Oaxaca de Juárez, 13 de septiembre. Luego de que el pleno del Senado de la República aprobara en lo general las reformas legales para combatir a las empresas “fantasma” y las facturas falsas, al proponer imponer por esos ilícitos prisión preventiva oficiosa y catalogarlos como delincuencia organizada, fiscalistas consideraron que es una herramienta agresiva y mal diseñada que generará incertidumbre en personas físicas con actividad empresarial y Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
En entrevista con La Razón, el integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), Ricardo Martín González, afirmó que la iniciativa está mal diseñada porque carece de técnica jurídica, ya que defraudación y delincuencia organizada son conceptos legales distintos; el segundo representa una amenaza a la seguridad nacional, sostuvo.
En ese sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) coincidieron en que el endurecimiento de las medidas contra el uso de facturas falsas eliminará la práctica y elevará la recaudación de impuestos, pero aseguraron que se implicaría a todas las compañías, que en muchos casos no están relacionadas con los ilícitos.
“Es una medida agresiva porque tenemos que considerar que el tipo de legislación se puede tener a efectos de aplicarse a la realidad del país. Es decir, la autoridad es corrupta, no todos, en ciertos niveles y darles tantas herramientas se desconoce cómo las van a utilizar. Me he encontrado con casos que terminaron en juicios”, indicó Ricardo González.
“Las autoridades van a tener herramientas para presionar a los contribuyentes, ya que podrán modificar las operaciones de los tributarios cuando consideren que no obtienen la suficiente recaudación”
Ricardo González
Analista del CCPM
Consideró que la iniciativa penal estará mejor delineada en octubre, por lo que no se puede predecir posibles montos por pérdidas o impactos tangibles, por lo que explicó que es una medida que afectará a medianos y altos contribuyentes, los cuales facturan entre ocho y 15 millones de pesos anuales; por ello, el Consejo Coordinador Empresarial pidió que las penas por el uso de facturas falsas comiencen a darse en 30 millones y no 7.8 millones de pesos, como lo plantearon en la propuesta legislativa.
“Si va en serio, va a fluir las medidas que propone la administración, es un paquete fiscal grande y apenas son cuatro días de analizarlo, curarlo, valorarlo. Hay detalles, como reformar el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, que otorga herramientas a la autoridad para recaracterizar las operaciones de los contribuyentes en aquellos casos donde las autoridades consideren que no hay una razón de negocio en las operaciones de los contribuyentes”, apuntó.
Durante su aprobación en el Senado, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, reiteró que el endurecimiento de medidas no es terrorismo fiscal, pues no está orientado a los contribuyentes cumplidos, mientras que Alejandro Armenta, autor de la iniciativa, afirmó que desde la Cámara alta se vigilará que no existan persecuciones políticas ni terrorismo fiscal y el SAT se encargará de realizar auditorías y determinar la posible existencia de hechos delictivos.
propuesta, DE LA ADMINISTRACIÓN PASADA. No obstante, para el experto del CCPM, las medidas no son nuevas, sólo se “están formalizando”, ya que la administración anterior intentó implementar la misma medida en 2014, pero no consiguió el respaldo de la oposición. Recordó que esta iniciativa cuenta con todo el respaldo, por lo que pasará “sin problemas” a la Cámara de Diputados. También explicó que se trata de una herramienta agresiva porque dará al SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) herramientas extras para reconfigurar el perfil del contribuyente, según su estatus ante el fisco. Asimismo, descartó que haya amparos, como sí sucedió en 2014.
“Los amparos los veo difíciles porque tienen que demostrar que tienen un interés jurídico de por medio, es decir, no sucederá porque no hay una amenaza inminente de que los contribuyentes puedan encuadrarse en los delitos que se establecen. Serían improcedentes”, acotó.
Por otra parte, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, sostuvo que desde el año pasado ya estaba en discusión la actual iniciativa, e incluso señaló que el SAT conoce el paradero de las redes de facturación falsa.
“Ellos saben quiénes conforman la red de criminales y me preocupa que, si bien se necesitan nuevos instrumentos, pues a estas alturas no metan a nadie a la cárcel ni señale con claridad alguna investigación que esté realizando. Creo que el SAT debería ponerse las pilas, ahora va a tener nuevos instrumentos, puede ayudar esto”, externó.
Con información de Eduardo Venegas/Vía:https://www.razon.com.mx
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