Proceso
Oaxaca de Juárez, 6 de julio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a la PGR a considerar la pertinencia de atraer los recientes homicidios de comunicadores ocurridos en Oaxaca y Veracruz, al ser dos de los estados “más peligrosos” para el ejercicio periodístico.
A través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la CIDH condenó las muertes de Filadelfo Sánchez, de Oaxaca, y Juan Mendoza Delgado, de Veracruz, y llamó a las autoridades mexicanas “a actuar de manera pronta y oportuna para esclarecer los motivos de los crímenes ocurridos e identificar y sancionar a los responsables”.
Además reconoció que la violencia contra los periodistas mexicanos “ha sido motivo de preocupación especial”, y que de acuerdo con sus registros en 2014 ocho comunicadores fueron asesinados y en este año suman otros cuatro, casos “presuntamente vinculados al ejercicio de su libertad de expresión”.
La oficina de la CIDH señaló que recibió información de que Filadelfo Sánchez, locutor de la radio La Favorita de Miahuatlán, había sido amenazado antes de ser baleado el 2 de julio; en el caso de Juan Mendoza, director del sitio de noticias Escribiendo la Verdad, destacó que fue encontrado muerto, presuntamente atropellado.
Sobre los dos últimos casos, la oficina de la CIDH señaló que el Estado mexicano le notificó que la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Liberta de Expresión (FEADLE), que depende de la PGR, “está colaborando con las fiscalías de ambos estados y solicitando información, aunque por el momento no asumió el liderazgo de las investigaciones”.
La Relatoría Especial puntualizó que, por los reportes recibidos, “los estados de Veracruz y Oaxaca, ambos en el sur de México, son los más peligrosos en ese país para ejercer el periodismo. Este año fueron asesinados en estos estados los periodistas José Moisés Sánchez Cerezo y Armando Saldaña Morales, y reporteros de esa zona han denunciado amenazas en numerosas ocasiones”.
Ante ese panorama, la CIDH recomendó considerar la hipótesis de que las muertes de Sánchez y Mendoza “estarían asociadas con el ejercicio del periodismo, y por ello se deben poner en práctica todos los instrumentos para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”, así como adoptar “medidas de reparación justas para los familiares de los periodistas asesinados”.
Asimismo, exhortó a la FEADLE a evaluar “si deben activarse los mecanismos de atracción de manera que estos casos puedan ser investigados y judicializados de inmediato por autoridades federales”.
También consideró “esencial que se consolide el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que se fortalezcan los mecanismos de coordinación interinstitucional entre autoridades federales y los distintos niveles de gobierno para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección”,
Enseguida recordó que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH considera que el “asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”, por lo que los Estados están obligados a “prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
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