Sarai Jiménez
Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. El Indigenous Peoples Rights International (IPRI), se creó para abordar la criminalización e impunidad contra los Pueblos Indígenas. Es un esfuerzo global a ser dirigido por líderes y organizaciones de Pueblos Indígenas para fortalecer la coordinación, solidaridad y acciones sobre este tema crítico en todos los niveles, con la finalidad de mejorar la situación de los pueblos indígenas.
El objetivo de esta Iniciativa Global es responder, reducir y prevenir los actos de criminalización, violencia e impunidad contra los pueblos indígenas, así como brindar una mejor protección y acceso a la justicia para las víctimas reales y potenciales, no únicamente a nivel personal, sino como colectivos o comunidades.
A través de un comunicado, esta organización señaló que con ese compromiso es que en México se conformó un Grupo Núcleo integrado por 8 organizaciones de 8 estados de la República para contribuir a este esfuerzo.
Una de estas organizaciones es Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA, quien acompaña a la comunidad Paso de la Reyna y al COPUDEVER.
En ese sentido, precisó que el IPRI en visita conjunta con EDUCA a Paso de la Reyna, el 16 de octubre de 2021, constataron la inoportuna e ineficaz aplicación de las medidas de seguridad otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Manifestó que las familias de los defensores asesinados comentaron que no han tenido noticias de las investigaciones en torno a los homicidios perpetrados en enero y marzo de este año.
La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social (carpeta de investigación 2535/FCOS/JAMILTEPEC/2021 y/o 2535/DATS/2021) y la Fiscalía Regional de la Costa, realizaron las primeras diligencias, sin embargo, a la fecha no hay información de avances significativos.
Se ha dado el caso del desplazamiento de una de las familias de los defensores asesinados ante la falta de garantías en su seguridad personal, en el caso de las otras familias, menores de edad tienen serias limitaciones económicas y posiblemente alguna afectación emocional.
Por otra parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, solicitó medidas de seguridad para la comunidad, mismas que fueron aceptadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. La medida además de resultar ineficiente no se ha cumplido, desde el 10 de junio a la fecha únicamente han realizado tres visitas-recorridos.
En cuanto al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde hace más de tres meses solicitaron información y documentos a las autoridades de Paso de la Reyna para realizar el análisis de riesgo, a la fecha no hay comunicación de los avances.
La comunidad a través de sus autoridades ha solicitado se reanude la mesa de trabajo con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y las autoridades responsables de ejecutar las medidas de seguridad con la finalidad de retomar los temas pendientes.
Ante esta situación, EDUCA y el IPRI mostraron su preocupación a la falta de seguimiento y atención al caso, así como el riesgo que representa la falta de impartición de justicia y el cumplimiento de obligaciones por parte del Estado mexicano para garantizar la labor de defensoras y defensores en la comunidad de Paso de la Reyna.
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