Artículos y columnas políticas (08:20 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo

En representación de aproximadamente 70 mil agremiados, la sección 22 del magisterio acordó ayer “iniciar con el boicot a las elecciones federales”, trasladando el plantón de varios meses que mantiene en el centro histórico de la capital estatal a una “toma indefinida” de las oficinas de los once distritos electorales del Instituto Nacional Electoral en esa entidad, y anunció que impedirá la instalación de casillas en planteles escolares.

La baladronada huele a otro de sus habituales chantajes para sangrar el erario, pero corresponde a la naturaleza caciquil y antidemocrática del membrete Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

En rigor, el anuncio entraña la amenaza de cometer un delito electoral de proporciones colosales, a manos de “servidores públicos”.

Si los delitos del orden común cometidos por empleados del gobierno (ni se diga si son policías) se castigan hasta con el doble de las condenas a particulares, ¿quién procurará justicia para casi ¡tres millones de empadronados! cuando los delincuentes electorales son vividores del erario que debieran enseñar civismo?

cmarin@milenio.com

En julio de 2013, un grupo de Templarios emboscó a un contingente de la Policía Federal en Aquila, Michoacán. Varios agentes murieron y el mensaje que enviaron los criminales a las autoridades era que ellos tenían control de ese territorio y que no permitirían que la PF ingresara en él. Ese mismo día, las autoridades federales se convencieron de dos cosas: primero, que con la Policía Federal en el estado no era suficiente (ya antes los policías federales habían sufrido emboscadas brutales: eran el objetivo preferido de Servando Gómez La Tuta y de Nazario Moreno, El Chayo) y que se debía intervenir de lleno en el estado. A partir de allí se desarrolló otro fenómeno: el surgimiento en el estado de los grupos de autodefensa, muchos impulsados por agricultores y empresarios locales, otros por grupos rivales de los Templarios que habían sido desplazados o que querían ingresar en ella, entre ellos, el cártel Jalisco Nueva Generación (JNG), que antes había sido conocido como los matazetas.

Seis meses después de aquella emboscada en Aquila, el gobierno federal intervino Michoacán. El viernes pasado, un contingente de la Policía Federal (de la división Gendarmería) fue emboscado por integrantes del cártel JNG en Ocotlán, no demasiado lejos de la frontera con Michoacán. Hubo diez muertos, incluyendo cinco elementos de la Gendarmería. Se podrá argumentar que no es más que uno de los sucesos desgraciados, de los enfrentamientos, que se dan ante la violencia criminal en algunos puntos del país.

Pero éste lo trasciende. Lo que preocupa a las autoridades de seguridad federales, como ocurría en Michoacán, son las características de esa emboscada. Los hechos no ocurrieron en la sierra ni en la profundidad de la noche. Se registraron poco después de las nueve de la noche en plena ciudad (Ocotlán tiene cien mil habitantes) cuando elementos de la Gendarmería de la Policía Federal, a bordo de siete camionetas (o sea no era un grupo aislado de elementos), realizaban labores de patrullaje y reconocimiento en la colonia La Mascota.

Una de las unidades policiales se desplazó hacia un vehículo blanco que le pareció sospechoso. Desde ese carro un sicario comenzó a disparar con un arma larga contra los agentes federales. Los elementos policiales buscaron resguardo y repelieron la agresión, con apoyo del resto de los efectivos federales. Pero repentinamente se vieron rodeados por docena, quizás más, dicen los testigos, de vehículos con sicarios. Eran más de treinta sicarios los que participaron en la emboscada. Hubo cinco agentes caídos, tres criminales y dos víctimas civiles. Pero sólo el entrenamiento de los agentes evitó que la emboscada se convirtiera en una masacre de gendarmes.

Lo que preocupa y ocupa a las autoridades, incluyendo al gobernador Aristóteles, es que ningún grupo criminal hace tal despliegue y exhibición de fuerza sin estar convencidos, como ocurría con los Templarios en Michoacán, de que ése es su territorio y que no aceptarán control alguno de las autoridades. Enfrentamientos hay muchos, pero ¿cuándo recuerda usted que una treintena de sicarios, a las nueve de la noche y en una ciudad relativamente importante, decida emboscar nada menos que a siete patrullas de la Policía Federal? Sólo hay ejemplos de ello entre el 2011 y el 2013, en Michoacán.

El cártel Jalisco Nueva Generación es, desde hace ya un buen tiempo, la organización criminal que más preocupa a las autoridades. No son tan conocidos como los de Sinaloa, los Zetas, los Templarios u otros, pero hoy son probablemente los más poderosos, los que han mostrado mayor capacidad de expansión y los que se han ido apoderando de muchos de los espacios que los otros cárteles han ido perdiendo ante los golpes recibidos. Sus grandes rivales, los Templarios, están casi desaparecidos; a sus otros rivales, los Zetas, que han sufrido toda clase de golpes, los han arrinconado en Zacatecas y en parte de Nayarit, y los de Jalisco Nueva Generación avanzan cada vez más sobre ese territorio. Si bien no han roto en forma violenta, aún, con el cártel de Sinaloa, desde la caída delChapo Guzmán, se han independizado por completo. Su principal negocio son las drogas sintéticas, pero operan también con marihuana, heroína y cocaína. Y dicen los analistas federales que su capacidad económica es cada día mayor.

Ocotlán será un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en Jalisco. Un estado que a muchos desconcertó que en noviembre pasado el presidente Peñapusiera junto con Michoacán, Tamaulipas y Guerrero, como prioridad en materia de seguridad. Hechos como los ocurridos en Ocotlán demuestran por qué se decidió dar ese paso. Pero las razones son mucho más profundas, estructurales y están relacionadas con la decisión de no permitir que Jalisco Nueva Generación siga creciendo hasta convertirse en una amenaza que vaya más allá de lo local. Y Jalisco, en casi todos los sentidos, es mucho más importante que Michoacán.

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