constitución no estableció el plazo expedito para la preferente en ese caso, como sí lo hace para los momentos anteriores. De ahí se agarra el PRI, pero lo más que podrían hacer es retrasarlo 90 días, o bien 135 si es que la Comisión del Trabajo y Previsión Social pide prórroga y se le concede.
Pero el punto clave está en el ámbito político, más allá del marco legal. La no publicación de lo aprobado de la reforma laboral termina presionando al presidente electo, más que al que ya se va. Por eso los panistas se sostuvieron a pesar de que algunas organizaciones empresariales asustadas por el amago del PRI insistieron en que la minuta se aprobara sin cambios. Es obvio que a dichos empresarios les urge la contratación ligera y con menores compromisos, y como, además, se entienden bien con los “charros”, no quieren poner en riesgo sus ventajas adquiridas por combatir corruptelas y privilegios sindicales que, por cierto, algunos de ellos han alentado. Entre pusilánimes y cómplices. Sin embargo, y a pesar de ellos, quien ahora sudará la calentura es Peña Nieto.
La jugada del PAN es clara. Le dicen al presidente electo que le están ayudando a sacar la reforma laboral, pero con el precio de la transparencia y democracia sindical, colocándolo en la disyuntiva de aprobarla o aparecer como protector de intereses y privilegios indefendibles, lo que confirmaría su vínculo con el pasado autoritario. Pero existe un grave riesgo, en lo que parece ser la apuesta de Manlio Fabio Beltrones. En el mismo artículo 72 constitucional se establece que, si la mayoría absoluta en ambas cámaras lo autoriza, lo ya aprobado puede ser publicado, dejando pendiente lo modificado y todavía no resuelto. Ése sería el peor de los mundos para la izquierda: sólo flexibilización y nada de democracia, transparencia y rendición de cuentas de los líderes sindicales.
En efecto, lo obtenido por la izquierda en la reforma laboral se reduce, sustancialmente, a los cambios que se realizaron en el Senado. Lo ya aprobado y que interesa tanto a las cámaras empresariales está listo para que, más temprano que tarde, se publique. Por eso lo correcto para el PRD y sus aliados, PT y MC, es subirle el costo al PRI por cualquier dilación y aprovechar la atención de la opinión pública y la presión ciudadana para atacar los privilegios de los “charros” para buscar que se discuta cuanto antes en la Cámara de Diputados los ocho artículos modificados. De otro modo, consecuentar al PRI en su afán por enfriar la reforma, podría llevar al PAN a aceptar publicar lo ya aprobado, aunque eso signifique sacarle el buey de la barranca a EPN.
Vale la pena mencionar “el colmillo” que mostró Elba Esther Gordillo. Tras garantizar para sí seis años más de dominio en el SNTE y sabiendo que el voto de su hija no era decisivo, pues de igual forma ganaría el voto secreto, la mandó a avalar la democracia sindical. Con ello envía un evidente mensaje a Beltrones, viejo rival político, pues sus diez votos en la Cámara de Diputados son la diferencia entre ganar o perder. Se cotizó alto para lo que viene.
Es importante tener presente que la última palabra de la reforma no está dicha. Falta ver el tamaño de la protesta social, pues es sabido que si las manifestaciones crecen, cuantitativa y cualitativamente, podría haber marcha atrás… siempre puede haberla. Está más que visto que los legisladores opositores no pueden suplir dentro del Parlamento a la fuerza social expresada en las calles. Pero con independencia de ello, la reforma caerá al ámbito judicial. Los sindicatos opuestos a la “flexibilización laboral” ya anunciaron que la combatirán en los tribunales y si se aprueba la democracia y transparencia sindical es seguro que los líderes “charros” harán lo propio.
La izquierda no debe desaprovechar la oportunidad de conseguir una victoria histórica. La lucha contra el charrismo sindical es parte de su tradición más entrañable. Desde que, por órdenes de Moscú, el Partido Comunista Mexicano cometió el error de ceder a las presiones de Lombardo Toledano y determinó que Miguel Ángel Velasco, “El Ratón”, renunciara a dirigir la CTM para abrirle paso a Fidel Velázquez al frente de la poderosa central obrera en 1937, hecho que motivó el escrito clásico del tema por parte de José Revueltas, “Ensayo de un proletariado sin cabeza”, la batalla ha sido ardua, al grado de que los presos políticos emblemáticos en 1968 eran los comunistas Valentín Campa y Demetrio Vallejo, cuyo “delito” era precisamente pelear por la democracia sindical y en contra de la corrupción de los líderes “charros”. No olvidemos que el corporativismo sindical fue cimiento del régimen autoritario priista. A casi un siglo de distancia, llegó la hora de la revancha. No la dejemos ir.
Pero vale la pena entrar a estudiar críticamente el espinoso caso, a pesar del riesgo de caer en herejía –ya estoy curado de espanto-, no sólo por su importancia, que la tiene de sobra, sino también porque expresa bien la complejidad de la política mexicana. Lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados y en el Senado muestra, entre otras cosas, las contradicciones, tensiones y ambivalencias de fuerzas políticas y sociales -en su interior y frente a las otras-; los nuevos acomodos y cálculos por la alternancia reversible que se aproxima; el peso de la opinión pública; las debilidades, exabruptos y cinismo de actores prominentes de la vida sindical; la audacia de quien sabe cotizarse tras asegurar la cumbre durante un sexenio más.
La incertidumbre por el desenlace (sobre todo en lo referente a transparencia y democracia sindical) es síntoma de un régimen disfuncional que no conforma mayorías estables, pero también del anacronismo de quienes piensan regresar al poder con los mismos pilares con los que sostenían su hegemonía a mediados del siglo pasado. Ahora los privilegios y las ventajas indebidas son más vulnerables frente a los cuestionamientos, en buena medida porque las redes sociales han visibilizado, amplificado y potenciado la opinión de una ciudadanía cada vez más pendiente de los asuntos públicos. En la discusión de la reforma laboral, los ciudadanos han terciado en un debate que se vislumbraba entre fuerzas políticas y poderosas organizaciones sindicales, algo a lo que, por fortuna, debemos acostumbrarnos, al menos, en lo que a los grandes temas nacionales se refiere.
Podemos decir que esta iniciativa preferente de Felipe Calderón tiene, a grandes rasgos, dos propósitos diferenciados: la “flexibilización” laboral con la que concuerda con el PRI y la democracia y transparencia sindical que comparte con el PRD. En la Cámara de Diputados todo se decantó a favor del primer aspecto. Para ello contaron con la ayuda involuntaria de un sector de diputados de izquierda que, rompiendo acuerdos, cometió el error de recurrir al ya gastado y siempre contraproducente noroñismo parlamentario. La toma fallida de la tribuna no sólo rompió las negociaciones que permitirían debatir de cara a la opinión pública las diferencias y que algunas propuestas fueran incorporadas sino que además derivó en el lamentable abandono del campo de batalla, dejando el camino libre para que la alianza PRI-PVEM-PANAL cuidara sin mayores sobresaltos de los intereses autoritarios y pecuniarios de las cúpulas del sindicalismo charro. Pero en el Senado fue, por fortuna, otra historia.
Mientras que en San Lázaro la suma de los legisladores del PAN, PRD, MC y PT es de 249 frente a 251 del resto, en el Senado es favorable por 66 a 62. En la Cámara Alta la izquierda mostró otro rostro, apostó por el debate y la política, y se notó la diferencia para bien. Aunque la “flexibilización” laboral ya no tuvo modificaciones y, en ese sentido, se vulneran derechos y conquistas de los trabajadores, en el tema de transparencia y democracia sindical no sólo se rescataron los artículos desechados por la colegisladora en esos rubros sino que se pudo incluir uno nuevo que significa un cambio por demás significativo. Actualmente el trabajador es contratado sin conocer siquiera el “Contrato Colectivo de Trabajo”; pero, según lo aprobado en la Cámara Revisora, ahora debe ser ratificado por votación de los afiliados. Entonces, entre otras cosas, si se confirmaran las modificaciones a la minuta, los trabajadores elegirían a sus líderes por voto universal, directo y secreto, es decir, libre, conocerían el destino de sus cuotas y otros ingresos, el resultado de las auditorías que por ley deben realizarse y avalarían mediante sufragio el contrato negociado entre patrones y el sindicato. Logros, sin lugar a dudas, valiosos.
Tal y como se estipula en el artículo 72 constitucional, la minuta regresa a la Cámara de Origen para que ésta acepte o rechace los cambios efectuados. Ahí no se estipula la posibilidad de modificar las observaciones (aceptar unas y rechazar otras o cambiar la redacción de alguno), pero existen antecedentes de que así se ha hecho. En lo que no hay duda es que sólo se discute lo que no ha sido aprobado por ambas Cámaras, es decir, lo que se refiere a la “flexibilización” ya es asunto cerrado y nomás espera el momento de su publicación. Ahí se encuentra uno de los puntos finos del esgrima y las vencidas que se están viviendo en torno a la reforma.
El PRI amenazó con “congelar” la reforma en caso de que el Senado modificara la minuta. La verdad es que nomás mostraba el petate del muerto. En primer lugar porque no existe tal. El nuevo reglamento de la Cámara de Diputados establece plazos fatales para dictaminar. No es que la iniciativa pierda su carácter de “preferente¨, pues que la Cámara Revisora haga observaciones es parte de sus facultades irrenunciables del proceso legislativo. Lo que ocurre es que en la Constitución no estableció el plazo expedito para la preferente en ese caso, como sí lo hace para los momentos anteriores. De ahí se agarra el PRI, pero lo más que podrían hacer es retrasarlo 90 días, o bien 135 si es que la Comisión del Trabajo y Previsión Social pide prórroga y se le concede.
Pero el punto clave está en el ámbito político, más allá del marco legal. La no publicación de lo aprobado de la reforma laboral termina presionando al presidente electo, más que al que ya se va. Por eso los panistas se sostuvieron a pesar de que algunas organizaciones empresariales asustadas por el amago del PRI insistieron en que la minuta se aprobara sin cambios. Es obvio que a dichos empresarios les urge la contratación ligera y con menores compromisos, y como, además, se entienden bien con los “charros”, no quieren poner en riesgo sus ventajas adquiridas por combatir corruptelas y privilegios sindicales que, por cierto, algunos de ellos han alentado. Entre pusilánimes y cómplices. Sin embargo, y a pesar de ellos, quien ahora sudará la calentura es Peña Nieto.
La jugada del PAN es clara. Le dicen al presidente electo que le están ayudando a sacar la reforma laboral, pero con el precio de la transparencia y democracia sindical, colocándolo en la disyuntiva de aprobarla o aparecer como protector de intereses y privilegios indefendibles, lo que confirmaría su vínculo con el pasado autoritario. Pero existe un grave riesgo, en lo que parece ser la apuesta de Manlio Fabio Beltrones. En el mismo artículo 72 constitucional se establece que, si la mayoría absoluta en ambas cámaras lo autoriza, lo ya aprobado puede ser publicado, dejando pendiente lo modificado y todavía no resuelto. Ése sería el peor de los mundos para la izquierda: sólo flexibilización y nada de democracia, transparencia y rendición de cuentas de los líderes sindicales.
En efecto, lo obtenido por la izquierda en la reforma laboral se reduce, sustancialmente, a los cambios que se realizaron en el Senado. Lo ya aprobado y que interesa tanto a las cámaras empresariales está listo para que, más temprano que tarde, se publique. Por eso lo correcto para el PRD y sus aliados, PT y MC, es subirle el costo al PRI por cualquier dilación y aprovechar la atención de la opinión pública y la presión ciudadana para atacar los privilegios de los “charros” para buscar que se discuta cuanto antes en la Cámara de Diputados los ocho artículos modificados. De otro modo, consecuentar al PRI en su afán por enfriar la reforma, podría llevar al PAN a aceptar publicar lo ya aprobado, aunque eso signifique sacarle el buey de la barranca a EPN.
Vale la pena mencionar “el colmillo” que mostró Elba Esther Gordillo. Tras garantizar para sí seis años más de dominio en el SNTE y sabiendo que el voto de su hija no era decisivo, pues de igual forma ganaría el voto secreto, la mandó a avalar la democracia sindical. Con ello envía un evidente mensaje a Beltrones, viejo rival político, pues sus diez votos en la Cámara de Diputados son la diferencia entre ganar o perder. Se cotizó alto para lo que viene.
Es importante tener presente que la última palabra de la reforma no está dicha. Falta ver el tamaño de la protesta social, pues es sabido que si las manifestaciones crecen, cuantitativa y cualitativamente, podría haber marcha atrás… siempre puede haberla. Está más que visto que los legisladores opositores no pueden suplir dentro del Parlamento a la fuerza social expresada en las calles. Pero con independencia de ello, la reforma caerá al ámbito judicial. Los sindicatos opuestos a la “flexibilización laboral” ya anunciaron que la combatirán en los tribunales y si se aprueba la democracia y transparencia sindical es seguro que los líderes “charros” harán lo propio.
La izquierda no debe desaprovechar la oportunidad de conseguir una victoria histórica. La lucha contra el charrismo sindical es parte de su tradición más entrañable. Desde que, por órdenes de Moscú, el Partido Comunista Mexicano cometió el error de ceder a las presiones de Lombardo Toledano y determinó que Miguel Ángel Velasco, “El Ratón”, renunciara a dirigir la CTM para abrirle paso a Fidel Velázquez al frente de la poderosa central obrera en 1937, hecho que motivó el escrito clásico del tema por parte de José Revueltas, “Ensayo de un proletariado sin cabeza”, la batalla ha sido ardua, al grado de que los presos políticos emblemáticos en 1968 eran los comunistas Valentín Campa y Demetrio Vallejo, cuyo “delito” era precisamente pelear por la democracia sindical y en contra de la corrupción de los líderes “charros”. No olvidemos que el corporativismo sindical fue cimiento del régimen autoritario priista. A casi un siglo de distancia, llegó la hora de la revancha. No la dejemos ir.
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