Oaxaca de Juárez, 14 de octubre
MILENIO EL ASALTO A LA RAZÓN CARLOS MARÍNAyer con Pepe Cárdenas, en Radio Fórmula, Rafael Cardona dijo en suCristalazo algo así como que apenas están comenzando a moverse las olas del tsunami que viene.
Más tarde, en El asalto… de MILENIO Tv, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Miguel Barbosa, opinó que las autoridades están obligadas a esclarecer, pero “¡en días!”, el estrujante caso de los normalistas rurales de Ayotzinapa porque inclusive, si jurídicamente se llegara a saber lo que ocurrió con ellos y los culpables materiales e intelectuales fueran atrapados, el problema es de tal naturaleza que, en rigor, “nunca se resolverá”.
Nada más cierto: lo que sucedió ayer en Chilpancingo, aderezado con el activismo del magisterio disidente oaxaqueño y michoacano (sus cuadros se preparan, precisamente, en las normales rurales); el anuncio del ERPI sobre la creación de una “brigada de ajusticiamiento”; los disparos de policías ministeriales a estudiantes del Tec y Chapingo, más la inevitable permeabilidad de la UNAM y el IPN, son signos deltsunami de un problema tan irresoluble como el 2 de octubre…
LA HISTORIA EN BREVE CIRO GÓMEZ LEYVAAsí sea como fugaz metáfora de un día, los normalistas de Ayotzinapa consiguieron ayer desaparecer los poderes en Guerrero.
El problema no es tanto la agresividad que mostraron ni la impunidad con que se movieron, sino que este problema no tiene a la fecha siquiera una fórmula aproximada de solución. Por tanto, como difícilmente aparecerán los 43 jóvenes de la noche del 26 de septiembre en Iguala, los normalistas tendrán vía libre para seguir actuando. La violencia criminal le está dando facultades a la violencia político-social.
El fin de semana, en Washington, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, respondió a pregunta expresa que, “por supuesto, hechos tan graves pueden tener un efecto sobre la percepción del país en general en la comunidad económica, en la comunidad de inversionistas”.
Si tuviera oportunidad, le preguntaría a Videgaray después de lo ocurrido ayer en Chilpancingo:
* ¿Qué tan lejos está México del 23 de marzo de 1994, de una salida masiva de capitales que estropee todo un proyecto?
* ¿A partir de qué indicador de violencia comienzan a ponerse nerviosos los mercados?
* ¿Cuándo y en qué cantidades comenzarán a llegar las inversiones producto de las reformas estructurales, en especial la energética?
* ¿La Secretaría de Hacienda mantiene el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana en 2.7 por ciento?
* ¿Qué garantías de seguridad puede dar hoy el gobierno federal a los inversionistas extranjeros en Guerrero, Tamaulipas, Veracruz…?
Y una de pilón, al ex coordinador de la campaña presidencial: ¿Qué se juega el gobierno en la crisis de Guerrero?
EXCÉLSIOR RAZONES JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZCuando el presidente Peña llegó la semana pasada a la reunión de la Conago estaba un poco más que molesto. Y tenía toda la razón. Primero, porque comprobó que en el encuentro de Aguascalientes estaban casi todos los gobernadores del país, pero faltaba uno: el de Guerrero,Ángel Heladio Aguirre que decidió no ir a dar la cara sobre lo que sucedía en su estado. Pero más allá de eso, porque lo sucedido en Guerrero había dado al traste con una política seguida durante casi dos años para desactivar los temas de seguridad y hacer crecer la confianza en la economía y el desarrollo del país a partir de la agenda de reformas.
El reclamo en la parte privada de la reunión fue airado, y la demanda concreta: que los gobernadores se aplicaran, que se metieran en la depuración de sus cuerpos policiacos y que dieran solución a los problemas. La plática fue larga y la llevó, en buena medida el propio presidente, no tuvo casi réplicas. Me imagino que la molestia presidencial debe haber crecido con el paso de los días. Primero, el gobernador de Guerrero, ante la declaración del presidente Peña de que se castigaría también la omisión de los mandatarios en sus labores, lanza la mala ocurrencia de pedir una consulta nacional organizada por el INE para decidir si se quedaba o no en su puesto. Luego, la dirigencia del PRD, para matizar el disparate del gobernador, pidió “sólo” un referéndum estatal. En ese momento, Human Reight Wacht, la OEA, el departamento de Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, entre otras instituciones, exigían al gobierno mexicano esclarecer los hechos en Iguala. El gobernador no tiene mejor idea que decir que los cuerpos hallados en las fosas (para el viernes había otras cuatro fosas comunes con un número indeterminado de cuerpos dentro de ellas) no correspondían al de los normalistas, a lo que tuvo que responder nada menos que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, desmintiéndolo, ya que dijo que como no están concluidos los peritajes que está haciendo la PGR, no se podía establecer, en ningún sentido, la identidad de los cuerpos. Pregunta al margen, si lo cuerpos no son de los normalistas, ¿de quiénes son? Si los normalistas no hubieran desaparecido ¿nadie se hubiera preocupado o indagado sobre esas otras desapariciones?
Ya con el gobernador declarando que tenía “la conciencia tranquila” sobre lo ocurrido en Iguala, lo que exalta su capacidad de relajarse o deja en entredicho la existencia de conciencia, su policía, ahora la estatal, vuelve a dar la nota al tirotear un automóvil del Tecnológico de Monterrey, hiriendo a un estudiante alemán. La explicación del subprocurador del estado es que le dispararon al carro de los universitarios del TEC porque ellos oyeron un disparo… y entonces, como es lógico, tendrá uno que explicarse a sí mismo, cualquier policía la emprende a balazos con todo el que esté cerca. Se trató de una confusión, dijo el subprcurador. En realidad, no es una confusión, no puede haberla, es una barbaridad y constituye otro crimen que tiene que ser investigado y castigado, pero que demuestra cómo funcionan las cosas, en el nivel municipal pero también en el estatal.
Cuando no se terminaba de enfriar la noticia del ataque al estudiante alemán del TEC, el departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viajes, y además de varias advertencias respecto a diferentes entidades de la república, en el caso de Guerrero sugiere a los turistas de su país que aplacen todos los viajes no esenciales a cualquier parte del estado, incluso a Acapulco. Y si van a Zihuatanejo o Taxco los invita a extremar precauciones.
Pues bien, incluso antes del ataque al carro del TEC y de la recomendación del Departamento de Estado, la encuesta de BGC y asociados que publica Excélsior todos los lunes, muestra que el 42 % de los encuestados cree que el gobernador es el responsable de los hechos de Iguala (un 19% que el gobierno en general y otro 20% responsabiliza al gobierno municipal) mientras que el 69% cree que este crimen se cometió por la complicidad de autoridades municipales y estatales con el crimen organizado y solamente el 17% de los encuestados considera que el gobierno estatal está haciendo lo suficiente para encontrar a los desaparecidos. No deja de ser desconcertante que un 62% opine que el gobernador no debe renunciar. ¿Por qué? No es porque no se le vea como responsable (el 70% lo considera así), sino a que se ha insistido en que a unos meses de las elecciones ello no cambiaría nada. Quizás es así, pero se debe ir. Su salida, por lo pronto impediría que se desechen omisiones y responsabilidades y que se trasmita al mundo una imagen de impunidad, de manipulación de la información y de completo abandono institucional. Lo que viene siendo en ese estado, además, un hecho recurrente.
LA JORNADA JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ ASTILLEROSurrealismo político (una forma elusiva de este tecleador para no utilizar el término ‘‘irracionalidad’’) el escuchar al ocupante formal del Poder Ejecutivo de un país parcialmente en llamas (donde aún no hay incendio se vive en un tenso rosticero) discurseando dislocadamente sobre mucho menos que buenas intenciones, pues frente al negro salvaje de la realidad resulta poco ético y sensato bordar palabrería en rosa. ‘‘En México los derechos humanos son la piedra angular de nuestro orden constitucional, y deben serlo también de nuestra realidad cotidiana’’, decía Peña Nieto ante el gobernador Moreno Valle, satisfecho de que nuevos escándalos condenen al archivo de la desmemoria el caso del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, asesinado en un tramo de la autopista Puebla-Atlixco por policías estatales en estreno de la llamada ley bala, aprobada para enfrentar con disparos de armas de fuego las protestas políticas y sociales ‘‘desbordadas’’.
Peña Nieto proclamaba su ‘‘firme compromiso’’ con los derechos humanos, y leía párrafos sobre una hipotética sociedad civil que trabaja alegremente con los gobiernos para construir un mundo mejor, frente a la decimosegunda edición de los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil. El comité organizador de estas sesiones poblanas está integrado por el Centro Mexicano para la Filantropía (el Cemefi, en el que convergen fundaciones y empresas que usualmente aprovechan ventajas fiscales para practicar piadosos lavados de imagen, entre ellas, por ejemplo, la Fundación Grupo Monex), el Nacional Monte de Piedad y las fundaciones Azteca, Carlos Slim, Manuel Arango, Mexicana para la Salud y Televisa. Este comité es presidido por Raúl Medina-Mora Icaza.
Tal es la ‘‘sociedad civil’’ que Peña Nieto elogia con ánimos sustitutivos de la que estremece en calles, plazas y edificios públicos al régimen de simulaciones cupulares. En Chilpancingo, ayer mismo, normalistas, profesores y activistas diversos obstruyeron el funcionamiento de las burocracias aposentadas en el palacio de gobierno y en el Congreso estatal. La demanda es internacionalmente conocida, pues busca la aparición con vida de los estudiantes de Ayotzinapa secuestrados en Iguala pornarcopolicías que forman parte de lanarcopolítica generalizada que aún mantiene el mando formal en elnarcoestado mexicano.
Además, se demanda el castigo a los responsables materiales e intelectuales y la renuncia de personajes claves, como el (todavía) gobernador Ángel Aguirre Rivero, al que la noche del domingo le sumaron a su abundante colección de errores y abusos punibles un suceso extraño en el que policías estatales dispararon en una operación aún confusa contra una camioneta en la que viajaban 10 estudiantes, cuatro de ellos extranjeros, dejando a uno de éstos, alemán, herido de bala. Contando por sí mismo con suficientes puntos negativos que deberían llevarlo a la renuncia, el riesgo de escándalo directamente relacionado con lo internacional parecería tener dedicatoria de interesados en propiciar esa declinación, fuesen caciques priístas locales antes aliados del propio Aguirre o enojos centralistas ante la reticencia de éste a dejar el cargo como desde la ciudad de México le han demandado.
En ese contexto de autoengaños de las élites gobernantes y de pugnas entre bandos tan embarrados unos como otros (aprovechando el priísmo las graves pifias del PRD y Aguirre Rivero para tratar de abrirle camino electoral a alguna pieza probablemente relacionada con una calva demandante de cuotas regionales), la protesta de profesores y normalistas significó en Chilpancingo la instalación de briosos cercos al Congreso estatal y al palacio de gobierno, llegándose en este inmueble al incendio de parte de sus instalaciones.
Fuego en la capital guerrerense como resultado de la indignación extrema por la matanza de estudiantes de Ayotzinapa y por el engaño y las manipulaciones de autoridades municipales, estatales y federales que han convertido los expedientes de Iguala en cartas de macabros juegos electorales y en una contundente demostración de que el régimen político actual ha llegado a sus peores, e inaceptables, niveles y que no puede seguir adelante la nación con un esquema de ‘‘representación popular’’ fundado en la corrupción, la injusticia y la criminalidad organizada.
La suerte de Aguirre Rivero quedó echada desde los sucesos de Iguala, pero tanto él como su partido, el del sol azteca, han pretendido extender una agonía cantada. Pero no es el único responsable. La administración federal tiene plena corresponsabilidad del catastrófico estado de la nación y en especial de los hechos relacionados con el narcotráfico y delitos conexos que se han constituido en el verdadero poder del país. Obviamente, las tentaciones de la represión cruda cruzarán por los escritorios del gobierno formal, pero México necesita cambios profundos para tratar de rehabilitarse, y no mano dura ni más cerrazón.
Y, mientras UNAM y UAM realizan un paro de 48 horas en apoyo a Ayotzinapa, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
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