Oaxaca de Juárez, 8 de febrero. La Corte de Apelaciones del Noveno Distrito escuchó hoy los argumentos orales sobre el veto migratorio ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump y que un juez del estado de Washington bloqueó a nivel nacional el viernes pasado.
Por poco más de una hora, los tres jueces de la corte de apelaciones escucharon vía telefónica los argumentos del procurador general del estado de Washington, Noah Purcell, y de August Flentje, consejero especial del Departamento de Justicia de la administración Trump.
Durante los argumentos del procurador Purcell, los jueces señalaron en varias ocasiones que la prohibición de viajar ordenada por el mandatario estadunidense equivalía a una discriminación antimusulmana.
En enero pasado, Trump suspendió el ingreso a Estados Unidos de personas provenientes de siete países, mayoritariamente musulmanes: Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
“Los siete países abarcan sólo un porcentaje relativamente pequeño de musulmanes”, dijo el juez Richard Clifton, quien fue nombrado para este cargo por el entonces presidente George W. Bush.
“Tengo problemas para entender que se supone que debemos inferir motivos religiosos”, dijo el juez William Canby, nombrado por el entonces mandatario James Carter.
Clifton preguntó a Purcell cómo la prohibición podía ser vista como antimusulmana si solo afectaba a un grupo de musulmanes.
Los jueces de la corte de apelaciones mostraron interés en el argumento del gobierno de que, a lo sumo, la prohibición del ingreso de viajeros de siete naciones sólo debería limitarse, en lugar de bloquearse completamente.
El representante del gobierno argumentó que la orden de restricción temporal emitida el viernes pasado por James Robart, un juez federal de Seattle, fue demasiado lejos al revertir el veto migratorio de Trump a nivel nacional.
“Es excesivo (…) No debería abarcar a personas que nunca han estado en Estados Unidos”, dijo el abogado del gobierno, quien fue increpado por el juez Richard Clifton cuando le cuestionó “¿Por qué es excesivo?”.
Un argumento clave en el caso es si la orden ejecutiva de Trump violó la prohibición de la Constitución sobre la discriminación religiosa. Los abogados de los estados de Washington y Minnesota han alegado que la orden fue diseñada para discriminar a los musulmanes.
Cuando se le pidió evidencia para apoyar esa afirmación, el abogado de Washington señaló que Trump pidió una “prohibición musulmana” durante su campaña presidencial.
El día que firmó la orden, en entrevista con una red de televisión cristiana, el gobernante dijo que quería dar prioridad a los refugiados cristianos, lo que sería una violación de la prohibición de la Primera Enmienda a una religión establecida.
Purcell encontró cierto escepticismo de parte del juez Richard R. Clifton, quien señaló que los siete países afectados por la orden constituyen sólo una pequeña parte de la población musulmana del mundo.
Eso sugeriría que la orden no estaba dirigida a los musulmanes, en general, sino a los residentes de países que tienen un serio problema con el terrorismo, aclaró Clifton.
Al inicio de los argumentos, el abogado del gobierno de Trump se topó con preguntas escépticas de parte de la jueza Michelle T. Friedland, quien cuestionó “¿No ha habido acusaciones aquí de mala fe?, en alusión a la toma de decisiones del presidente estadunidense.
Las declaraciones de Friedland fueron en alusión a las afirmaciones de que la orden ejecutiva que restringe los viajes de siete países era una manera disimulada de prohibir a los musulmanes en el país.
Asimismo, los tres jueces del panel pidieron al abogado Flentje, representante del gobierno federal, pruebas de que las personas que tenían visas válidas de cualquiera de los siete países habían cometido actos terroristas en Estados Unidos.
“El presidente determinó que había un riesgo real”, replicó Flentje.
El viernes pasado, el juez James Robart, de la Corte de Distrito de Washington, suspendió las partes clave de la orden ejecutiva en todo el país, abriendo el camino para la reanudación de los viajes desde esos siete países.
La audiencia de este martes fue sólo para abordar la cuestión de la orden judicial, no sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva. Se espera una decisión a finales de esta semana, según el tribunal.
Sin importar cuál sea el fallo, el perdedor probablemente apelará a un panel más grande de jueces en el Noveno Circuito o irá directamente a la Corte Suprema.
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