Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. La Auditoría Superior de la Federación investigó la compra de equipos israelíes de inteligencia y espionaje adquiridos por la Policía Federal en 2015 y 2018.
Lo que encontró y plasmó en el dictamen final fueron pagos inflados, incumplimiento en la entrega de los bienes, triangulaciones indebidas de recursos, deudas…
La revisión de contrato PF7SG/DINV/CTO/001/2018 reveló que se efectuaron “pagos en demasía” por 480 millones de pesos a la Comercializadora Dizoal SA de CV.
Se utilizaron para la adquisición de un sistema denominado Solución Integral de Inteligencia y Monitoreo de Redes Sociales y de Localización Inteligente.
Este sistema busca información en redes sociales, intercepta llamadas telefónicas, entre muchas otras cosas.
La ASF asegura que no se efectuó ningún estudio de mercado ni se realizó acción alguna que permitiera justificar que el precio ofertado por el proveedor garantizara las mejores condiciones para el Estado.
“El valor de los equipos de cómputo, accesorios, mobiliario y software comercial que forman parte del sistema adquirido se estimó en un máximo de 20 millones de pesos”, dice
Y más: “No se identificó transferencia alguna de recursos que Comercializadora Dizoal SA de CV, debió haber realizado a la empresa extranjera que presuntamente desarrolló dicho sistema, según lo declarado en el contrato celebrado con la Policía Federal”, dice un documento de la Auditoría
Y más: la citada comercializadora transfirió el 100 por ciento de los recursos obtenidos de la Policía Federal a otras empresas distintas.
Hay otro contrato, PF/SG/DINV/CTO/001/2018, por 172.2 millones de pesos para la adquisición de tres equipos de intercepción celular y una póliza de servicio y garantía, sin que el proveedor cumpliera con la entrega correcta de los bienes.
La ASF revisó también el sofisticado Sistema Rafael, contratado en 2015 a los israelíes. Ese aparato se instala en los aviones y es capaz de sacar fotografías en cuarta dimensión.
Se adquirió en alrededor de 2 mil 600 millones de pesos, pero sólo se le pagó la mitad a la empresa de aquel país. La embajada no ha parado de reclamar el pago de la otra mitad.
El dictamen de la Auditoría concluye que, en términos generales, “la Policía Federal no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.
* El cardiólogo Elías Moreno Brizuela, exsecretario de Protección Civil capitalino con Marcelo Ebrard, nos dijo ayer que la salud pública del gobierno federal está hoy en manos de dos colaboradores y operadores políticos… del presidente Felipe Calderón.
“Ellos son Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y Mauricio Hernández Ávila, actual director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS”, nos dijo.
Al leer frente a nosotros un texto de su autoría, Moreno Brizuela precisó que López-Gatell fue director general adjunto de Epidemiología con Calderón, director de Encuestas Nacionales de Salud y director de Innovación en Vigilancia y Control de Enfermedades Infecciosas.
Hernández Ávila fue subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en el gobierno del panista y director del Instituto Nacional de Salud Pública con Peña Nieto.
“Son hábiles e invasivos, aliados políticos y socios comerciales que lograron una asombrosa metamorfosis política que los llevó a participar en campañas de Morena en el Estado de México y en la Ciudad de México”, asevera.
Moreno Brizuela está convencido de que su objetivo es el pleno control de la Secretaría de Salud y provocar el desplazamiento de su titular, Jorge Alcocer, “asesor de la tesis profesional del doctor López-Gatell y de la subsecretaria Asa Christina Laurell.
Destaca que López-Gatell responde a los lineamientos de la Fundación del exaspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, el magnate Michael Bloomberg, quien ha financiado al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud entre 2014 y 2018.
¿Cómo la ve?
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