Oaxaca de Juárez, 22 de agosto. El aval que dio el Tribunal Electoral a la elección de juzgadores es reflejo del alineamiento de la mayoría de sus integrantes con el oficialismo. El voto en contra de que se anulara el proceso estaba cantado.
Son cinco los magistrados que integran la sala superior. Tres de ellos están identificados con el régimen: Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes.
Sólo dos, hay que subrayarlo, han mostrado autonomía frente a poder político: Janine Otálora y Reyes Rodríguez.
No había forma de anular esos comicios.
Los tres magistrados pro gobierno dieron luz verde a jueces, magistrados y ministros del ”acordeón”. Así llegaron al cargo. Con ese mote se quedarán.
El “acordeón” es una hoja de papel con nombres de candidatos recomendados por el partido en el gobierno.
Aunque Mónica Soto y a los llamados “ Felipes” no lo admitan, su papel en la desairada elección fue significativo para que llegaran los propuestos por Morena.
Había que elegir candidatos para 881 cargos judiciales federales y más de 1,800 para cargos estatales. El 77 % de los votantes no los conocía, según las encuestas.
Eso y el desinterés de la aplastante mayoría de los mexicanos –solo participó el 13 % de los votantes- ayudaron a Morena a colocar a sus candidatos y apoderarse del único poder que AMLO nunca pudo controlar, a pesar de tener como Caballo de Troya en la SCJN a Arturo Zaldívar, hoy coordinador de Política y Gobierno de la presidenta Sheinbaum.
Otros casos que ilustran el sesgo oficialista adoptado por Soto y “los Felipes” es la aprobación para qué los aspirantes a cargos judiciales fueran seleccionados en una tómbola, sin considerar la etapa de idoneidad.
El más grave, sin embargo, es haber validado las maniobras de Morena y aliados para quedarse con una mayoría calificada en el Congreso –dos tercios de los legisladores-, que no ganaron en las urnas.
Los “diferentes” obtuvieron sólo el 54 por ciento de los votos, pero se quedaron con el 74 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados.
En la Cámara Alta les faltaban tres senadores para obtener la citada mayoría. Todos conocemos el episodio del ex panista Miguel Ángel Yunes, y el de los perredistas que se vendieron al poder.
Sobra decir que los tres magistrados cercanos al oficialismo habían dicho previamente que el uso del acordeón no es ilegal, por lo complejo del procedimiento de votación.
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Reyes Rodríguez es el magistrado que presentó el proyecto de nulidad de la elección de juzgadores.
El hombre considera que hay evidencia suficiente de que los “acordeones” existieron como propaganda y que su difusión respondió a una estrategia deliberada para incidir en el voto.
“Los resultados muestran que un sólo modelo de acordeón concentró la votación, y que los patrones observados son estadísticamente improbables sin coordinación”, dijo.
Y remató: “ese comportamiento desequilibra la contienda y erosiona la decisión libre y auténtica de las personas.”
Mónica Soto, presidenta del TEPJF, consideró que la existencia de los acordeones no es suficiente para anular la elección. “El Tribunal no tiene una varita mágica para tirar una elección sin pruebas sólidas”, argumentó.
Los malquerientes de Reyes Rodríguez dicen que su proyecto de anular la elección “fue un show de él y de Otálora para congraciarse con el círculo rojo.”
El resultado ya es inapelable. En adelante la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos quedará en manos del oficialismo.
Es, como diría José Woldenberg, ex consejero presidente del IFE, un eslabón más del proceso iniciado en el 2018 para transformar una germinal democracia en un régimen autoritario.
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El último reporte de México Evalúa, organización civil que analiza las políticas públicas en México, rebate los otros datos que cada martes nos dan en la mañanera del Pueblo.
Dice que podrían no estar mostrando con precisión la crisis de seguridad en varias regiones de México.
La citada organización toma en consideración diversos indicadores de violencia letal, además de las cifras de homicidio doloso, y destaca qué en doce entidades, prevalece un balance negativo o muy negativo.
Pone como ejemplo la Ciudad de México. Señala que está a punto de pasar de un balance regular a uno muy negativo.
“El volumen de desapariciones en la capital sugiere un deterioro en las facultades de las fiscalías y un recrudecimiento del conflicto entre grupos criminales locales y nuevas organizaciones”, subraya.
Para el período enero-julio del 2025, con datos al 18 de agosto, la capital reportó 1,306 personas desaparecidas, ocupando el primer lugar nacional.
En cuanto a la evolución de la violencia letal de 2024 a 2025 (cifras totales enero-junio) el reporte ubica a la CDMX en tercer lugar, con una tasa de 26.2 % por cada 100 mil habitantes, sólo detrás de Sinaloa (74.2 %) e Hidalgo (28.4%).
Y eso que la capital es la ciudad que más policías tiene.
FIN.
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