Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. Tamaño embrollo en el que se encuentra la Fiscalía General de la República, donde el aseguramiento de una planta en Guanajuato con 59 millones de litros de combustible, que calificó como el contrabando de combustible “más grande en la historia”, está en el umbral de convertirse en un fiasco. La FGR volvió a mostrar que es pésima para procurar la justicia, pero una sólida fábrica de mentiras. En este momento ya no se sabe si esa operación fue un gran paso en falso, si hay algo de combustible robado en el producto que entregaron para su almacenamiento, si fue un distractor o un pretexto para golpear al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien los duros de la ‘4T’, y los ajenos, le ven alas de candidato presidencial.
Esta última acción de la FGR está llena de hoyos por todos lados y preguntas sin responder. El anuncio del mega aseguramiento se hizo el pasado jueves 17, 13 días después de que las autoridades habían detenido una pipa en San Luis de la Paz. Al no poder mostrar la trazabilidad del combustible, las autoridades llegaron a la planta de Gas Natural del Noroeste, inaugurada en 2017, donde había cargado la pipa, en San José Iturbide, Guanajuato, a unos 40 kilómetros de distancia. Durante dos días las autoridades revisaron su documentación y se fueron sin clausurarla. Cuando dos semanas después se hizo el sonoro anuncio de la FGR, el Grupo Simsa, al que pertenece la empresa operadora de la planta, aclaró tres cosas: que sus permisos están en regla, que ya proporcionaron la documentación a las autoridades y que no son dueñas del combustible, al que solo cuidan y almacenan para terceros.
El siguiente momento fue de pánico mediático. La fiscal Ernestina Godoy ordenó el traslado del expediente de la delegación de la FGR en Guanajuato a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para indagar, informó, la trazabilidad fiscal del combustible. Lo que hizo fue descalificar la actuación de Juan Francisco Vera Ayala, que fue designado a finales de enero pasado como el delegado de la FGR en Guanajuato. El caso lo llevará ahora el titular de Delincuencia Organizada, César Oliveros Aparicio, que asumió esa fiscalía en diciembre de 2025.
Oliveros Aparicio, que era el fiscal para temas de huachicol y uno de los instrumentadores de la operación mediática que acabó con Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, al filtrar el criterio de oportunidad para el empresario Hugo Rocha Cantú, exdueño de Miss Universe y presuntamente vinculado con el robo de combustible, en asociación con Andrés López Beltrán, sustituyó en la FEMDO a Alfredo Higuera Bernal, como parte de las piezas que estaba moviendo García Harfuch para meter todo el cuerpo en la fiscalía y alinearla a sus esfuerzos en el combate al crimen organizado.
El nuevo titular de la FEMDO es de toda su confianza, y tenía una vieja relación con Vera Ayala, que fue uno de los fiscales que García Harfuch fue enviando como delegados en todo el país para tener el control de la procuración de justicia, y no la responsable legal, la fiscal Godoy. Oliveros Aparicio había sido vicefiscal en Tabasco, durante el gobierno de Arturo Núñez, y coincidió con Vera Ayala, que era el vicefiscal de Delitos de Alto Impacto en el mismo estado.
Vera Ayala llegó precedido de un escándalo en Tabasco que llegó a la Suprema Corte de Justicia que, en diciembre de 2022, resolvió un amparo otorgando la inmediata libertad de tres personas a quienes detuvo en 2015 acusándolos por un secuestro en Macuspana, por lo que fueron sentenciados a 50 años de prisión. El pleno de la Corte avaló por unanimidad el proyecto, que señalaba que habían sido inculpados por Vera Ayala y María del Rosario Delfín, en ese entonces titular de Delitos de Alto Impacto, donde “fabricaron pruebas contra los acusados”.
La fabricación de acusados es algo que pareciera estar en el ADN de la FGR de la ‘4T’.
Godoy, como fiscal general en la Ciudad de México, se subordinó al entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para encarcelar a Laura Morán, que fue pareja de su hermano durante medio siglo, y a su hija Alejandra Cuevas, por haberlo descuidado de una enfermedad que lo llevó a la muerte. Por edad, Morán no fue a la cárcel, pero su hija sí, a quien detuvo la entonces fiscal capitalina sin orden de aprehensión. La denuncia de Gertz Manero contra su familia política se basó en una figura inexistente en el Código Penal, la de “garante accesoria”, por medio de la cual, Godoy logró que encarcelaran a la señora Cuevas durante 553 días.
El caso también llegó a la Suprema Corte de Justicia, que en marzo de 2022 votó unánimemente a favor del amparo liso y llano en favor de las señoras Morán y Cuevas, la cancelación de una orden de aprehensión y su liberación inmediata, señalando que Gertz Manero y Godoy manipularon la ley, inventaron acusaciones, ignoraron pruebas de las acusadas de homicidio por comisión, incurrieron en misoginia y violaron derechos humanos. Es decir, los últimos garantes de la procuración y administración de justicia le dispararon un tiro a la cabeza a la ley.
Godoy ha estado involucrada en diversos casos polémicos durante sus años como fiscal local y federal. Dos casos muestran fuertes indicios de haber actuado políticamente: la tragedia de la Línea 12 del Metro, en donde los señalamientos fueron por el manejo de responsabilidades penales que no alcanzó a todos los responsables de la obra y protegió a funcionarios, y la persecución que hizo, fuera de su jurisdicción, en contra del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, por la polémica investigación de un feminicidio.
Pero el caso en San José Iturbide es más complejo de entender, al no haber explicación alguna sobre por qué tardaron 13 días entre la investigación en la planta y el anuncio del aseguramiento, donde los funcionarios responsables de la confusión que se vive responden a García Harfuch. No obstante, si se confirmara que una parte sustancial de los 59 millones de litros procedían del contrabando, probaría la capacidad de México para combatir ese delito. Si no es así, el golpe principal sería para la FGR, porque pasaría de ser un gran golpe a un aseguramiento cuya hipótesis no logró acreditarse –consistente con la trayectoria de la fiscal de la presidenta–.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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