Oaxaca de Juárez, 7 de agosto. Las autoridades mexicanas ya fueron advertidas: Manuel Bartlett va a ser acusado en Estados Unidos por haber autorizado que le informaran a Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del extinto Cártel de Guadalajara, que Enrique Camarena Salazar era un agente de la DEA infiltrado en esa organización criminal. Ese aviso llevó a su muerte en 1985, y su participación en el crimen, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no se detuvo ahí. Bartlett también ayudó a que Caro Quintero no fuera detenido en México, por lo que pudo fugarse del país.
Las autoridades mexicanas, a su vez, ya le informaron a Bartlett de su situación en Estados Unidos.
El 16 de julio, el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad y uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador en el sector energético, fue citado por la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, quien le dio a conocer que los fiscales presentaron al juez Frederick Block en la Corte Federal de Brooklyn grabaciones de las torturas a Camarena y a su piloto mexicano Alfredo Zavala, que incluyen pruebas de su presunto involucramiento.
En ese entonces, Bartlett era secretario de Gobernación, y por años ha sido mencionado como colaborador del Cártel de Guadalajara y, a finales de los 80, el testigo protegido de la DEA Víctor Lawrence Harris, escolta de Ernesto Fonseca, co-acusado con Caro Quintero por el asesinato de Camarena y Zalazar Alvear, lo imputó.
En la reunión con Godoy, de acuerdo con lo trascendido, Bartlett pidió la protección del gobierno mexicano si llegaran a llamarlo a declarar en tribunales estadounidenses, y solicitó a la presidenta, a través de ella, ser enviado a una embajada en un país donde no haya extradición.
Desde 1985, Manuel Bartlett es un político sobre el cual la DEA tiene puesta la mira. Es la pieza que necesitan para terminar de cerrar la Operación Leyenda, la gran investigación sobre el asesinato de Camarena, cuyos asesinos intelectuales fueron los lugartenientes de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe del primer cártel de drogas del país, el de Guadalajara. Fonseca se encuentra bajo arresto domiciliario, cumpliendo su condena en México, y Caro Quintero fue enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum a Estados Unidos en febrero pasado, para ser juzgado.
El caso de Caro Quintero dio un giro inesperado este martes, cuando los fiscales en la corte de Brooklyn cambiaron radicalmente su posición y dijeron que no pedirían su pena de muerte, dejando abiertas dos posibilidades: juzgarlo o negociar su cooperación como testigo cooperante.
Los fiscales adelantaron que tampoco pedirían la pena de muerte contra Ismael El Mayo Zambada, a quien ven las autoridades estadounidenses como una pieza importante en el caso Camarena, porque como un operador en niveles inferiores en el Cártel de Guadalajara, puede aportar información relevante sobre su asesinato.
Los fiscales ya entregaron a la defensa de Caro Quintero nuevas pruebas contra él que involucran también a Bartlett, pero el juez Block todavía no ha dado a conocer si las hará públicas o no, lo que no impide que puedan ser utilizadas durante el juicio, cuya fecha aún no se fija.
La próxima audiencia de Camarena será el 18 de septiembre. Bartlett, que durante años ha evitado viajar a Estados Unidos por el riesgo de que fuera detenido, nunca había estado tan cerca de ser imputado en tribunales estadounidenses como ahora, aunque en México nunca ha existido una investigación sobre su presunta participación en el crimen.
En Estados Unidos, el juicio contra Caro Quintero o su cooperación como testigo –se podría argumentar que sobre otros temas recientes de la narcopolítica–, será el fin de 40 años de investigación de la Operación Leyenda, con el que quieren subrayar que ningún crimen contra un agente federal quedará impune. La necesidad política-existencial en Estados Unidos de mostrar que un ataque a sus agentes nunca va a dejar de perseguirse alcanza a Bartlett, donde hay varias agencias que están acumulando información para que, llegado el momento, puedan acusarlo formalmente y pedir su extradición.
Los fiscales estadounidenses siguen amasando información y buscaron una nueva fuente de información en Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad sentenciado a 38 años de cárcel por su relación con el Cártel de Sinaloa. Los fiscales le han pedido a García Luna que les “entregue” a Bartlett, pero no sólo por su presunta participación en el asesinato de Camarena, sino también para que aporte detalles sobre los activos que tenga en Estados Unidos.
García Luna entró al CISEN, actualmente el Centro Nacional de Inteligencia, en 1990, cinco años después del asesinato de Camarena, donde tuvo acceso a todo lo que no se ha dicho sobre aquel asesinato. Sobre el tema de los activos, García Luna conoce la vieja relación de Bartlett con Samuel y Alexis Weinberg, proveedores de equipos y programas de seguridad a los gobiernos mexicanos, y que, presumen los fiscales estadounidenses, incluyen negocios que realizaron conjuntamente con Bartlett durante varios años.
Las acusaciones contra Bartlett, si bien no son nuevas hasta hoy, deben clasificarse en una categoría superior, porque los principales cárteles son considerados ahora organizaciones terroristas, y los implicados en ellas serán juzgados en un marco legal diferente. El Cártel de Guadalajara dejó de existir muchos años antes de que entrara en vigor esta ley –apenas en febrero de este año–. Dentro de ese parámetro, Bartlett podría ser acusado bajo la ley que decretó el presidente Donald Trump.
Este argumento puede ser legalmente debatible, pero la segunda parte de la petición de los fiscales a García Luna, no. Si aporta información financiera que vincule a Bartlett con los Weinberg, que firmaron un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República aceptando que tuvieron relaciones financieras con el exsecretario, sería factible que lo acusaran bajo las leyes terroristas.
Su situación es motivo de preocupación en Palacio Nacional, pero no ha habido respuesta a su petición de protección y traslado a un país donde no haya extradición. De cualquier forma, como pintan las cosas, difícilmente Bartlett quedaría fuera del alcance de Estados Unidos si van por él.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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