Oaxaca de Juárez, 5 de noviembre
MILENIO CARLOS MARÍN EL ASALTO A LA RAZÓNLos prolegómenos del primer encuentro en busca de una solución al problema planteado por la comunidad politécnica revelaron ayer fragilidades esenciales de conocimiento y argumentación en la parte estudiantil que dejan poco espacio al optimismo:
Ninguno de los jóvenes tiene facultades resolutivas porque todo lo queacuerden con los representantes del gobierno federal tendrán que someterlo a votación en asambleas… pero demandaron que los integrantes de su contraparte las tengan para satisfacer a plenitud su pliego petitorio.
Sospechosistas, desconfiaron de que figuren dos egresados del IPN entre los 15 representantes oficiales, y cabe (más allá de los méritos de los cuestionados) preguntar a quiénes quieren como sus interlocutores: ¿a puros egresados de otras instituciones públicas (UNAM, UAM, etcétera) o, peor, de las universidades privadas?
La presencia de un notario, dijo uno, les puede garantizar algo así como… ¡certeza jurídica!
Alguien debió decirles que de algo sirve contar con asesores…
CIRO GÓMEZ LEYVA LA HISTORIA EN BREVEEl gobierno del presidente Peña Nieto pudo dar al fin una buena noticia desde la noche de Iguala. Pero eso fue ayer. El efecto de la detención del matrimonio Abarca-Pineda será de rápido agotamiento si no viene acompañado de buenas nuevas.
El drama es que esas noticias difícilmente llegarán. Tracemos una ruta elemental:
* Los Abarca aportan información valiosa para orientar la búsqueda de los normalistas desaparecidos.
* La búsqueda concluye con lo predecible: los 43 de Ayotzinapa están muertos.
*Peor aún: la información de los Abarca no sirve para nada.
* La noticia de la muerte de los jóvenes enciende las protestas.
* La no información sobre el paradero de los jóvenes enciende las protestas.
La pesadilla, pues, sigue tan viva como antes. El gobierno demostró ayer que no está paralizado en la parte policiaca, pero sus mensajes siguen revelando un congelamiento en el discurso y el accionar político. La búsqueda de los normalistas continúa encimándose con la operación SOS para devolver algo de seguridad a bastas zonas de Guerrero. Y ésta con la negociación con los familiares. Y ésta con la relación con los grupos sociales que insisten en convertir la tragedia en botín. Y ésta con la incapacidad para, en simultáneo, impartir justicia, garantizar la protesta y asegurar el orden y la propiedad de terceros que no tienen por qué estar pagando por esta crisis.
La captura de los Abarca aportó oxígeno y puede ser una excelente oportunidad para sacudirse culpas y separar lo policiaco de lo político.
Y para encumbrar la eficacia y el talento.
EXCÉLSIOR JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ RAZONESLa primera y mayor sorpresa de la detención de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, ha sido precisamente esa, que fueran detenidos, que estuvieran vivos. Para muchos los Abarca se habían convertido en losMuñoz Rocha del siglo XXI. Ninguna lógica criminal podía prever que los Abarca estuvieran con vida. Por una sencilla razón: saben demasiado, pueden comprometer a demasiada gente y no parecen, tampoco, demasiado preparados para no abrir la boca.
La importancia de su detención estriba precisamente en eso: en poder saber al detalle que ocurrió el 26 de septiembre pasado, pero mucho más allá de eso, en conocer las redes de corrupción de la que eran parte, y no necesariamente la cabeza. Habrá que ver está dónde están dispuestos a hablar pero en esto hay algunos puntos clave: ¿quién ordenó los operativos de esa noche en Iguala?, una pregunta en la que podemos suponer que harán lo que sea para deslindarse de responsabilidades directas. Pero igual de importante es saber cómo opera (iba a escribir operaba, para nada indica que esa trama sea parte del pasado) la delincuencia en la región y en el estado. ¿Quién los ayudó a escapar?¿Cuál era la relación de Abarca con Lázaro Mazón y con Ángel Aguirre, pero también cuál era la relación de éste último con la señora Pineda? ¿Y cómo operaba ella como jefa política de los Guerreros Unidos, según lo declaró Sidronio Casarrubias, el líder de ese grupo criminal?¿Es verdad queGuerreros Unidos financió, vía la señora Pineda, la campaña no sólo de Abarca sino también la de Aguirre?, ¿participaron económicamente en la presidencial de López Obrador en el 2012?
Por supuesto que hay mucho más que se podría y debería preguntar y que exige una respuesta. Pero todo eso es posible por un hecho: porque los Abarca están vivos y fueron detenidos. No se encontraron sus cuerpos en una fosa común ni murieron en medio de un enfrentamiento.
Las condiciones del lugar donde vivían hace suponer que losAbarca sabían que nadie daba ya un peso porque se mantuvieran con vida: por el lugar y las condiciones parece evidente que en este último mes se tuvieron que mantener sin recurrir a ningún apoyo externo importante. Estaban solos y me temo que se escondían no sólo de las autoridades sino también de sus anteriores aliados y cómplices.
Habrá que esperar las declaraciones de Abarca y Pinedapara saber si son, como se dijo ayer, la pieza que faltaba en el rompecabezas de Iguala. Probablemente faltarán más para completarlo, pero sin duda la detención contribuirá a tener, por lo menos, una explicación mucho más completa de lo sucedido, asumiendo, de todas formas, que sin que aparezcan los jóvenes secuestrados, vivos o muertos, será imposible cerrar este capítulo.
Más allá de eso habrá que atender el llamado presidencial para lograr un pacto entre las fuerzas políticas y los distintos ámbitos de poder para garantizar el Estado de derecho en el país. Es necesario y útil pero debemos recordar que esos pactos ya se firmaron en el pasado. El más importante en agosto del 2008, con el país todavía conmocionado por el secuestro y asesinato de Fernando, el hijo de Alejandro Martí. En aquella ocasión, marcada por el discurso deAlejandro, exigiéndole a los funcionarios que si no podían, renunciaran, en Palacio Nacional estuvieron representantes de los tres poderes, todos los gobernadores y el jefe de Gobierno, legisladores, magistrados, representantes de organizaciones civiles. En aquel pacto se firmaron cerca de 80 compromisos… y seis años después no se ha cumplido plenamente ni un tercio de los mismos.
Los pactos sirven si se transforman en leyes y las leyes se cumplen y hacen cumplir. Nuestro mayor desafío, sin duda, es la impunidad: la misma impunidad que permite que policías secuestren y desaparezcan a decenas de jóvenes, y que también permite que éstos se movilicen en autobuses robados a sus legítimos propietarios o que en cada manifestación hagan exhibición de su capacidad de violencia. Es una forma de impunidad que se aprueben leyes que luego se desconocen desde el propio poder o que los delincuentes sean liberados sin mayores consideraciones.
Apenas el lunes insistíamos en que en todos los estados debe haber un nueva policía basada en el modelo de la policía federal, que deben tener mando único y que esos mandos deben estar obligatoriamente coordinados con las fuerzas federales. El cambio de la PGR en fiscalía debe obligar a un proceso similar en todos los estados pero con fiscales realmente independientes. En el poder judicial debe haber una limpia que erradique la creciente corrupción en el mismo, en todos los niveles. Todo eso debe ser parte del nuevo pacto. Pero si todo eso no es parte de leyes que se cumplan y se hagan cumplir, servirá de poco, será, una más, una suma de compromisos formalmente enunciados y nunca cumplidos.
LA JORNADA JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ ASTILLEROEn unos cuantos minutos, el fabulador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el comisionado nacional de inseguridad, Monte Alejandro Rubido, despacharon la lectura de comunicados de prensa y obsequiaron por gusto algunos comentarios extras respecto de la aprehensión del ex presidente igualteco y su guerrera esposa, dejando a los periodistas convocados a una presunta conferencia de prensa en calidad de instrumental técnico para la reproducción robótica del material que el gobierno federal decidió difundir.
La narrativa del caso incluyó una nueva pieza de suspenso, Noemí Berumen Rodríguez, quien habría ayudado a los Abarca en algunos tramos de su huida y a quien se encarceló por encubrimiento. El procurador Murillo explicó que, ya estando bajo vigilancia la mencionada Noemí (con los sabuesos oficiales husmeando en Monterrey y en Iztapalapa), resultó sospechoso que visitara una casa que estaba deshabitada, donde finalmente fueron encontrados los Abarca (‘‘y así”, como dicen algunos jóvenes en una moderna habla recortada que prefiere ahorrar detalles de lo que puede entenderse conforme al contexto y si no se entiende, pues igual).
No correspondió esa parquedad informativa de Murillo y Rubido con la expectación que causó el hallazgo de los esposos mencionados en un domicilio de la capital del país. Tan ‘‘importante’’ sería esa captura que diversos políticos, comenzando por el actual ocupante de Los Pinos, la elevaron a nichos de tal presunto éxito que pareciera que con ella la administración federal ya podría considerar cumplida una gran cuota de su responsabilidad indagatoria y justiciera. ‘‘Un gran avance’’, repetían algunos comentaristas, políticos y periodistas, aunque lo sustancial permanecía intocado. Es decir, la suerte real de los 43 desaparecidos.
La ostentosa retención informativa practicada ayer por la PGR corresponde a la política oficial de dosificación que ha mantenido el gobierno de Peña Nieto durante las semanas de la máxima crisis que ha vivido. En una apuesta al paso del tiempo y sus presuntas virtudes curativas, el peñismo ha ido prolongando en cuanto le es posible la difusión de un desenlace que es imposible no conozca a estas alturas, luego de tantos días de los hechos y luego de detenciones y confesiones de policías, narcotraficantes y funcionarios involucrados.
La falta de información precisa y la negativa a responder preguntas de periodistas aviva los temores de que, como en otros casos relevantes en la historia de los poderes priístas, las tardanzas correspondan a procesos de ajuste en la presentación de declaraciones a modo, siempre con el ingrediente político-electoral como rectoría (esa memorización de libretos a gusto del captor habría hecho que no se hubiera presentado al par de detenidos antes, según versiones publicadas en el sentido de que la fecha de apresamiento habría sido días, semanas atrás y en un lugar que no habría sido Iztapalapa).
La puesta en escena de los Abarca ha sido etiquetada de inmediato por ciertos medios y declarantes como una historia de horror, corrupción y crímenes en el mero ámbito local, si acaso en el regional, dejando fuera de cuadro lo federal. De origen se quiso condenar los hechos de Iguala a ese plano meramente municipal, a tal grado que, en uno de sus peores errores políticos, el ocupante actual de Los Pinos tardó más de diez días en abordar así fuera declarativamente el tema ‘‘remoto’’, escalando el grado de responsabilidades al nivel estatal, tratando de dejar las culpas en la espalda aparentemente muy adecuada para esos menesteres del amigo y casi compadre Ángel Aguirre Rivero, quien salió más rejego de lo previsto.
En todo caso, la multicitada detención trata de redireccionar mediáticamente el foco del interés público hacia las historias igualtecas justamente en momentos en que crece la denuncia de las responsabilidades que Los Pinos pretende eludir respecto a la inacción o complicidad de las fuerzas gubernamentales (Ejército, Policía Federal, Secretaría de Gobernación, Cisen) que presenciaron y permitieron las agresiones de policías locales y grupos del crimen organizado contra normalistas rurales (siempre vigilados por las instancias federales, rigurosamente, en todo desplazamiento) durante horas, en hechos públicos y escandalosos que no movieron a autoridad federal alguna a impedirlos y de los cuales los máximos burócratas nacionales aceptaron irse enterando hasta días después.
No es solamente Iguala ni son solamente los Abarca. El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene responsabilidades claras en ese proceso criminal sucedido en Iguala. Entre otras, el no haber actuado con rapidez y precisión frente a esas desapariciones forzosas que pronto podrían ser radicadas en tribunales internacionales ante la magnitud de esa tragedia gubernamentalmente desatendida.
Por otra parte, ubicar al matrimonio Abarca en Iztapalapa generó una vertiente muy propicia para la especulación, pues en esa delegación capitalina confluyen intereses, personajes y recursos relacionados con la izquierda electoral que largamente ha tenido el control de esa demarcación. El actual jefe delegacional, Jesús Valencia, fue impulsado por Marcelo Ebrard, pero ya se separó de él para integrarse a otra corriente perredista. En esa demarcación se concentra casi 20 por ciento del padrón electoral del DF y allí se librará una fuerte confrontación entre Morena, con Clara Brugada al frente, y el PRD, que podría presentar a Dione Anguiano o a Aleida Alavez, con el ahora priísta René Arce buscando abrir cauce a alianzas PRI-Panal-Verde en la capital del país. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Compartir
