Oaxaca de Juárez, 25 de agosto. Los escándalos en el partido guinda no paran. Se suceden unos tras otros: Rocha Moya, Andy, Marina del Pilar, la Barredora, el huachicol fiscal, Finabien, Segalmex…
Las filtraciones de Los Ángeles Times o el New York Times sobre investigaciones en EUA a otros gobernadores de Morena por lazos con narco –Alfonso Durazo, Sonora, Américo Villarreal, Tamaulipas– quedaron en eso. No se volvió a hablar del tema.
El patrón seguido por el gobierno guinda ha sido el mismo: protección política, deslindes selectivos y mínima rendición de cuentas cuando los involucrados son del partido.
¿No mentir, no robar, no traicionar? Mmmm.
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La conclusión de lo trabajos de la Comisión Permanente, celebrada ayer en las instalaciones del Senado, no fue ajena a esos escándalos.
El oficialismo y la oposición terminaron en lo mismo de siempre: descalificándose.
Los primeros reprocharon la complicidad del PRIAN con la “derecha internacional”, hablaron de los viajes de Alito Moreno a EEUU y lo presentaron como vendepatrias. Se burlaron de la “inexistencia” de una oposición real.
Los segundos pusieron el acento en los escándalos del “narcopartido”, la desobediencia de Rocha Moya a la presidenta Sheinbaum y el señalamiento de que AMLO estuvo detrás del fallido regreso del gobernador de Sinaloa.
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, abrió la ofensiva de la oposición.
Lamento que el oficialismo rehusara debatir el caso Rocha Moya y Sinaloa en la agenda política.
Les dijo a los de Morena que sus pugnas internas los debilitan y le hacen daño al país “porque hacen que este tenga dificultades”
La senadora panista Lilly Téllez considero que no debemos conformarnos con la nueva licencia de Rocha Moya, ni con el deslinde que todo Morena hizo — del abortado regreso del ahora ex gobernador de Sinaloa.
“Debe ser extraditado”, subrayó.
El morenista Gerardo Fernández Noroña, en su turno, pidió que pusieran un video sobre los manotazos que hace un año le puso Alito en la tribuna de la Comisión Permanente, mientras explicaba:
“Seis senadores del PRI, cuatro que no eran de la miembros de la Permanente, me acorralaron para agredirme físicamente…bajo pretexto de no les había dado la palabra.
“Suponiendo, sin conceder, que fuera cierto, aunque es falso, no había ninguna justificación para esa agresión cobarde. Seis pandilleros disfrazados de legisladores, para vergüenza del parlamento”, puntualizó.
La de Rocha Moya ya no es licencia “indefinida”. Es definitiva. Así lo dio a entender la presidenta Sheinbaum en la mañanera,.
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La salida de Mónica Soto del Tribunal Electoral es una evidencia más de la descomposición de este órgano supuestamente encargado de resolver controversias, calificar elecciones, y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos.
No sólo es que el TEPJF se haya quedado sólo con cinco de los siete magistrados que, por Ley, debe tener ese órgano electoral, sino que la mayoría de sus integrantes no protegen los derechos de los ciudadanos, sino los del partido en el poder.
Ejemplos sobran de que los magistrados del TEPJF –a excepción de Janine Otalora y Reyes Rodríguez—se convirtieron en apéndice del oficialismo.
1.- Validaron la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados tras las elecciones del 2024. Morena y aliados obtuvieron el 54 % de los votos en las urnas , pero tienen 73% de las curules en la Cámara de Duputados.
2.- Avalaron la elección judicial de 2025, pese a evidencias de “acordeones” (listas repartidas por estructuras de Morena y gobiernos afines para orientar el voto hacia candidatos cercanos). El tribunal rechazó anularla.
3.- Es evidente su tolerancia con procesos internos de Morena que opositores consideran actos anticipados de campaña.
4.- La extensión de períodos de magistrados existentes hasta 2028, mientras se eligieron nuevos por voto popular en 2025.
Los nuevos (como Gilberto Bátiz García, actual presidente, y Claudia Valle) fueron señalados por aparecer en acordeones o tener cercanía con el poder.
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Para justificar su renuncia, Mónica Soto alegó que su ciclo en el Tribunal terminó después de casi diez años en la Sala Superior y que tenía un compromiso de temporalidad con su familia.
No hay causa grave que justifique su separación, como exige el requisito constitucional, pero ya sabemos la máxima del líder supremo: “No me vengan con el cuento de que la Ley es la Ley”.
Fuentes allegadas al tribunal nos aseguran que la abogada y jueza federal no solo tuvo fricciones con los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, otrora sus aliados, sino también con el actual presidente del Tribuna, Gilberto Bátiz, impuesto por AMLO.
Una de sus mayores frustraciones, agregan las fuentes, es no haber podido prolongarse como presidenta del Tribunal
Rumores de pasillo colocan a la abogada Soto en el consulado de México en Houston, que actualmente ocupa María Elena Orantes.
Otras versiones hablan de que quiere el consulado en Barcelona.
Legalmente está impedida de ocupar un cargo público por dos años, a partir de su renuncia, pero en la 4T eso es lo que menos importa.
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