Oaxaca de Juárez, 13 de marzo. El Financiero dio a conocer que Alfredo Hernández, secretario de Obras y Servicios del GDF otorgó dos contratos por más de 71 millones de pesos a la empresa Planet Ingeniería, donde su esposa Erika Molina Barragán se desempeña como directora comercial, pese a que la administración de Miguel Ángel Mancera tiene a la compañía en una lista negra de incumplidos. Ese mismo día, el jefe del Distrito Federal corrió al funcionario quien abusó de su confianza. Esta acción fue aplaudida por líderes de partidos políticos y empresarios y la autoridad moral de Mancera creció. En Oaxaca se han denunciado decenas de tratos oscuros que hace el inquilino de Cosijopí pero la situación es diferente. Hay casos como el del titular de la Secretaría de Salud, Germán Tenorio que han puesto a la entidad en el ojo del huracán y se mantiene al compadre incómodo que trafica con medicinas o bien que hace fiestas para comprar aparatos que nunca llegan a los hospitales ni clínicas. 
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El columnista Raymundo Riva Palacio señaló en su columna que el negociador de Enrique Peña Nieto en la Segob prometió liberar a 112 maestros acusados de homicidio, delincuencia organizada y hasta secuestro. En este último caso se trata de dos sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial Gerardo Gutiérrez Candiani cuyos captores -maestros de la Sección 22- fueron detenidos en flagrancia, pero que el gobierno federal quiere dejar en libertad. ¿Qué opinará el oaxaqueño líder de los empresarios en México?
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Con la crítica de una parte de la izquierda, el Senado aprobó una nueva ley para castigar con 35 años de cárcel el robo de gasolinas, acusar de cómplice a los dueños de los terrenos donde se localicen tomas clandestinas, a quienes compren el producto robado y para evitar intentos de sabotaje contra instalaciones energéticas, ahora que serán creadas y administradas por el sector.
Además, castiga con 18 años de cárcel a quienes no sirvan litros de a litro del combustible; especifica que se impondrá prisión de 10 a 18 años a quien “permita, colabore para la alteración o altere los sistemas de medición en posesión o al servicio de los asignatarios, contratistas o permisionarios, para obtener un beneficio propio o para un tercero”.
La nueva Ley, que fue enviada a la Cámara de Diputados, precisa que se sancionará a quien “enajene o suministre gasolinas o diesel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior desde 1.5% a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de medición empleados para su enajenación o suministro.
Hay un buen número de gasolineras que aquí abusan. Los consumidores tienen la última palabra.
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