Oaxaca de Juárez, 28 de agosto. Ayer a las ocho de la mañana, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega dictó auto de vinculación a proceso contra Fernando Farías Laguna por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos en materia de hidrocarburos. Prisión preventiva oficiosa. Se queda en el Altiplano, donde ya está su hermano.
Conviene decirlo con todas las palabras, porque el lenguaje judicial anestesia: un contralmirante de la Armada de México está preso, acusado de encabezar la red que robaba combustible por las aduanas marítimas del país. Su hermano, vicealmirante, también. Ambos son sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante los seis años de Andrés Manuel López Obrador.
O sea que la mayor red de huachicol de la década no operó a pesar de la Marina. Operó por dentro.
Esto no es un detalle de contexto: es la historia entera. López Obrador entregó los puertos y las aduanas a los marinos precisamente porque los consideraba incorruptibles —al menos eso dijo, muchas veces, con esa fe suya en las instituciones armadas que nunca terminó de explicar—. La institución a la que le confió la frontera marítima es la que hoy tiene a dos de sus mandos en un penal de máxima seguridad. Lo que Proceso publicó ayer agrega el remate: la Marina había roto con Farías desde el 16 de abril, y el hombre alcanzó a cruzar cinco países evadiendo filtros migratorios antes de que lo detuvieran en Buenos Aires con un pasaporte guatemalteco falso.
Cinco fronteras. Un contralmirante. Nadie lo vio.
Y ahora la parte que importa políticamente, que hay que contar despacio y con todas sus comas.
En la carpeta FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024 hay dos declaraciones —una de un testigo protegido, otra de una persona adscrita a la aduana marítima de Guaymas— que, según la defensa de los hermanos Farías, señalan que las operaciones de la red contaban con el visto bueno o las facilidades de Andy. Una de ellas menciona además al senador Adán Augusto López Hernández. Quien lo reveló fue Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías.
Los documentos citados dicen el hijo del Presidente. No dicen Andrés Manuel López Beltrán. La precisión del apodo al nombre la hace la defensa: su argumento explícito es que, si Andy aparece, entonces la Fiscalía no contó la historia completa y sus clientes no encabezaban nada. Es una estrategia legítima y es también una estrategia. La autoridad se ha encargado de que no haya acusación formal contra el hijo del expresidente por este caso. No en México.
Dicho eso, queda un hecho incómodo que ninguna aclaración disuelve: en un expediente judicial mexicano por contrabando de combustible hay testigos que hablan de él. Andy está ahí. Se leyó en una audiencia.
La respuesta oficial fue del manual y fue peor que el problema. La FGR negó tener testigos protegidos que señalaran a López Beltrán y sostuvo que no cuenta con datos de prueba con la fuerza legal necesaria para abrir una investigación. La presidenta lo exoneró en la mañanera antes de que existiera cualquier indagatoria: no tenemos ninguna prueba de algún vínculo, ninguno, dijo; y agregó que todo esto es un asunto político.
Puede que tenga razón. El problema es cómo lo sabe. No se investigó y se concluyó: se concluyó y por eso no se investiga. Es el mismo método que vimos hace una semana con Rubén Rocha Moya, a quien la FGR indagó sin ganas de encontrar. Mientras tanto, esta misma semana allanaron bodegas ligadas a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista, por el mismo delito. Ahí sí hubo cateo. Ahí sí hubo prisa.
Todo en el peor momento para Palenque.
Porque hay que ver lo que pasó en estos ocho días, junto y en orden. Farías aterrizó en México el viernes, después de que agentes del FBI y de la DEA lo visitaran en un penal argentino. Ese mismo viernes, Rocha Moya volvió a la gubernatura de Sinaloa invocando la ultraderecha, el lawfare, la soberanía agraviada: la fórmula de la casa, copiada casi renglón por renglón de la carta con que Andy denunció el retiro de su visa. Le duró 34 horas. Gobernación dijo que era decisión personal. Morena, que ni le avisaron. Monreal, que se había equivocado. Los gobernadores firmaron que ningún proyecto personal está por encima de la nación. Nadie lo defendió. Ni uno.
Ésa es la noticia de fondo, y no es judicial: durante siete años, cualquier señalamiento contra cualquier miembro del movimiento se disolvía en la misma frase —es la derecha, es el injerencismo, es un complot— y la frase bastaba. Ya no. El primero en gastar la moneda fue el hijo del expresidente con su carta a Trump; el segundo intentó pagar con ella y se quedó solo en la caja.
Rocha Moya no es una pieza de Claudia Sheinbaum. Es una pieza de López Obrador, que lo invitó a competir en 1998, que en 2021 tiró la encuesta interna donde ganaba el Químico Benítez para imponerlo, y que —según documentó Proceso— lo mantenía vigilado por el CNI y la Sedena mientras lo defendía en público. Cuando ese hombre se levantó, el movimiento entero le pasó por encima.
Parafraseando a Carlos Salinas de Gortari —némesis político de AMLO—, la presidenta calificó de política ficción la versión de que el tabasqueño hubiera empujado el regreso. Y en la misma conferencia contó, casi de pasada, que sabe cómo está López Obrador porque a veces le llama a Beatriz Gutiérrez Müller para preguntarle. Está sano, contento y escribiendo, dijo que le dijeron.
Ahí está todo. El hombre que gobernó México hablando cada mañana durante seis años hoy se comunica por recado. No ha dicho una palabra: ni sobre el contralmirante, ni sobre el gobernador, ni sobre la visa de su hijo. Su silencio funcionó mientras era el silencio de alguien que podía hablar. Ahora parece solo falta de ruido.
Y esto ocurre encima de la mesa donde de verdad se juega: las 17 gubernaturas que Morena define por encuesta. Nueve punteros son de la presidenta; seis, del expresidente. Si es que la encuesta decide algo.
Proceso
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