Sarai Jiménez
Oaxaca de Juárez, 21 de diciembre. Integrantes del Comité de Víctimas y sobrevivientes de la masacre del 21 de junio en Huazantlán del Río, San Mateo del Mar, anunciaron que comenzarán un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno hasta que el gobierno estatal les garantice justicia y se brinden garantías para que los desplazados puedan regresar a su comunidad.
En conferencia de prensa, recordaron que hoy se cumplen 6 meses de esta masacre, en la que 2 mujeres y 13 hombre fueron asesinados de manera cruel.
Indicaron que todo inició el pasado 2 de mayo, cuando el agente municipal de Huazantlán del Río, José Luis Chávez Salinas, y su secretaria Teófila Ochoa González, encarcelaron injustamente a 30 personas, entre ellas a las dos fallecidas.
Aseguraron que aquel día los hombres fueron golpeados, causaron destrozos en sus domicilios, quemaron sus viviendas y vehículos y las mujeres fueron golpeadas con piedras y palos, pateadas y abusadas sexualmente.
Acusaron que a través de llamadas hechas por el agente, se supo de la participación y asesoría de Anabel López Sánchez y Adelfo Regino Montes, actuales funcionarios del gobierno federal.
Lamentaron que la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado no intervinieron, sólo la Secretaría de Seguridad Pública cuando ya era demasiado tarde, ya que de haberlo hecho antes hubieran salvado la vida de los hoy occisos.
Confirmaron que han hecho sus declaraciones y señalado como actores materiales de esta masacre a José Luis Chávez Salinas, Camerino Dávalos Larrinzar, Pedro Dávalos Larrinzar, Laura Fiallo Sandoval, Máximo Leyva Piamonte, Teófila Ochoa, Emmanuel Villaseñor Bustillos, además de los autores intelectuales asentados en la carpeta de investigación, y de gente que se autodescribe como parte del crimen organizado, tal y como sucede con Gualterio Escandón, quien ha financiado al agente para mantener un grupo armado.
Manifestaron que luego de sostener una reunión con el fiscal Rubén Vasconcelos, se deslindó de las órdenes de aprehensión contra los criminales y les indicó que el obstáculo para hacer justicia era el actual secretario de gobierno, Francisco García López, quien había ordenado que no avanzaran las investigaciones y en la ejecución de las órdenes de aprehensión, los cual solo demuestra complicidad con los asesinos.
Ante la falta de atención, demandaron justicia y castigo para los asesinos, otorgamiento de medidas cautelares de protección para las familias de las víctimas y apoyo para las 18 familias desplazadas de esta comunidad, 19 huérfanos, 6 esposas desamparadas, y 6 padres y madres que dependían económicamente de los muertos.
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