Oaxaca de Juárez, 1 de septiembre. La temperatura en el termómetro del senador Adán Augusto López Hernández se está elevando, al ir creciendo las evidencias de su vinculación con el crimen organizado en estados donde, coincidentemente, existe una disputa de poder contra la presidenta Claudia Sheinbaum, por parte del grupo obradorista. El senador López Hernández, quien se quedó sin visa para entrar a Estados Unidos, como decenas de políticos de Morena, está siendo cercado por las autoridades en ese país, que le aseguraron dos departamentos en Houston y le congelaron cuentas y activos a él, a su primer círculo familiar y a su hermano Melchor.
La mano de Washington quiere alcanzarlo donde sea, y pidió información al gobierno francés sobre sus propiedades en ese país, donde vivió, y sus cuentas y activos. Mientras tanto en México, sigilosamente hay varias investigaciones en curso que involucran a las notarías de él y su hermano, en donde llevan asuntos de factureras creadas al amparo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, algunas de las cuales presumiblemente están lavando dinero al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La más reciente la tienen la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General en Baja California Sur, que detectó seis empresas que tienen entre sus accionistas al exgobernador Narciso Agúndez Montaño y a su hijo Christian Agúndez Gómez, alcalde de Los Cabos, con vasos comunicantes con el senador. Las empresas tienen razones sociales en diferentes ciudades –Ciudad de México, Monterrey, Cholula, Atizapán y Querétaro–, que presumiblemente es por donde están llegando recursos de Los Chapitos, que son una facción del Cártel de Sinaloa, para la campaña a gobernador.
Investigaciones en Estados Unidos apuntan a que los recursos, que originalmente estaban destinados para Agúndez Gómez, del PT, uno de los brazos políticos de López Hernández, cambiaron de destino, y se redirigieron hacia el diputado de Morena Manuel Cota Cárdenas, hijo de otro exgobernador del estado, Leonel Cota Montaño. A quien perfila ese grupo para la candidatura, tiene en el senador Homero Davis un enlace permanente con López Hernández, que opera a través de su viejo colaborador desde que fue gobernador en Tabasco, y actualmente su suplente, Óscar Trinidad Palomera, uno de sus operadores financieros que manejó los recursos en la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado, cuando coordinaba a la bancada de Morena, que tenía un presupuesto de cinco mil millones de pesos.
La razón del súbito cambio de los intereses oscuros de ese grupo por la candidatura, se dio tras la confirmación el 22 de agosto de que el cuerpo del ex oficial mayor de Los Cabos, Carlos Beltrán, a quien se identificó en este espacio en enero de este año como piloto de Los Chapitos y parte estructural del crimen organizado, había sido encontrado muerto con cuatro balazos en una fosa clandestina en San José del Cabo. Fuentes de inteligencia han sugerido que fue ejecutado por Los Chapitos después de que le dio una entrevista a Proceso en junio, ante el temor de que comenzara a hablar lo que sabía. Agúndez se retiró prácticamente de la contienda y, según ha trascendido, comenzó a hablar con la Marina sobre el crimen organizado en la península.
Los reacomodos en Baja California Sur se inscriben dentro de los tres estados –Quintana Roo y Chihuahua, los otros–, donde las candidaturas a la gubernatura están tensionando dos fuerzas dentro de la ‘4T’, la de López Obrador, y la de la presidenta Claudia Sheinbaum. López Hernández, ligado al expresidente, tiene una estrecha relación con dos operadores en la sombra en dos de esos procesos electorales: Cota Montaño en Baja California Sur, y el general Audomaro Martínez en Quintana Roo. Los tres, de acuerdo con la investigación estadounidense contra López Obrador, descrita anteriormente en este espacio, fueron sus lugartenientes en lo que llaman “la economía criminal alterna” que construyó durante su gobierno.
Martínez, como se reportó ayer, es el cerebro de la guerra sucia en contra de la gobernadora Mara Lezama, que está respaldando al senador Eugenio Gino Segura, y tiene como una segunda opción a Patricia Peralta, la alcaldesa de Benito Juárez, donde se ubica Cancún, por quien se inclina Sheinbaum. En Baja California Sur, la presidenta tiene un interés particular para que la candidata sea Milena Quiroga, alcaldesa de La Paz.
Los tentáculos de López Hernández en esos estados no son transparentes como los que tiene en Chihuahua, donde la campaña de la senadora Andrea Chávez está siendo respaldada por el operador electoral de la Presidencia, Iván Silva, a espaldas de Sheinbaum y contra su candidato, Cruz Pérez, con recursos para esa y campañas en otros estados de Fernando Padilla, el principal operador financiero del senador.
Los recursos de López Hernández han sido congelados en Estados Unidos por el Departamento de Estado y la Agencia para el Control de Activos Extranjeros, la OFAC, por la información de los servicios sobre sus probables vínculos con el crimen organizado, en particular en el sur del país, donde creció la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en los ocho últimos años, que es el grupo criminal al que más está combatiendo este año el gobierno federal.
El nombre de López Hernández no deja de estar en la opinión pública.
Hace unos días, Epigmenio Mendieta, abogado del degradado contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal, dijo que el senador y el hijo del expresidente, Andrés López Beltrán, habían sido mencionados por testigos del caso sobre operaciones y recintos fiscales relacionados con la investigación criminal.
El senador ha sido la figura de Morena sobre quien más solicitudes tiene el gobierno de Sheinbaum de Estados Unidos para que se le abra un proceso en México y se investiguen sus presuntos nexos con los cárteles de las drogas. En Palacio Nacional lo han defendido públicamente, aunque al estar en efervescencia el partido de la ‘4T’ por las candidaturas a las 17 gubernaturas el próximo año, su papel desafiante a la presidenta podría cambiar el estado de cosas.
La rebelión del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya visibilizó el conflicto fratricida en la ‘4T’ y la lucha entre obradoristas y claudistas. La presidenta, como ha sucedido con todas las figuras de Morena, no se ha deslindado públicamente de López Hernández, pero si lo hiciera indirectamente, como sucedió con Rocha Moya, podría frenar el incremento de negativos y señalamientos de encubrimiento, y enfrentar de otra forma la disputa por el poder que se está expresando en las candidaturas.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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