Oaxaca de Juárez, 6 de octubre. Las cosas parecen ir de mal en peor para los trabajadores mexicanos. El pasado 21 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la victoria al gobierno frente a cientos de miles de empresas que se ampararon contra un artículo de la reforma fiscal, diseñada por el entonces secretario Luis Videgaray.
Dicho artículo dispone que las prestaciones de previsión social que dan las empresas a sus trabajadores ya no podrán ser 100 por ciento deducibles en sus declaraciones fiscales, y tendrán un tope del 47 al 53 por ciento, dependiendo del caso.
Esto significa que algunas prestaciones que dan las empresas, como vales de despensa, de gasolina, seguro de vida, guarderías, becas y ayuda escolar, y hasta el reparto de utilidades, serán más costosas de dar para las empresas, al ya no ser completamente deducibles, y pueden desincentivarlas a que sigan dando estos beneficios a sus trabajadores.
“Con esta sentencia le están dando el último clavo al ataúd a las prestaciones de previsión social”, dice Jaime Espinosa, socio de temas fiscales en HL BSTL, un despacho de abogados corporativos, y agrega que falta ver si esta decisión generará jurisprudencia. De ser así, sería un duro revés para los contribuyentes, sobre todo los que reciben estas prestaciones.
Golpe a las prestaciones
El Artículo 28, Fracción XXX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de la Reforma Fiscal, aprobada en 2013 y que entró en vigor en 2014, pone un tope a las deducciones que pueden hacer las empresas de las prestaciones de previsión social que dan a sus trabajadores. Del 100 por ciento que podían deducir, ahora serán sólo de 47 hasta 53 por ciento, dependiendo del caso.
La ley obliga a dar a los trabajadores las prestaciones de seguridad social, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Aunque también los patrones pueden optar por dar otros beneficios de previsión social, como seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, vales de despensa, fondo de ahorro, préstamos o créditos, entre otros.
“El concepto de previsión social tiene que ver con la mejora que dan los patrones en dinero a sus empleados para mejorar su calidad de vida”, explica Luis Pérez de Acha, doctor en Derecho por la UNAM y especialista en temas fiscales.
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