Oaxaca de Juárez, 13 de julio. Y como si fuera una mala broma el día domingo nos despertamos con la no tan sorprendente noticia de que uno de los “capos” más temidos en el mundo, Joaquín “el chapo” Guzmán, había escapado de un penal de máxima seguridad. Con toda la impunidad posible el Chapo logró huir tras haber construido un túnel que, según las autoridades del penal, “no habían notado”. Cierto es que en este mundo de corruptelas la huida del Chapo cayó como balde de agua fría al ya desprestigiado gobierno de Enrique Peña Nieto.
Lo verdaderamente preocupante viene después, no sólo queda en entredicho la capacidad de nuestro sistema penitenciario sino que el Estado mexicano se ha vulnerado de tal manera que nuestra “tan cuidada” soberanía se ha quebrantado. México nunca quiso extraditar al Chapo con el pretexto de que el sistema de impartición de justicia en nuestro país tenía toda la capacidad de castigar al que entonces era uno de los fugitivos más buscados del mundo.
Por su parte, Estados Unidos alegaba que tenían todo el derecho de pedir la extradición de Joaquín Guzmán debido a que éste había cometido muchos delitos en territorio estadounidense y en perjuicio de ciudadanos de norteamericanos. De ahí que podemos entender que la gravedad del asunto va más allá del desprestigio, esta falla del sistema penitenciario ha dado pie a que México se perciba como un país donde el crimen organizado ha permeado en nuestras instituciones y que en efecto México no tiene la capacidad de impartir justicia como es debido.
A título personal no hay más amenaza para la soberanía que delegar nuestra obligación de justicia a otros países y no hay mayor amenaza a la soberanía que pasar por encima del derecho de seguridad que tienen todos los ciudadanos. Hoy por hoy México tiene fallas en transparencia, reformas inconclusas, problemas sociales, exclusión, una economía débil y aún así seguimos perpetuando este sistema que hoy nos ha valido nuestra imagen alrededor del mundo con miles de alertas hacia México, con países que han incrementado su seguridad para con México y con Estados que ya no creen más en las instituciones.
Estados Unidos y otros países en este momento tienen todo el derecho de pedir la extradición de todo tipo de delincuentes que hayan actuado en perjuicio de ciudadanos extranjeros, vulnerando así no sólo nuestra soberanía, sino nuestra credibilidad como un Estado donde las instituciones carecen de solidez y legalidad.
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