Oaxaca de Juárez, 13 de septiembre. Desde hace más de una década, la violencia en Tamaulipas ha sido muy difícil de explicar, no por sus desenlaces sanguinarios sin escrúpulos, sino por la complejidad de la anatomía del fenómeno. Durante años se ha tejido una red de políticos, empresarios, líderes sindicales, activistas y periodistas vinculados a organizaciones criminales, pero al mismo tiempo, políticos, líderes sindicales, activistas y periodistas han enfrentado a los cárteles y, en muchos casos, sufrido las consecuencias; es decir, el exilio o la muerte. El gran marco que envuelve a todos es la sociedad, mujeres, hombres, hijas, hijos, madres, padres, familiares, amigas, amigos, conocidos, que quedan en medio de todo, sin trincheras donde guarecerse y a la merced de aquél que, en ese momento, tenga la mayor capacidad de fuego.
Hoy es turno de Nuevo Laredo, la gran frontera mexicana del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, desde donde arranca la superautopista IH 35, que conecta hasta Toronto y sirve de distribuidor para alrededor de 100 mil millones de dólares de productos que exporta México anualmente a esa región, que lleva años atrapada entre esos dos fuegos. En los últimos días ha estado en el ojo nacional porque un grupo de gasolineras se negó a abastecer de combustible a militares por las amenazas del narcotráfico, y por la difusión de la denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, de una posible ejecución extrajudicial de cinco hombres y tres mujeres.
Las autoridades estatales iniciaron una investigación, a la que se sumó, con la suya propia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, frente al repudio que ha levantado este caso, que comenzó con una balacera entre Las Tropas del Infierno, el brazo armado del Cártel del Noreste, una escisión de Los Zetas, y policías municipales. El Comité de Derechos Humanos afirmó que había sido un “montaje” y que los policías los habían asesinado. Lo que parece claro no es tan claro, y habría que caminar de manera muy prudente en esa investigación al haber antecedentes de eventos similares montados, empero por el CDN.
El pleito armado entre Las Tropas del Infierno y la Policía Municipal comenzó el 19 de agosto pasado, cuando inició un operativo contra los grupos criminales. Los municipales estaban instalando un filtro de seguridad en la carretera que conduce a Piedras Negras, Coahuila, cuando un presunto comando del CDN llegó a ese punto y comenzó a dispararles. Tres policías resultaron heridos y uno murió en el hospital. El 27 de agosto un grupo especial de la Policía Estatal, enviado como refuerzo, fue atacado en las inmediaciones del aeropuerto por presuntos miembros de ese cártel, donde murieron siete personas.
Esa misma noche decenas de personas fueron al hotel donde se hospedan para impedir la entrada y salida de personas y vehículos. Algunos de ellos llevaban niños en brazos que colocaron como escudo, demandando la salida de la Estatal de Nuevo Laredo. Al día siguiente, cuando la Policía Municipal iba a trasladar a tres internos del Centro de Ejecución y Sanciones a una cárcel federal, uno de ellos líder del CDN, estalló una protesta de aparentes familiares que acusaron a la policía de movilizaciones irregulares. En medio de la confusión, los policías fueron atacados dentro del Centro y perseguidos hasta el hotel donde se hospedan.
La siguiente acción, el 4 de septiembre, fue resultado de las amenazas a las gasolineras para que no vendieran combustible ni a policías ni a militares, que trajo a Nuevo Laredo la atención nacional. Desde entonces, ante las presiones del gobierno federal para que no discriminen el servicio –el recurso legal para forzarlas a vender combustible a quien lo solicite–, el CDN extendió sus amenazas a todo tipo de comercio para que no les vendan ningún producto.
Esta historia ya la hemos visto otras veces, en otras ciudades. Ante la presión contra los delincuentes, los cárteles movilizan a la sociedad a través de sus amplios tentáculos mediante la complicidad o el temor, generando acciones cívicas en su contra y utilizando las redes sociales para denunciar “abusos policiales” y “desapariciones”, que detonan de manera natural acciones jurídicas basadas en presuntas violaciones a los derechos humanos. Las comisiones que los defienden intervienen, en algunas partes de manera auténtica y en otras movilizadas por los grupos delincuenciales. El propósito de los criminales, al utilizar a la sociedad y a órganos como las comisiones de derechos humanos, es paralizar las acciones policiales y militares.
En el caso de Nuevo Laredo, la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas informó el jueves que suspendió temporalmente a los policías involucrados en la presunta ejecución de ocho personas, el 5 de septiembre, en Valles de Anáhuac, un fraccionamiento semiabandonado, en reacción a la difusión que tuvo la denuncia del Comité de Derechos Humanos. La acción gubernamental neutralizará indirectamente los operativos.
La razón de por qué la policía municipal en Nuevo Laredo realizaba los operativos, es porque en junio de 2018, tras una serie de hechos similares a los que estamos observando, la Marina tuvo que dejar de hacerlos ante medidas cautelares que le impedían operar en esa región tamaulipeca. No hay información suficientemente creíble para saber cuál es el fondo de lo que está sucediendo hoy en esa ciudad. Es cierto que el CDN ha mostrado capacidad de penetración en la sociedad para manipularla, pero también las ejecuciones extrajudiciales no son ajenas al fenómeno de la violencia que vivimos desde hace dos décadas.
Uno pensaría que la investigación alumbrará el camino al origen de lo que sucede en Nuevo Laredo. Sin embargo, la experiencia dice que una vez más no sabremos qué tan podrido está México.
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