Oaxaca de Juárez, 9 de julio. La pregunta sobre el paradero de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, ha estado flotando en la arena pública durante seis semanas, desde que desapareció tras ir a declarar a las oficinas de la Fiscalía General de la República en Culiacán el 26 de mayo, sobre la acusación de Estados Unidos de haber recibido dinero y apoyo electoral del Cártel de Sinaloa para ganar las elecciones en 2021 a cambio de facilitarles todos sus negocios criminales. No está perdido, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, que dice que se encuentra “localizable” en Sinaloa, resguardado por policías estatales, según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Rocha Moya, junto con varios miembros de su primer círculo familiar, se escondió tras solicitar licencia en un rancho en Guamúchil, a una hora y media al norte de Culiacán, efectivamente resguardado por la policía estatal, pero bajo una vigilancia especial del Ejército. Prácticamente no salía Rocha Moya del rancho, salvo para ocasionalmente viajar a la Ciudad de México. Nueva información que ha trascendido en la Secretaría de la Defensa revela que el exgobernador está siendo protegido por el Ejército en una de sus dos instalaciones militares: la 9ª Zona Militar en Culiacán, o la III Región Militar, que se encuentra en Mazatlán, al sur del estado.
Ahí está resguardado, en secreto, para todos los fines, principalmente, para evitar que se vaya a Estados Unidos y se ofrezca como testigo cooperante, y para evitar que lo maten, al tener al menos dos interesados potenciales.
Por un lado están sus enemigos dentro del Cártel de Sinaloa. Una vez fuera de la gubernatura, había perdido la protección sólida que dificultaba la posibilidad de que fuera a ser ejecutado por alguna de las dos facciones del Cártel de Sinaloa, en particular por La Mayiza, como se define a los incondicionales de Ismael El Mayo Zambada, quien acusó a Rocha Moya en una carta pública desde la cárcel en Estados Unidos, de haberlo traicionado. Ese señalamiento le puso precio a su cabeza y estalló la guerra interna de la organización criminal el 9 de septiembre de 2024, 55 días después de haber sido capturado en una finca en La Higuerita, en la zona metropolitana de Culiacán.
Por otra parte, no puede descartarse la posibilidad que, por ser el cabo suelto en la red de complicidades entre altos miembros de la ‘4T’ con el Cártel de Sinaloa, fuera asesinado por un político involucrado en su imbricada red con el crimen organizado, que tuvo su máxima expresión en las elecciones para gobernador en 2021, donde dinero y apoyos del narco fluyeron en al menos ocho contiendas en el norte del país. El antecedente de exfuncionarios dispuestos a todo para cubrir sus huellas lo da el asesinato del empresario tamaulipeco Sergio Carmona, llamado “El rey del huachicol”, que fue uno de los financieros principales de aquellas campañas y que poco después de las elecciones fue asesinado por un sicario altamente capacitado, contratado por un general en la Ciudad de México.
La participación del Ejército en todo el affaire Sinaloa y la protección a Rocha Moya está cubierta de sombras desde el llamado “culiacanazo”, el 17 de octubre de 2019, cuando atendiendo una petición de Estados Unidos de captura con fines de extradición de Ovidio Guzmán López, uno de los tres hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que tomaron el liderazgo de su facción en el cártel, fue detenido por un comando especial que había sido entrenado por la desaparecida –por el gobierno de Enrique Peña Nieto– Policía Federal. Guzmán López, señalado por las fiscalías estadounidenses como el principal introductor de fentanilo ilegal a ese país, fue puesto en libertad por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que si procedían con la detención, se produciría un baño de sangre.
Aquella operación siempre dejó dudas. La Defensa, que encabezaba el general secretario Luis Cresencio Sandoval, planeó una operación extraña, por deficiente, destinada a fracasar. Fue ejecutada al mediodía, cuando lo normal para ese tipo de acciones, que requieren el elemento sorpresa, y el plan de extracción, tan importante o más que la captura misma, nunca funcionó. El entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, uno de los actuales gobernadores que recibieron financiamiento del crimen organizado en 2021, sugirió a López Obrador liberarlo. No lo persiguieron, y fue detenido hasta enero de 2023, por presiones del gobierno del presidente Joe Biden.
La laxitud y tolerancia de la ‘4T’ con el Cártel de Sinaloa probablemente activó el plan para capturar a El Mayo Zambada, y la negociación con Ovidio para utilizar a su hermano Joaquín y tenderle una trampa. El diseño de la captura lo realizó un grupo del FBI especializado en esa organización criminal, ejecutado por un comando de la Oficina de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguridad Nacional. Un funcionario mexicano, con acceso a los detalles de la operación realizada el 25 de julio de 2024, señaló que el perímetro de seguridad alrededor de la finca La Higuerita, donde emboscaron a Zambada, lo establecieron soldados, sin saberse con precisión si pertenecían a la 9ª Zona Militar.
Zambada y Guzmán López fueron llevados a un aeródromo dentro del municipio de Culiacán, llamado “Huertos del Pedregal”, de donde despegó el avión que los condujo a Estados Unidos, donde los detuvieron oficialmente. El aeródromo estaba bajo el control de la 9ª Zona Militar, y aunque no hay información oficial de que lo tenían bajo su resguardo, existen fotografías y videos de los soldados vigilando ese aeródromo.
Preguntas sobre la participación e involucramiento de los militares en esa operación no han sido resueltas en estos casi dos años, pero la relación de los militares con los civiles en Sinaloa ha sido difícil desde hace tiempo. García Harfuch, responsable de la pacificación en Sinaloa, enfrentó desaires de los comandantes militares que se negaron a acatar sus instrucciones y que solo respondían al alto mando en la Defensa, encabezado por el general secretario Ricardo Trevilla. Trevilla era muy cercano al general Sandoval, quien tenía una estrecha relación con el general Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa y uno de los 10 acusados, con Rocha Moya, en Estados Unidos. Mérida se entregó a las autoridades de ese país, donde es testigo cooperante, en otro de los hechos que ha puesto bajo escrutinio político a la Defensa en todo este episodio, al no saberse con certidumbre qué papel están jugando.
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