Jesús Jiménez
Oaxaca de Juárez, 29 de febrero. La Comisión de la Verdad que investigó el conflicto de 2006 y 2007, culminó formalmente sus trabajos, por lo que entregará su informe a los tres poderes del Estado.
El presidente del organismo Alejandro Solalinde Guerra, indicó que se encuentran contentos por la labor que llevaron a cabo, más no satisfechos pues consideraron que se pudo hacer más al respecto.
Tras obtener los elementos necesarios principalmente de los testimonios de las víctimas, decidieron emitir varias recomendaciones, entre las que destaca una a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trascendencia Social para que retomen las investigaciones en contra del exgobernador Ulises Ernesto Ruiz Ortiz; el exsecretario de Gobierno Jorge Franco Vargas; la exprocuradora Rosa Lizbeth Caña Cadeza; el exdirector de Seguridad Pública José Manuel Vera Salinas; y el exdirector de la Policía Ministerial Manuel Moreno Rivas; así como demás integrantes de su gabinete y funcionarios municipales, especialmente los encargados de procuración de justicia y seguridad pública.
De esta forma se espera que se finquen las responsabilidades penales por delitos y violaciones graves a los derechos humanos, en especial de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes que se detallan ampliamente en este informe.
Explicaron que los delitos cometidos no solo son imprescriptibles, sino que, dadas las características de sistematicidad con que se cometieron, pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
Exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR), revisar las demandas penales dirigidas en contra de las administraciones federales, de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, por su responsabilidad en los hechos del conflicto social oaxaqueño.
En este sentido, detallaron que Fox Quezada en su declaración aseguró que fue presionado por el entonces presidente electo Felipe Calderón Hinojosa para que enviara a las fuerzas federales y con ello se garantizara su toma de protesta.
Asimismo, recomendaron a la PGR, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, revisar la actuación de los ex funcionarios federales Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Ardelio Vargas Fosado, señalados por las propias víctimas y actores en el conflicto social como responsables de dirigir las acciones represivas contra manifestantes en el Operativo Juárez de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006.
Pidieron al Congreso local y a la Secretaría de la Contraloría iniciar los procedimientos administrativos de inhabilitación de la función pública y separación del cargo a funcionarios señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos.
Entre estos a Alma López Vásquez, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, Pedro Ismael Díaz Laredo, Manuel Moreno Rivas, Jorge Alberto Quezada Jiménez, Heliodoro Díaz Escárraga, Margarito López Aragón, Joaquín Darío Berges y Dorantes, Víctor Amado Alonso Altamirano, Jorge Aquino Reyes, Andrés Quevedo Martínez, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Sergio Segreste Ríos y Daniel Camarena Flores.
Al gobernador Gabino Cué Monteagudo, le pidieron que realice las gestiones necesarias que garanticen el cese de los funcionarios que ocupan actualmente cargos en su gobierno y que tuvieron responsabilidades en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los años 2006 y 2007, según las investigaciones de esta Comisión y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que estos nombramientos han fomentado y consolidado la impunidad, además de que han sido un factor que ha inhibido a las víctimas a buscar la verdad y justicia.
También se pide al Congreso federal y local, a la Secretaría de la Contraloría y a los Consejos Ciudadanos de dichos organismos autónomos, revisar la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal Derechos Humanos de Oaxaca (ahora Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca), así como de sus titulares y visitadores del periodo 2006 y 2007, para establecer las medidas de sanción necesarias, ya que de acuerdo a la información se presume su omisión, negligencia y falta de compromiso institucional en la defensa de los derechos humanos de las víctimas del conflicto social.
Asimismo recomendaron impulsar acciones legislativas orientadas a instaurar una nueva institucionalidad y un pacto sociopolítico, mediante las cuales se garantice plenamente la no repetición de las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad.
De la misma forma, pidió impulsar medidas de reparación del daño a través de la restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y las garantías de no repetición de las víctimas, al igual articular una propuesta que refleje adecuadamente el potencial que tienen las medidas de reparación establecidas en las convenciones internacionales de derechos humanos.
Las recomendaciones alcanzan a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la que solicitan transparentar los recursos públicos otorgados por el Gobierno federal en la minuta suscrita el 27 de octubre de 2006, e iniciar una investigación en relación al Fideicomiso de Inversión y Administración para el Apoyo a Familiares de los Caídos en el Conflicto Social de 2006 No. F/2001442.
Sobre todo, porque de acuerdo a las investigaciones realizadas, se presume la existencia de un fraude cometido en la administración de dichos recursos, ya que este fideicomiso fue administrado por un comité integrado por representantes de la Sección 22 y la dirección del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
La Comisión de la Verdad hará público el informe el próximo 19 de abril en un acto que realizará en la Alameda de León, para que la sociedad en general tenga la información que se ha recabado.
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