Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. Una pregunta frecuente a partir de los eventos de Culiacán el jueves pasado es cuanto le va a costar al Presidente en su popularidad el error reconocido por la propia administración. El costo podría pasar por la teoría de “atribución de responsabilidades”. Si bien no parecería tener un impacto inmediato con el tiempo podría tenerlo. Al reconocer públicamente que él autorizó la liberación del hijo del Chapo Guzmán la responsabilidad atribuida no deja lugar a dudas.
La seguridad pública tiene la virtud para la clase gobernante de ser un tema en el que la responsabilidad es difusa. Pasa de lo local a lo federal sin una frontera clara de a quien corresponde resolver el problema. Aunque en materia legal no quede duda sobre que tipo de delito corresponde a cada uno de los niveles de gobierno, en la opinión pública no es necesariamente así. Con este evento esa ambigüedad queda resuelta. Tal vez un buen ejemplo de esta confusión o falta de claridad de quien asume la responsabilidad sobre un hecho delictivo es el caso de Ayotzinapa. Es pertinente recordar que al inicio de ese evento no quedaba claro si los responsables habían sido autoridades municipales, estatales o el gobierno federal. Con el tiempo se fue imponiendo la idea de “Fue el Estado” con referencia al gobierno federal, pero sin mucha claridad al inicio de la discusión. Sólo con el tiempo se decantó. Un ejemplo similar con el efecto opuesto es el de la crisis económica de 2008 en nuestro país. Es interesante ver que al revisar números, no obstante que el país decreció, la responsabilidad no necesariamente fue atribuida al ex presidente Calderón. La conciencia de que el problema era de origen externo predominó y en alguna medida justifico al Presidente Calderón. La percepción de inseguridad independientemente del estadístico que se revise tiende a empeorar sin importar el ámbito en el que se mida, a nivel colonia, municipio, estado o país. Eso no es novedad, y es muy probable que tienda a empeorar. En la evaluación de gestión de gobierno los temas de economía e inseguridad son los peor evaluados, mientras que el de combate a la corrupción el mejor. Ello no debe de sorprender, pero si nos ofrece un panorama de donde está el capital político del Presidente. El reconocimiento de renunciar a las capacidades básicas del Estado para temas de seguridad podría significar con el tiempo que eventos de inseguridad de naturaleza similar le sean atribuidos directamente al Presidente. Es decir, ya no habrá confusión. Culiacán podría significar un cambio de tendencia a un tema de atribución difusa con responsabilidad directa del presidente. Hoy por hoy no se observa un costo claro en su aprobación. Es el mismo que en meses anteriores, 75 por ciento. Tampoco se observa costo en su opinión o imagen personal. El público le da la razón por estar cansada de la violencia que vivimos desde hace muchos años. De hecho ante la idea de combatir o tolerar al narcotráfico no ha cambiado en los últimos años. Preferimos como opinión pública agregada tolerar a enfrentar. Por ello la decisión de Presidente parece bienvenida y se explica su aceptación.
Como suele pasar con muchas otras mediciones, en las que se realizan cara a cara en vivienda el Presidente tiene más apoyo comparadas con las telefónicas. Hay que recordar que las realizadas por teléfono subestiman la base electoral del Presidente y las realizadas cara a cara son las únicas representativas del país. Los niveles de atención son altísimos. Prácticamente el 100 por ciento del país se enteró y en relación dos a uno el público dijo que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán había sido correcta.
Sin embargo, el tiempo para evaluar la estrategia de Presidente se reduce de manera acelerada. En sólo unos meses el porcentaje de ciudadanos que considera que ya es tiempo de evaluarlo en su estrategia contra la inseguridad va en aumento y quienes dicen que aún es muy pronto se va reduciendo.
En resumen es posible que hoy no haya un costo evidente con el evento de Culiacán u otros tan dramáticos con el atentado a la Familia Le Baron, pero ello no significa que en el acumulado, en el tiempo y con la atribución de responsabilidades no vaya a costar al capital político del Presidente. Pronto sabremos si hay reacción de la opinión pública.
Artículo publicado en Milenio
Nota metodológica: Encuesta cara a cara en vivienda. Representatividad: nacional. Número de entrevistas: 880 encuestas. Fecha de levantamiento: del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2019. Nivel de confianza estadística: 95%. Margen de error: (+/-) 3.3%. Diseño, muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: las secciones electorales reportadas por el INE. Población objetivo: personas de 18 años en adelante con credencial para votar que al momento de la entrevista residan en el lugar de interés. |
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