Oaxaca de Juárez, 22 de abril. El accidente en la Sierra Tarahumara en el que murieron el domingo dos agentes de la CIA que estaban colaborando con el gobierno de Chihuahua colocó a la presidenta Claudia Sheinbaum en una doble encrucijada: el papel y destino de la gobernadora Maru Campos, que se entrometió en un tema de competencia exclusiva federal, la política exterior, y cómo responder a una intromisión estadounidense por haber realizado operaciones terrestres en territorio mexicano, dejando al gobierno en la oscuridad. En ambos casos, la presidenta ha pateado el balón para adelante, ganando tiempo para evaluar, posiblemente, todos los escenarios.
No tiene opciones dentro de la ley. O actúa contra Campos, o mantendrá abierta la puerta para que, de manera bilateral, gobiernos estatales busquen sus propios acuerdos de seguridad con Estados Unidos. Y presenta una enérgica protesta al gobierno de Donald Trump, o terminará de perder el control sobre las operaciones off-the-books de las agencias de inteligencia de ese país. En ambos casos arrastra un déficit, pero puede revertir las pérdidas y recuperar la rectoría del gobierno sobre los asuntos internos.
La muerte de los dos agentes llevó al fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, a una cadena de contradicciones en su explicación de qué hacían ahí, convirtiéndose en el fusible natural para resolver, aunque sea cosméticamente, el diferendo interno. Campos puede utilizarlo como chivo expiatorio, porque el estatus en el que se encontraba desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando firmó un memorando de entendimiento con el gobernador de Texas, Greg Abbott, en abril de 2022, que incluía la cooperación bilateral para reducir el tráfico de fentanilo e implementar un programa con drones e inteligencia artificial en la frontera, expiró.
Con aquel memorando, afirmó el embajador Agustín Gutiérrez Canet, “la panista se salió de control en un tema de competencia federal, como es la política exterior”, que sirvió como antecedente para la participación de los agentes de la CIA en Chihuahua. “Por ese motivo grave debería ser destituida mediante un juicio político”, agregó. Sheinbaum lo ha dejado en el aire, señalando que su equipo jurídico determinará si violó la Constitución. Si se aplicara la ley, Campos tendría que ser sujeta a un procedimiento legal en el Congreso estatal que concluyera en su desafuero. Pero el tamiz que se está aplicando no es legal sino político, por lo que quizás no pase nada.
Pero esto es solo parte del problema. El fiscal Jáuregui, como observó ayer la presidenta, ha estado cambiando sus versiones sobre qué hacían los agentes en Chihuahua. Originalmente dijo que eran instructores que estaban capacitando a las fuerzas de seguridad en el uso y manejo de drones, y que no habían participado en la operación del desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas del Cártel de Sinaloa. Un día después afirmó que no eran agentes de la DEA, pero nunca aclaró a cuál área de la Embajada de Estados Unidos en México pertenecían. En este espacio se publicó ayer que la capacitación en esa materia –por el lado civil– lo hace la CIA, no la DEA, y el martes por la mañana el diario The Washington Post confirmó que los agentes eran miembros de la CIA y habían participado en el desmantelamiento del laboratorio.
En esa operación participaron fuerzas federales, pero la presidenta dijo que no estaban enterados en el gobierno de qué estaban haciendo, lo que lleva a otra disyuntiva: si la versión en Washington es la correcta y ella dice la verdad, dentro del Gabinete de Seguridad le están escondiendo las cosas; si no participaron en la cancelación del laboratorio, entonces la CIA está conduciendo operaciones terrestres en México sin conocimiento del gobierno federal, lo que iría en contra de los acuerdos de cooperación bilateral. El periódico The New York Times se subió al tema y publicó seis horas después del Post una versión similar a lo revelado. La cadena Fox News, la que ve Trump todo el tiempo, fue más allá, y transmitió como una “bomba”, que los agentes estaban investigando el laboratorio del Cártel de Sinaloa.
A diferencia del ángulo en Chihuahua, en este tema no hay un pelele a quién echarle la culpa. La ley es muy clara. Las reformas a los artículos 70 y 71 de la Ley de Seguridad Nacional, publicadas en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2020, prohíben expresamente que agentes extranjeros actúen sin el conocimiento de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, y que las autoridades de los tres Poderes de la Unión que tengan contacto con ellos, deberán tener la autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, al que deberán informarle cualquier reunión, comunicación o interacción que tengan con ellos.
La explicación de lo que estaban haciendo los agentes, aunque ambigua y sin detalles, la dio el embajador Ron Johnson desde el domingo, cuando mencionó en X que la muerte de los estadounidenses y dos mandos policiales mexicanos recuerdan los costos de luchar contra el crimen organizado. Directa o indirectamente, eso estaban haciendo, sin conocimiento del gobierno federal, según las palabras de la presidenta, por lo que violaron la ley, mostrando que la exasperación de Washington por lo limitado que ha sido el combate –pese a los anuncios épicos que hace diariamente el Gabinete de Seguridad–, los ha orillado a tomar acciones unilaterales.
Arturo Sarukhán, exembajador de México ante la Casa Blanca, lo había señalado en un ensayo en la revista Foreign Affairs, al afirmar que si México no podía probar que la cooperación produce mejores resultados que la coerción, le daría a Washington la justificación para ignorar a las instituciones mexicanas en su lucha contra las organizaciones criminales trasnacionales. Las muertes en Chihuahua expusieron que ya lo estaban haciendo.
Nota: El director del Metro, Adrián Rubalcava, y el líder sindical, Fernando Espino, rechazaron “de manera categórica”, lo señalado en la columna “Conflicto inventado”, publicada el lunes en este espacio. Rubalcava refutó “cualquier insinuación” de complicidad que pudiera afectar al gobierno de la Ciudad de México y a los usuarios del Metro. Espino afirmó que es “falso” lo publicado, al cuestionar, como lo hace Rubalcava, la existencia del informe en lo que se basó la columna. Valga su réplica, pero la preocupación central no debería ser el columnista, sino la información de inteligencia que entregaron a la Presidencia sobre ambos.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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