Eje Central
Oaxaca de Juárez, 5 de agosto. A pesar de que los planteles en Oaxaca no tienen baños, bardas, agua potable, techo en los salones, drenaje y luz, los maestros y directores de la sección 22 de la CNTE no permitieron que en los últimos dos sexenios se aplicaran los programas de mejora a la infraestructura.
Con la reforma del Instituto Estatal de la Educación Pública en Oaxaca (IEEPO), el gobierno estatal anunció que la federación destinará más de mil millones de pesos destinados a los 25 mil planteles que tiene la entidad y que presentan carencias significativas, además de un rezago tecnológico importante.
Las acciones se realizarán durante las siguientes semanas. Incluso, mil miembros de la Gendarmería participarán en los trabajos de remodelación de los centros educativos y serán responsables de vigilar que no existan impedimentos por parte de la disidencia magisterial para llevar a cabo las obras, anunció el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo.
La Coordinadora General de Padres de Familia por una Cultura Educativa denunció que desde la administración de Felipe Calderón los directores de los planteles —afiliados a la disidencia magisterial—, no permitieron la aplicación de los programas Escuela Digna, Escuela Segura, Escuela de Calidad o MiCompuMX.
“Los trámites siempre se iniciaban pero al final se cancelaban, o los directores no recogían el cheque, y ya no se aplicaban los recursos”, denunció Luisa García, miembro de la asociación de padres de familia en la entidad.
De acuerdo con los pocos datos que recolectó el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) del 2013, apenas la mitad de las escuelas de educación básica tienen agua potable; una de cada cuatro no tiene baños, y sólo dos de cada 10 tienen servicio de drenaje.
Aunado a eso, hay planteles que no tienen techo de concreto o piso firme, bardas perimetrales, les faltan aulas para clases, no tienen vidrios en las ventanas y les hacen falta bancos, pizarrones y hasta libros suficientes.
Luisa García aseguró que los integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE), en Oaxaca, conocen las carencias de las escuelas donde trabajan. Sin embargo, no permitían que se aplicaran los programas de mejora.
La mamá de dos niños recuerda que en la administración de Felipe Calderón se hicieron los trámites para que se realizaran las obras de Escuela Digna, pero como se requería la firma del director ya no pudieron avanzar.
En el caso de MiCompuMX, el gobernador Gabino Cué dijo que se trataba de un programa estatal y hasta ofreció cursos de capacitación a los docentes, para que aceptaran las laptops que se entregaron a alumnos de 5º y 6º. Aun así, en muchos casos los directores se negaron a recibirlas.
En cambio, los docentes perpetuaban el discurso de las malas condiciones en las que trabajan y en las que estudian los menores, utilizando esto como bandera política en contra de la reforma educativa.
En diversas ocasiones el secretario general de la sección, Rubén Núñez, aseguró que el gobierno desconocía las condiciones en las que se imparten clases todos los días y no se entregaban los recursos económicos necesarios para atender las carencias.
No obstante, en cuanto las escuelas eran elegidas para recibir cualquier recurso económico proveniente de la federación, la orden era no aceptarlo.
En los resolutivos de las asambleas estatales la orden es que ninguna escuela puede aceptar los programas o los trabajadores serán sancionados. Y en los requisitos para la promoción a un cargo superior, los aspirantes debían probar que en su plantel no se aplicaba ningún programa de “la mal llamada reforma educativa”.
Moisés Robles Cruz, director del IEEPO, dice en entrevista que algunos directores solicitaban los recursos a escondidas de los dirigentes.
En otros casos, los padres de familia tenían que insistir y hasta hacerse responsables del presupuesto, el equipo o el material que recibieran, ya que los directores se deslindaban para evitar conflictos con el sindicato, señala Luisa García.
Ante la negativa de mejorar las escuelas y con los cambios en el sistema educativo de Oaxaca, el gobierno federal destinó mil 175 millones de pesos en los programas de infraestructura, pero también de seguridad, apoyo a becas y ampliación de jornada, para beneficiar a los 1.3 millones de estudiantes de la entidad.
“Ahora con todos los elementos jurídicos y administrativos, con todos los elementos que te proporciona el Estado mexicano podemos decirles no tengan miedo. Nadie, ni un director, ni un padre de familia ni un maestro en su sano juicio rechazarían el dinero para cambiar una banca, tener una barda, construir un techado. Todos lo quieren y lo han pedido pero había esa coacción”, puntualiza Robles Cruz.
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