Saraí Jiménez
Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. Sin la presencia de organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres y los niños, el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, rindió su segundo informe anual de actividades, desde donde denunció que “es claro que tanto particulares como servidores públicos de distintas geometrías políticas, incluidos funcionarios que participan en la política doméstica de Oaxaca, buscan desestabilizar a las instituciones y apuestan a generar encono de los gobernados hacia los gobernantes, en un intento claro por descarrilar el avance democrático y obtener de regreso sus antiguos fueros”.
Acompañado por el gobernador Gabino Cué Montegaudo, el presidente municipal de la Ciudad de Oaxaca, Javier Villacaña Jiménez, y los sacerdotes Alejandro Solalinde y Arturo Lona Reyes, y el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Héctor Anuar Mafud Mafud, el ombudsman señaló que el pretender descarrilar el proceso democrático y lo que este implica para el ejercicio de los derechos humanos es un atentado contra la sociedad que necesita de manera perentoria encontrar una fórmula de crecimiento a fin de sobrepasar el rezago social.
“Descarrilar la alternancia política y frenar la transición es impedir el avance de los derechos humanos, esto implicaría un grave problema no sólo de gobernanza, sino también de seguridad”.
Advirtió incluso que descarrilar la democracia oaxaqueña pone en riesgo la estabilidad del país.
En ese sentido, Peimbert Calvo convocó a la ciudadanía para refrendar el pacto comunitario por los derechos humanos, situando a la Defensoría como un espacio en el que de manera conjunta se pueda frenar cualquier intento de regresión.
Respecto a sus actividades realizadas a lo largo de un año, para las que la Defensoría ejerció 40 millones 968 mil pesos, explicó que 34 millones 456 mil pesos fueron destinados a diversos pagos bajo el rubro de “servicios personales”, es decir, para el pago de sueldos de los que laboran en ella.
A pesar de que esta institución se dedica principalmente a emitir recomendaciones, aseguró que el recurso destinado es insuficiente, por lo que no ha sido posible establecer la gran estructura prevista por la Ley de la Defensoría para esta institución.
Enumeró que como parte de su trabajo la Defensoría atendió a 12 mil 577 personas que recurrieron al organismo en busca de solución a diversos problemas, la mayoría fuera del alcance institucional.
Expuso que de 3 mil 948 quejas abordadas, dos mil 637 fueron concluidas y mil 311 continúan en trámite.
Peimbert Calvo puntualizó que las autoridades que con mayor frecuencia fueron señaladas este año como posibles responsables de violaciones a derechos humanos fueron: autoridades municipales, la Procuraduría de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Salud.
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