Abel Santiago
Oaxaca de Juárez, 20 de julio. El tema ya resulta molesto por repetitivo, pero no puede dejar de abordarse mientras se sigan conociendo actos de impunidad, prepotencia e ilegalidad de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que además se advierte seguirá recobrando sus viejos privilegios e imponiendo su voluntad al gobierno de la República, aun cuando vaya en contra del derecho y la justicia. La mala suerte es que haya correspondido a Oaxaca ser la principal víctima, a través de la nefasta sección 22, que parece encabezar todos los movimientos negativos que organiza y lleva a cabo esa disidencia magisterial, con los que inexplicablemente va ganando terreno mediante acuerdos oficiales favorables. Desde el 15 de mayo en que inició esta nueva etapa de violencia y agresiones, que crecieron a partir del fallido desalojo del 19 de junio siguiente en Nochixtlán, aumentaron su fuerza y poder, más con la aprehensión y simulado juicio a sus principales dirigentes. Con el conflicto en pleno auge se dio por concluido el ciclo escolar sin haberse cumplido con el programa establecido, por lo que los alumnos fueron promovidos sin exámenes, o sea que se trata de otra generación más que sale deficiente, dando así continuidad al rezago educativo que se vive desde la creación de esa nociva Coordinadora.
La alusión a un juicio simulado a los líderes sindicales detenidos es porque a pesar de que quedó plenamente demostrada la serie de delitos comunes y federales en que incurrieron, se les ha ido liberando uno por uno, por temor de la Secretaría de Gobernación a los actos de vandalismo que cometen todos los días para presionarla a ponerlos en libertad, como si las leyes fueran tan elásticas para adaptarlas a cada caso y como si no existiera la separación de poderes. Es el colmo de la ingobernabilidad, pues se tiene programado que en pocos días sean liberados todos, incluyendo al delincuente mayor, el hampón Rubén Núñez Ginez, cuyo delitos pasarán a los archivos de los asuntos concluidos: robo y quema de automóviles, autobuses de pasajeros y camiones de carga, que transportaban a Oaxaca artículos de consumo y de primera necesidad, que fueron asaltados para robarse toda la carga; destrucción de cámaras de video vigilancia, allanamiento de habitaciones oficiales para robo de libros de texto, mobiliario, aparatos electrodomésticos y de dinero en efectivo; amenazas de muerte a líderes de la sección 59, aparte de los graves perjuicios a los comerciantes del centro histórico, por su plantón de más de dos meses acompañados de infinidad de fritangueros y vendedores ambulantes, aparte del bloqueo a carreteras, calles, avenidas, centros comerciales y oficinas públicas.
Todos esos delitos, más los de sangre cometidos en Nochixtlán durante el intento de desalojo, y de los que ahora culpan a las fuerzas armadas, quedaron comprobados en autos, pero los juzgadores decidieron que algunos no eran delitos graves y otros no quedaron suficientemente probados. Lo más adecuado ante situaciones como esta, en que se desea retirar una grave acusación, lo lógico hubiera sido una amnistía presidencial para evitar que la justicia siguiera quedando en entredicho. Sin embargo, para seguir presionando al gobierno federal y lograr la derogación de la reforma educativa, continúan los actos de presión, como la caravana motorizada de los pueblos originarios de Oaxaca por la paz y la justicia, que partió el domingo pasado del zócalo de esta ciudad a la capital del país, con la participación de más de cien autoridades municipales y agrarias de distintas regiones de la Mixteca, para exigir al gobierno federal castigo a los actores políticos y mandos policiacos responsables “de los abusos perpetrados el 19 de junio en Nochixtlán”, así como insistir en la derogación de la reforma que tanto les afecta. Su propósito para lograrlo es formar parte de la mega marcha que se llevará a cabo del zócalo de la metrópoli a la Secretaría de Gobernación, por la que dijeron los dirigentes de la coordinadora se demuestre que “la jornada de lucha continuará de manera contundente durante el periodo del receso escolar y llama a las bases para fortalecer las actividades de la jornada de lucha”.
Otro de los actos oficiales para complacer a esta Coordinadora, fue el cambio de titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, pero esto fue rechazado, porque lo que pretenden es manejar este instituto para conservar los privilegios de que gozaron desde su creación. Una complacencia más fue el pago puntual de honorarios y compensaciones a la sección 22, a pesar de su ausencia de las aulas de más de dos meses. Sin embargo, el propio presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, se ha doblegado ante esta disidencia mediante un spot que se está transmitiendo frecuentemente por radio y televisión, en el que asegura a todo el profesorado del país que logró una respuesta favorable de las autoridades educativas a las exigencias del magisterio, o sea que entre otras cosas, se les pagará como siempre se ha hecho, lo que ya se procedió a efectuar en esta entidad. No obstante, admitió que la Coordinadora es el ala radical del magisterio que quiere todo o nada, porque ha sido secuestrada por grupos radicales, algunos de tipo guerrillero, y otros que se sienten líderes morales y políticos, pero que los aprovechan para fines electorales.
El respaldo que poco a poco brinda el gobierno federal a este sector desestabilizador, contradice la afirmación de Enrique Peña Nieto al promulgar las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, que se abre en esta forma una nueva era en el servicio público, por la que todos los funcionarios públicos quedan obligados al rendimiento de cuentas y a conducirse con honradez en los cargos que desempeñan.
abelsantiago30336@yahoo.com.mx
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