Oaxaca de Juárez, 5 de septiembre. La Secretaría de la Función Pública (SFP) retomará la rectoría de las compras públicas del Gobierno federal, luego de los intentos fallidos de la Cuarta Transformación de utilizar a las Fuerzas Armadas, Naciones Unidas y Hacienda para consolidar las adquisiciones, algo que generó opacidad en la materia, de acuerdo con especialistas y ONG.
El principal ensayo fue en la compra de medicamentos e insumos médicos para todos los hospitales públicos del país: IMSS, Issste, Defensa Nacional, Marina, Pemex e Insabi.
Al respecto, Alejandro Martínez, experto de la Universidad La Salle, dijo que el Gobierno federal debió respetar lo establecido originalmente en la ley para los procesos de contratación.
“Sería algo muy bueno que las compras fueran bajo las reglas y no quedarán en el oscurantismo” y señaló que limitar las adquisiciones como en una compra consolidada, da pie a que no haya claridad ni transparencia en los procesos.
La administración de Andrés Manuel López Obrador firmó el 31 de julio de 2020 un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) para que fuera el intermediario en la consolidación de adquisición de todos los fármacos.
En febrero pasado, el Gobierno mexicano y la Unops anunciaron el fin del proyecto de compras de medicinas consolidadas bajo su intermediación, con una cifra superior a los 43 mil millones de pesos de inversión y una comisión que se entregó a la agencia internacional de 2 mil millones de pesos, según declaraciones públicas de la agencia.
Al respecto, el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) alertó que la política de compras consolidadas, en la que además de la Unops, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue la que llevó la administración de las compras, generó “retrocesos importantes en materia de transparencia y acceso a los datos mínimos sobre los bienes adquiridos”.En octubre de 2022, el IMCO publicó un análisis en el que señaló que “la falta de planeación en el modelo de contrataciones genera incertidumbre sobre la efectividad de los procesos de adquisición de medicamentos y material de curación, e impacta en el suministro y calidad de las compras de salud”.
A su vez, en el libro La Importancia del Combate a la Corrupción, editado por la UNAM en 2021, existe un capítulo dedicado a la política de compras consolidadas del actual Gobierno, en el que señala que se dio la rectoría de ese proceso a la Oficialía Mayor de Hacienda, en 2019, y la mayoría de compras se asignaron por adjudicaciones directas.
Respecto a la actuación de la Unops, el documento señala que hubo retrasos “en las licitaciones internacionales, lo que está impactando en la escasez de medicamentos en los hospitales, con la consecuente afectación e inconformidad de los usuarios”.
Además de la eliminación del proceso con Naciones Unidas, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) funcionó por casi tres años y fue eliminado para dar paso al Imss-Bienestar, lo que resultó en otro experimento fallido, pues el Insabi fue creado para reemplazar al Seguro Popular.
En el informe de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destacó que las compras consolidadas mediante la Unops solo permitieron adquirir 30% de las claves de medicinas, por lo que el Insabi tuvo que adjudicar de manera directa las adquisiciones de ese año, con lo que hubo atrasos en la entrega de los fármacos.
En julio pasado, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad realizó una revisión a las compras del sector salud e indicó que la tendencia es que 7 de cada 10 contratos fueron entregados por adjudicación directa se mantiene.
“Hay 145 empresas que nunca han ganado una licitación y todos sus contratos son por adjudicación directa.
En 362 contratos no se conoce ni un solo documento del proceso de compra, lo que suma más de 2 mil millones de pesos sin documentos disponibles”, señala el reportaje de MCCI.
Ayer se informó que respecto al nuevo reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y con motivo de las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta dependencia retoma la rectoría de la política general de contrataciones públicas, la coordinación, mediante disposiciones de carácter general, de las Unidades de Administración y Finanzas y la reorganización de los Órganos Internos de Control (OIC).
A través de un comunicado, la SFP explicó que históricamente, como responsable del funcionamiento del Gobierno federal, ha sido la institución facultada para conducir la política de las compras públicas.
“Con estas reformas, retoma la rectoría en la materia, incluyendo las compras consolidadas y contratos marco para la adquisición de bienes, arrendamientos, servicios y obra pública en la Administración Pública Federal (APF)”, indicó.
FRASE
“Sería algo muy bueno que las compras fueran bajo las reglas y no quedarán en el oscurantismo”
Alejandro Martínez
Académico de La Salle
24 Horas
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