Oaxaca de Juárez, 7 de noviembre
MILENIO CARLOS MARÍN EL ASALTO A LA RAZÓNJosé Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América, dijo ayer que la desaparición de los 43 normalistas ocurrió porque en México “la impunidad es una regla”.
Tiene toda la razón: más de 90 por ciento de los delitos en México nunca desemboca en consignaciones ante un juez y, de las que sí, menos de la mitad termina en condenas para los infractores.
La impunidad es el mejor aliciente para el crimen organizado, con todo lo que conlleva (tráfico de drogas, narcomenudeo, robos, homicidios, extorsiones, trata de personas, piratería, fraudes, corrupción de servidores públicos de todos los niveles…).
Dicho de otro modo: nueve de cada diez delincuentes pueden apostar que se saldrán con la suya.
Pobreza y marginación han venido creciendo pero no, como dijo ayer también el secretario Luis Videgaray, la economía. Insuperable caldo de cultivo para criminales con firme garantía de impunidad.
El más de medio centenar de capturados por el caso Iguala (incluida la pareja Abarca) solo tuvieron la mala suerte de ser la excepción a la regla que invocó Vivanco…
cmarin@milenio.com
CIRO GÓMEZ LEYVA LA HISTORIA EN BREVEHenos aquí, dando voz otra vez al villano. La trama es simple. Un poderoso político mexicano, tocado por la sospecha de maquinar elefantiásicos casos de corrupción, se habría servido de todas las suciedades extralegales para darle un escarmiento inolvidable a su ex esposa, para colmo francesa.
En esa línea argumental, Arturo Montiel no solo le quitó desde hace tres años a Maude Versini a los tres hijos que tuvieron en matrimonio, sino que ha hecho imposible que los vuelva a ver. Vencida por la repugnante justicia mexicana, ella se va a Francia a preparar el contraataque.
Versini arremetió ayer desde Washington, donde promueve un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y dio a conocer que la justicia internacional ya convirtió a Montiel en prófugo.
Carezco de elementos para negarle razón a la señora Versini, pero ayer también, por primera vez, escuchamos a Montiel. Nos dijo por la mañana:
—Que quede muy claro, yo no me opongo a que ella vea a sus hijos. Son las autoridades mexicanas las que disponen el régimen de convivencia. Y cuando ella se presentó a declarar, manifestó a la juez que tanto ella como su esposo hacían actos de violencia contra mis hijos. Está videograbado. Por esa razón, me otorgaron que no tenía que restituirle a los niños.
Sé que concederle un mínimo de credibilidad a Montiel es quedar condenado por La dictadura perfecta y la santurronería política. Pero, y no recuerdo quién lo decía, con frecuencia es demasiado sencilla la verdad para que sea creída.
Como sea, el juez ya informó que todo se resolverá en un par de meses.
EXCÉLSIOR JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ RAZONESSon decenas los autobuses secuestrados en Michoacán por estudiantes de normales rurales e integrantes de la CNTE, la misma forma de operar de los estudiantes de Ayotzinapa o de los maestros de la CTEG en Guerrero. Simplemente van a la terminal de camiones se suben al autobús y se lo llevan. En ocasiones lo hacen en las carreteras y es cuando, además, se llevan las pertenencias de los pasajeros. Una vez movilizados, trasladados por esos camiones que guardan en el recinto universitario para pedir rescate, pueden utilizar los camiones o cualquier carro que se les cruce en el camino para, por ejemplo, realizar bloqueos, incendiarlo y utilizarlo de esa forma para derribar la puerta de la Casa de Gobierno o, más simplemente arrojarlo a toda velocidad contra cualquier cuerpo policial que se les cruce. En el camino se asaltan gasolineras, negocios, centros comerciales y se toman casetas de peaje donde se pide “voluntariamente” cooperación para pasar. Es un gran negocio.
Eso viene ocurriendo desde hace años, y sin duda se ha agudizado más allá de las fronteras de Guerrero y Michoacán desde la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. No hay una sola persona detenida por estos hechos que han terminado, en muchas ocasiones no sólo con enormes pérdidas materiales sino también de vidas humanas, como el humilde trabajador de la gasolinera de Chilpancingo muerto en el incendio provocado por los estudiantes de Ayotzinapa. Un crimen impune. En el mismo evento murieron por disparos dos estudiantes: los responsables de sus muertes sí han sido juzgados y están cumpliendo pena en prisión.
El miércoles el gobernador de Michoacán, Salvador Jara, exrector de la universidad local, demostró en forma palmaria por qué las autoridades han dejado a todos estos grupos hacer literalmente lo que quieran. Dijo el gobernador que en Michoacán lo último que se quiere es derramamiento de sangre durante las protestas de los normalistas. Como el PAN en el estado había pedido castigar esos delitos, preguntó qué le harían ellos “porque ya sabemos lo que hizo el Presidente panista, verdad, enfrentó a los mexicanos, hubo mucha sangre, yo no quiero sangre en Michoacán tenemos que privilegiar el diálogo siempre”. Es una estupidez indigna de alguien que detenta un cargo de esa envergadura.
Primero, porque el gobernador, como muchos otros actores del poder en México, confunde el derramamiento de sangre con el mantenimiento del orden y el derecho y quizás cree que la única forma de combatir un delito, lo realice un manifestante o un delincuente, es matándolo. La obligación del gobernador Jara, como de cualquier otro actor en función de gobierno, es garantizar el Estado de derecho y el mismo no se garantiza, todo lo contrario, cuando se le da impunidad a un grupo para hacer lo que quiera, desde bloquear hasta robar o matar, con la coartada de que no se quiere derramar sangre o coartar el derecho a manifestarse. También es una tontería mayúsculas decir que no hará lo mismo que la administración anterior que “enfrentó a los mexicanos”. Alguien tendría que explicarle al gobernador que ese enfrentamiento, que tuvo un espacio protagónico en su entidad, antes, durante y después de la anterior administración federal, era un enfrentamiento entre el Estado mexicano contra grupos delincuenciales que tenían secuestrada la entidad. Comparar el hacer respetar el Estado de derecho a grupos de manifestantes con la lucha del Estado contra el narcotráfico sólo dimensiona su falta de criterio.
Nadie puede dejar de compartir la justa indignación de los padres, amigos y familiares de los desaparecidos: lo ocurrido es sencillamente injustificable. Pero los actos de violencia como los que hemos visto en los últimos días, son también delitos inaceptables.
Ninguno de los grandes movimientos que ha luchado demandando la aparición de desaparecidos o la libertad de presos políticos, ha tenido éxito recurriendo a la violencia. Al contrario ha sido la lucha cívica la que les ha permitido lograr enormes triunfos: las madres y abuelas de Plaza Mayo, por ejemplo, fueron claves para derrotar una terrible dictadura cuyas acciones harían palidecer lo ocurrido en Iguala: imaginemos Iguala multiplicada literalmente por mil. Contra eso se enfrentaron madres y abuelas en Argentina. Hoy desde los responsables de las juntas militares hasta sus operadores están procesados, algunos presos, otros murieron en prisión. Las madres y abuelas, y vaya que muchas de ellas eran, son, aguerridas, nunca rompieron un plato, pero su valor cívico y moral les daba un peso y una influencia que perdura hasta el día de hoy en casi todos los sectores sociales de ese país.
Los familiares de Ayotzinapa le hacen un muy flaco favor a su causa dejando que la misma se identifique con la violencia de grupos que están apostando, en ocasiones, simplemente al delito, en otras a la desestabilización. Y de eso son cómplices las autoridades que han decidido no tocarlos ni con el pétalo de una rosa.
LA JORNADA JULIO HÉRNANDEZ LÓPEZ ASTILLEROHasta ahora lo único que ha logrado el aparato federal peñista es demostrar de manera irrefutable una incapacidad operativa, e incluso narrativa, correspondiente a niveles ínfimos, grotescos, tragicómicos. Esa incapacidad puede provenir de las propias fallas y taras del equipo gobernante o de una pretensión macabra de ir dosificando la información del caso ante la gravedad de desenlaces sabidos con toda anticipación, tal vez desde los primeros días posteriores a los hechos.
En ese contexto de presunta ignorancia oficial de lo acontecido con los alumnos de Ayotzinapa, la presentación en público de la pareja igualteca hizo suponer que los tiempos gubernamentales habían llegado al final de su libreto de suspenso y con rapidez se ‘‘conocería’’ la ‘‘verdad’’, cuyos trazos más pesados serían adjudicados a Abarca y su cónyuge. No dejaba de ser generoso suponer que con más de medio centenar de detenidos, sujetos a los ‘‘interrogatorios’’ bárbaros que están institucionalizados en México, el desenlace no se supiera en las alturas del poder nacional y se estuviera en espera de que el dúo guerrerense diera las claves de un hipotético enigma.
La instalación de los Abarca Pineda en el foro nacional produjo de entrada múltiples dudas y especulaciones. Días atrás se había publicado en medios estatales y en algunos portales nacionales la versión de que los esposos habían sido apresados en Veracruz. Su colocación en Iztapalapa dejó puntos polémicos relacionados con los domicilios mencionados y el desconocimiento vecinal de que se hubieran producido las movilizaciones policiacas del caso, la peculiar disposición indumentaria no sólo en tres versiones, sino especialmente en una que parecería de etiqueta en las condiciones inmobiliarias circundantes, el aire insólitamente respetuoso de los policías federales que permitieron al matrimonio preparar su partida hacia la Seido (sobre todo la esposa, que se manejaba como si estuviera cumpliendo con un trámite muy molesto pero inevitable, con un aire enojado y altanero que usualmente no es permitido ni en ínfimo porcentaje a los caídos en las garras policiacas) y el inmediato disparo de buscapiés mediáticos que enredaron más a la angustiada dirigencia perredista y pretendieron alcanzar a Morena y su máximo líder, todo con la vista puesta en las elecciones venideras.
El gasto de esa última reserva de suspenso (los Abarca) deja a la intemperie a la administración peñista, sobre todo en vísperas de la insensata salida al extranjero que Peña Nieto ha programado (a la China y a la Australia). La presión y las movilizaciones en favor de los normalistas suben de tono en explicable proporcionalidad al desguazamiento gubernamental (el desfile en Tixtla de la policía comunitaria de la CRAC, con sus armas en los brazos, junto a estudiantes de Ayotzinapa y ciudadanos, es una estampa de contenido inflamable).
E incluso asoman, también de manera explicable, las provocaciones y la violencia inducida que pretenden indisponer a la opinión pública, dar pie a campañas mediáticas en demanda de ‘‘orden’’, justificar la represión e incluso ajustar cuentas y replantear reparto de botín entre grupos priístas hasta ahora avasallados por la fiebre triunfal de la primera fase peñista, ya políticamente sepultada.
En tanto, los politécnicos sobrellevan con altura el diálogo con funcionarios peñistas sin templete al estilo Osorio Show, estudiantes de la UNAM resisten y salen adelante de un primer zarpazo judicial luego del episodio provocado de la quema de una unidad del Metrobús (lo que dio oportunidad a varios medios de colocar fotografía y tema en sus primeras planas, relegando a conveniencia la importante y concurrida marcha cívica nocturna del miércoles) y la parte de la sociedad que está preocupada por el caso Iguala y la suerte de los 43 se pregunta cuántas marchas, protestas y manifestaciones serán necesarias para conocer la verdad, conseguir justicia y cambiar este régimen putrefacto.
Quien ocupa la Presidencia de la República se mueve en ese terreno pantanoso como si estuviera en tierra firme, con total apego a las rutinas burocráticas y a la discursiva demagógica, como si este México fuera el mismo de antes de Ayotzinapa. De no conocerse hoy lo sucedido con los normalistas rurales, llegará el sábado al día 43 de la ausencia de 43. Y viajará al extranjero mientras en su país crece la exigencia de que renuncie. Una exigencia que va mucho más allá de posicionamientos y estrategias electorales de partidos políticos. El reloj político de EPN no da para más. Ya no se debe ocultar o retener por más tiempo la verdad.
Un lector, cuyo nombre se mantendrá a resguardo, relató a esta columna lo que constituye un simple botón de muestra del enorme catálogo diario de agresiones contra la ciudadanía en todo el país.
‘‘Este martes, en viaje de trabajo Monterrey-Matamoros, a las 11:00 nos emparejó en Reynosa una camioneta negra doble cabina, Ram. Preguntaron a dónde me dirigía y pidieron que me orillara para hacer una revisión, que no pasaría nada, que eran de la maña. Ya en la orilla pidieron las identificaciones y, después, el dinero que traíamos, bajo amenaza de que si nos revisaban y nos encontraban más dinero nos pondrían una putiza. Entregamos el dinero, lo tomaron y se fueron, amenazándonos con alcanzarnos con otro de ellos más delante si nos desviábamos de la ruta hacia Matamoros. Hace tres meses a otros compañeros de igual forma los atracaron. Se ven grupos de federales, militares y marinos en el patrullaje de la ciudad, en un ir y venir, pero esto no se compone, sigue peor, como acertadamente dice usted en su columna. ¿Qué hacemos?’’
Y, mientras Maude Versini exhibe la protección arbitraria y descomunal del sobrino Enrique al tío Arturo, ¡hasta el próximo lunes!
Twitter: @julioastillero
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