Guerrero, 11 de mayo. Después de cinco días de ataques a balazos y con explosivos lanzados por drones por el grupo narcoparamilitar Los Ardillos contra tres poblados del municipio de Chilapa, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (Cipog-EZ) afirmó: “este Día de las Madres no hay nada qué celebrar. Mientras en las ciudades los políticos hacen discursos y entregan flores, las mujeres indígenas nahuas de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán pasan la noche huyendo, cargando a sus hijos e hijas para escapar de la balacera y los ataques”. 
En un comunicado, la agrupación narró que “anoche, muchas compañeras tuvieron que dormir escondidas en el monte por el temor de ser encontradas por Los Ardillos. Esta es la realidad que vivimos las madres indígenas de Guerrero”.
La presidenta Claudia Shein–baum dice que “llegamos las mujeres, pero, ¿de qué sirven sus discursos, cuando nuestros niños y niñas lloran de miedo por los drones?, ¿de qué sirve hablar de ‘transformación’, mientras seguimos enterrando y buscando a nuestros hijos e hijas desaparecidos?”, reprochó.
El Cipog-EZ recordó: “tenemos 76 compañeros y compañeras asesinadas y 25 desaparecidos en nuestros pueblos. Estos son nuestros hijos, hijas, esposos, hermanos y hermanas; ahora más de 800 familias estamos desplazadas, y miles de madres, a través del país, buscan y entierran a sus hijos y vivimos esta realidad”.
El mundo, subrayó, “está viendo cómo realmente tratan a nuestras madres indígenas. Creen que porque vivimos lejos de la ciudad –estamos en la montaña– nuestras vidas no valen; esa es la verdadera cara de este gobierno y también de todos los anteriores: desprecio y muerte para nuestros pueblos indígenas.
“No queremos más palabras vacías: queremos justicia para nuestras madres y nuestros pueblos; queremos regresar a nuestras casas y comunidades, encontrar a nuestros hijos, sembrar nuestra tierra y vivir una vida digna”, demandó.
“Vivir en paz es honrar a las madres”
Responsabilizó al Estado mexicano “por todo lo que suceda en nuestros pueblos; sus manos están manchadas de sangre por pactar con los criminales y entregar nuestros pueblos y nuestras vidas. ‘Claudia Sheinbaum, no queremos tu Mundial, queremos que detengan está guerra contra nuestros pueblos, que nuestros hijos e hijas puedan vivir en paz. Eso es honrar a las madres”.
Jesús Plácido Valerio, líder del Cipog-EZ, denunció antier que “con la complacencia de los tres niveles de gobierno”, el grupo delincuencial Los Ardillos atacó los poblados de Xicotlán, Tula y Acahuetlán; “lo peor de todo es que continúan las ofensivas armadas con drones”.
Organizaciones nacionales e internacionales condenaron los ataques armados y el desplazamiento forzado contra las comunidades nahuas del municipio de Chilapa de Álvarez y exigieron al Estado mexicano frenar esta embestida que empezó el miércoles, “atribuible a grupos delincuenciales que operan con esquemas tácticos de tipo paramilitar”.
En una carta firmada por decenas de agrupaciones, entre ellas el Consejo Nacional Indígena y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, expusieron que de acuerdo con testimonios comunitarios y de los habitantes, los ataques son armas de alto calibre, drones utilizados para vigilancia y lanzamiento de explosivos.
Alertaron que esta situación ha “generado terror, desplazamiento forzado y un grave riesgo para la vida e integridad de niñas, niños, mujeres, adultos mayores y autoridades tradicionales indígenas. Agregaron que a pesar de que en 2021 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de los habitantes de los poblados de Tula y Xicotlán, así como del Cipog-EZ , el gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado, es omiso en darles continuidad.
Puntualizaron que con estos hechos de violencia, se acredita “la falta de actuación de las autoridades responsables de prevenir y proteger ante riesgos evidentes; la negativa injustificada de otorgar protección a ciudadanos en situación de riesgo, la posible complicidad o tolerancia de funcionarios públicos frente a los hechos de violencia y la ausencia de investigaciones que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables”.
Por ello, exigieron al gobierno federal “reconocer la grave crisis de violaciones a los derechos humanos en las comunidades pertenecientes al Cipog-EZ en Guerrero y que el gobierno del estado se empeña en ocultar; la identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales, incluyendo a funcionarios públicos que hayan incurrido en omisión o complicidad”.
También demandaron “revisar la actuación y responsabilidad del Ejército Mexicano que sólo presenció los ataques, el desplazamiento y la entrada del grupo delincuencial a las comunidades sin hacer nada para detener a los atacantes; la aplicación urgente de medidas de protección para defensores de derechos humanos y localidades en riesgo.
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