Oaxaca de Juárez, 23 de octubre
MILENIO CARLOS MARÍN EL ASALTO A LA RAZÓNEl relato del procurador Jesús Murillo Karam disipa dudas y sofoca especulaciones.
Las diligencias ministeriales que encabeza sobre los asesinatos y desapariciones en Iguala conducen a una sola dirección: la del ex alcalde José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y el grupo criminal del que son, o eran, testaferros.
El matrimonio, molesto porque los normalistas rurales pudieran irrumpir (algo así sucedió el año pasado, recordó Juan Pablo Becerra-Acosta este lunes en MILENIO) en el destape virtual de la señora para el ayuntamiento, ordenó a sus policías y compinches de Cocula reprimir y entregar a los jóvenes a la banda Guerreros Unidos.
La PGR capturó el fin de semana al capo Sidronio Casarrubias, a quien uno de sus principales achichincles (El Gil), le “reporta vía mensaje celular los conflictos que se estaban suscitando” (la noche del ataque a los estudiantes), dijo el procurador, “atribuyéndolos al grupo delictivo contrario…”, o sea: Los Rojos.
De lo sucedido se sabe ya qué, quiénes, dónde, cuándo, cómo y el por qué.
Falta… dar con los desaparecidos.
CIRO GÓMEZ LEYVA LA HISTORIA EN BREVEPropuse ayer aquí que el miércoles era un buen día para que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, leyera las señales y dejara el cargo, atendiendo el exhorto que le hacían el PRI y el PAN, y un coro retumbante de las sociedades política y civil.
Dije que incluso sus otrora aliados y cercanos habían comenzado a sugerirle que se marchara todavía con un mínimo decoro. Qué equivocado estaba. Pintado de guerra y por lo visto designado para encabezar el primer frente de defensa, el senador Sofío Ramírez, del PRD, salió temprano por la mañana a exclamar que Aguirre no se va, porque quienes piden su renuncia son solo las voces irresponsables del centro del país.
El senador Sofío sabe que eso no es cierto, que hay un clamor contrario a Aguirre y una creencia de que su partida bajaría en algo la tensión en una entidad que no cesa de registrar sucesos impensables e inaceptables, como la quema ayer del palacio municipal de la estigmatizada Iguala, así como el saqueo de una plaza comercial.
Pero en sus palabras de defensa, el senador Sofío dibujó el nuevo recurso retórico de los aguirristas: somos tan responsables de Ayotzinapa como lo es el gobierno federal.
Aguirre, pues, se ha atrincherado con tres banderas:
1. Los senadores del PRI y el PAN quieren lincharnos.
2. Miles de guerrerenses están con su gobernador.
3. Si el gobierno federal la emprende contra nosotros, vamos a complicarles endiabladamente las cosas.
Lo que están diciendo, en buen romance, es: háganle como quieran, nosotros no nos vamos.
Y el que no crea, que haga la prueba.
EXCÉLSIOR RAZONES JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZAyer, al mismo tiempo que corrían como pólvora los rumores de que José Luis Abarca había sido encontrado muerto en un operativo en Puebla (en realidad en ese operativo en Puebla se detuvo a cuatro personas pertenecientes a un grupo criminal, pero ninguno relacionado con el caso Iguala), la PGR desmentía esos hechos, pero daba un pormenorizado informe sobre las investigaciones realizadas desde que asumió el caso.
Un sólo dato demuestra la desconfianza profunda de las autoridades federales en las del estado de Guerrero: se ha encargado a un tercero, en este caso el equipo de forenses argentinos que coadyuvan en la investigación, que volvieran a tomar las muestras de ADN que originalmente fueron recogidas por la procuraduría local y entregadas a la PGR, para cotejarla con los de los 30 cuerpos encontrados en las nueve fosas que ha hallado la procuraduría en la zona donde se supone fueron trasladados los normalistas. Se quiere confirmar que las muestras originales efectivamente sean de los familiares de los desaparecidos.
El relato que hizo Jesús Murillo Karam confirma la participación del alcalde Abarca, de su esposa y de su jefe de policía en los hechos y también la forma en que éstos se dieron. La policía de Iguala, la de Cocula, los grupos de Guerreros Unidos, autoridades municipales, todos participaron en el operativo y más tarde se transformaron patrullas, se modificaron bitácoras, se trató de ocultar los hechos. En buena medida eso explica lo terrible de que se hayan perdido los primeros cinco, seis días, buscando a los jóvenes casa por casa, dejando escapar a todos los principales responsables, desde el presidente municipal y su esposa hasta el jefe de policía pasando por el narcotraficante corresponsable de los hechos, que ahora sabemos que se apodaba El Gil.
Por eso, más allá de cualquier otro presunto delito, ahí reside la principal responsabilidad del gobierno estatal. Esa omisión, si somos generosos con las palabras, que permitió que todos se fugaran, que las pruebas se escondieran, que las huellas se borraran. No es verdad, como dijo el gobierno estatal, que el presidente municipal no podía ser puesto bajo vigilancia porque tenía fuero, y sin duda no lo tenían ni su esposa ni el jefe de policía, tampoco los elementos policiales que hasta que no llegaron las fuerzas federales, días después, no fueron investigados en absoluto por las autoridades locales que habían decidido que los jóvenes estaban escondidos. Sólo por esa responsabilidad, el exhorto realizado ayer por el PRI y el PAN para que Ángel Aguirre deje su cargo estaría plenamente justificado.
Pero si se hace un análisis mucho más profundo de los otros 13 municipios de Guerrero, además de Ixtapan de la Sal, mexiquense, pero también gobernado por el mismo grupo político, donde han tomado el control las fuerzas federales, el escenario que tenemos es desolador: Iguala podría haber ocurrido en cualquiera de ellos, entre sus alcaldes hay de todo, desde algunos que han aparecido en videos con narcotraficantes hasta cantantes de corridos simpatizantes del cártel deLa Familia. El control federal tendrá que ampliarse y cuando eso ocurra seguirán sumándose los datos sobre la narcopolítica y sus complicidades en el Estado. Cuando comenzó la intervención federal dijimos que sería la Marina la que se encargaría de las costas, sobre todo de Acapulco y Zihuatanejo, el Ejército de las zonas rurales, la Policía Federal de reemplazar a las municipales y el Cisen y la PGR de las investigaciones. Ese panorama se ha convertido en realidad y el operativo seguirá creciendo en la misma medida en que se extiende la debilidad del gobierno estatal y sus aliados, que ya no sólo recurren a las amenazas o los intentos de comprar silencio, sino también a campañas de trolls que inundan redes sociales con mentiras e inventos contra sus críticos.
El lunes el periódico La Razón demostró cómo desde esos grupos y otros cercanos a Morena (cuyo líder sigue sin decir una palabra sobre las relaciones de su precandidato al gobierno del estado Lázaro Mazón, conAbarca) se están inventando Trending Topics en Twitter utilizando cuentas falsas, creadas exprofeso con ese fin. Ayer volvieron a hacerlo inventando supuestos pagos a periodistas, incluido un servidor, entre los que se encuentran algunos de los que más hemos criticado a Aguirre. La campaña fue lanzada a las 12 de la noche a través de cuentas falsas, todas con nombres de muchachas dignas de un club nocturno de cuarta, algunas con fotos sin ropas o muy sugerentes, que no tienen ninguna más de cuatro o cinco seguidores y que es la primera vez en que escriben un tuit.
No sólo son cobardes que no se atreven a poner sus nombres, a dar la cara, no tienen vergüenza, pero cómo podrían tenerla si son los mismos que solapan masacres sin rubor alguno. Son, en última instancia, medidas desesperadas ante una crisis que sin duda golpea al país, pero que a sus principales actores sencillamente los está hundiendo.
LA JORNADA JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ ASTILLEROEntre la ausencia de avances reales sobre el tema central, el marrullero Murillo Karam quiso asentar la tesis oficial de ‘‘la pareja solitaria’’ (homenaje al libretista de la obra Aburto y Lomas Taurinas, 1994, editorial Los Pinos), un encapsulamiento local del binomio política-crimen organizado que remitiría sólo a lo municipal, Iguala como coto único de alta corrupción, a la hora de investigar y castigar el horror de fosas, levantones, torturas y asesinatos, además del financiamiento de campañas electorales y el cobro de regalías cuando el candidato ya está en el poder. Empecinado en individualizar el expediente de lanarcopolítica en el matrimonio formado por José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda Villa, el marrullero priísta hidalguense dibujó con pinceles expertos un autorretrato (este tecleador estuvo a punto de escribir selfie o usie, para verse más nais) de la clase política de todo el país, durante varias décadas y en todos los niveles.
El entretejido elemental que Murillo puso sobre la mesa para tratar de inculpar focalizadamente a ‘‘la pareja solitaria’’ es una confesión global, una radiografía colectiva, una develación esclarecedora de los mecanismos de entendimiento entre los poderes económicos, en este caso el llamado crimen organizado (CO) y los políticos que en realidad también forman parte de éste. Dinero para campañas de candidatos que, llegados al poder, entregan parcelas administrativas y conceden franquicias para el saqueo del erario a cuenta de lo recibido. Sicarios al servicio de los figurines políticos para enfrentar y acallar a los críticos y opositores. Convicción de impunidad blindada, pues a fin de cuentas todo está ‘‘arreglado’’. De lo micro a lo macro. De las presidencias municipales a las gubernaturas y al plano federal, pasando por las cámaras legislativas, las estructuras del Poder Judicial, las mafias partidistas, los procuradores, las policías y las fuerzas armadas, con la jugosa complicidad de empresarios, alto clero y medios de comunicación ‘‘amigos’’ y una sociedad cívicamente adormecida hasta que llegan casos extremos como el de Iguala (de los rubros antes mencionados se habla en general, a sabiendas de que en todo hay excepciones).
El otro ingrediente destacado dentro del rollo murillista es la pretensión de llevar el tema de Iguala al casillero del narcotráfico. A los normalistas los ‘‘confundieron’’ los policías de Iguala, ayudados luego por los del vecino municipio, Cocula, y los altos jefes del bando gobernante,Guerreros Unidos. Pensaban que eran parte de sus adversarios asentados en Chilpancingo, Los Rojos. Por ello la saña. Esa especie ya ha sido esparcida por funcionarios federales que hablan en corto a periodistas para que éstos la difundan sin fuente oficial. El siguiente paso podría ser ir ‘‘encontrando’’ que los normalistas rurales eran financiados por uno de los bandos regionales del narcotráfico,Los Rojos, en una historia de entendimientos al estilo colombiano entre guerrillas y cárteles. Y todo podría ir quedando, conforme al guión oficial, en un mero ajuste de cuentas. Se matan entre ellos. Condición normalista colateral.
El estilo de predilección por lo legaloide y el aparente culto extremo por el estado de derecho y sus tiempos, fases y restricciones, fue detonado ayer mismo por una serie de preguntas que le planteó la reportera María Idalia Gómez, del portal Eje Central, particularmente la que pedía explicar por qué intervino tan tarde la PGR en la tragedia igualteca. ‘‘¿Es discurso o es pregunta?’’, apremió el impaciente procurador, que se había pasado largo rato soltando un discurso sobre hechos conocidos y urdimbres de las que los sucesores suelen desmarcarse sonoramente (La Pacacomo referente metodológico, por dar un ejemplo).
Aunque, en realidad, el ex gobernador de Hidalgo no tiene mucho de qué preocuparse, pues por arreglos entre EPN y la ‘‘oposición’’ será fiscal general de la República durante los nueve años próximos, autónomo e inamovible a tal grado que si a Los Pinos llegara un opositor tendría a Murillo Karam durante cinco años de ese sexenio como jefe máximo de la procuración federal de justicia. Por lo pronto, dejó evidencia pública del talante poco respetuoso hacia el ejercicio reporteril y la vocación autoritaria hacia un periodismo postrado, que sólo haga preguntas cómodas, circunscritas a los trazos que el funcionario desea, condicionadas incluso a un número establecido a sus pistolas por esos presuntos servidores públicos que en este caso deberían estar empeñosamente dispuestos a explicar e informar hasta el cansancio lo que los mexicanos demandan saber.
Otros asuntos daban muestra de la purulencia institucional, mientras ciudadanos marchaban y manifestaban por las calles su exigencia de verdad y justicia en el caso Ayotzinapa. Un personaje de apellido Plascencia, jefe de la plantilla de consumidores impunes de gran presupuesto público para hacer recomendaciones condicionadas por los poderes políticos, meras elaboraciones sin consecuencias prácticas, buscaba colocarse en ruta de ser designado otros años en la ubre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Amado Yáñez era detenido para diversificar la atención pública y para permitir reposicionamientos grupales en el gran negocio de corrupción llamado Oceanografía. Y gendarmes, policías federales y marinos irrumpían en El Carrizalillo, Guerrero, al estilo de los peores momentos de represión de décadas anteriores, en busca de fosas y criminales involucrados en lo de Iguala () . ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
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