Artículos y columnas políticas (07:55 h)

Ese día, el coahuilense Humberto Roque Villanueva enfrentó con entusiasmo desbordado lo que los opositores consideraban un fuerte golpe a la economía popular y, entre los gritos de ¡Se ve, se siente, Salinas está presente! que coreaban en cierto momento quienes estaban en contra (el conteo final fue de 172 sufragios adversos, entre panistas, perredistas y petistas, más el independiente Adolfo Aguilar Zinzer y el único priísta disidente, Alejandro Rojas Díaz Durán) y de ¡Zedillo, Zedillo! de los priístas (que se impondrían con 290 votos), se produjo una fotografía memorable, pues Roque, quien era coordinador de la bancada de tres colores, movió los brazos, aún en curso esa sesión que duró doce horas, de una manera que semejó un gesto procaz de posesión sexual que fue bautizado como la Roqueseñal (la imagen fue tomada por José Antonio López, fotógrafo de La Jornada).

Respecto de la discusión que subsiste acerca de si efectivamente fue una señal obscena de triunfo al imponer ese aumento al IVA o una reacción a la guerra de consignas que se libraba, el propio Humberto dijo a la reportera Yolanda Bravo Saldaña:Creo que resolvió un problema práctico de lexicología, pues, aunque no la hice, la gente lo vio de otra manera. Y como era una señal que no tenía nombre, pues obtuvo su acta de nacimiento. Agregó que por esa señal tengo entrada a cualquier medio, pues soy atractivo mediáticamente(http://goo.gl/8Yoag9).

Veinte años después, Enrique Peña Nieto ha echado mano de esa figura tan atractiva justamente cuando está en camino otra reformulación de emergencia económica (el presupuesto sobre base cero y la supresión de programas de ayuda social, sobre todo en salud y educación) que pretende cargar a la economía popular los desajustes y los costos de procesos que, sin embargo, no afectan de fondo a los mismos grupos de élite que entonces como ahora ponen a salvo sus intereses mediante maniobras legislativas y fiscales. Economista nacido en Torreón, Coahuila, el 16 de noviembre de 1943, Roque Villanueva había llegado a la coordinación de los diputados federales del PRI a causa del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, quien se preparaba en 1994 para asumir ese cargo, y fue presidente del PRI de 1996 a 1997. Se le incluyó en la lista de presuntos precandidatos presidenciales en 2000 y fue senador de ese año a 2006.

Hasta que, ayer, en autoflagelante vuelta al pasado, Peña Nieto lo exhumó para nombrarlo subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación, a pesar (¿o justamente a causa de ello?) del grave déficit de Los Pinos en cuanto al respeto a la vida y los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que cruzan por nuestro país, y de la frialdad crítica del Vaticano hacia el peñismo, con indicios de que este mes, en Filadelfia, el papa Francisco dará un mensaje de solidaridad con esos migrantes tan profundamente agraviados a su paso por México, e incluso se habla de la posibilidad de un apoyo público a la lucha por el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala y Cocula con los 43 normalistas de Ayotzinapa.

No fue la única designación provocadora de escándalo. Arturo Escobar y Vega es un distinguido representante del estilo de hacer política del llamado Partido Verde Ecologista de México (el partido de las cuatro mentiras, P4M). Nacido en la capital del país el 23 de abril de 1970 y abogado por la Universidad Iberoamericana, ha sido asambleísta en el Distrito Federal, senador y diputado federal, además de vocero del PVEM. En 2009, siendo senador, le encontraron un millón cien mil pesos en efectivo en una bolsa personal a la hora de cruzar por un puesto de revisión en el aeropuerto de Chiapa de Corzo, en Chiapas, por lo que fueron retenidos él y un empresario que era dirigente estatal del Verde. Incidentes de ese tipo sugieren el uso de dinero de origen impreciso para financiar ilegalmente campañas electorales o el pago de comisiones o sobornos a políticos por gestiones ilegales (un personaje emblemático de ese grupo político, el ya caricaturalmente llamado Niño Verde, Jorge Emilio González, había sido captado años atrás solicitando millones en efectivo para conseguir ciertos permisos gubernamentales).

Pues bien, Escobar y Vega, es decir, el estilo delictivo del Partido de las Cuatro Mentiras, fue llevado a la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, en premio a la alianza del PVEM con el PRI y como estímulo a la grosera campaña de violación sistemática de las leyes electorales. Parecería una broma, aunque en realidad es una burla, el que se coloque a ese personaje, Escobar y Vega, y al grupo político al que pertenece, especializado en andanzas infractoras y en aprovechamiento de los recursos públicos para fines facciosos, al frente de una oficina que, según la página oficial de Gobernación, tiene como encargofomentar el desarrollo político; el fortalecimiento de las instituciones democráticas; la promoción de la activa participación ciudadana, salvo en materia electoral, y generar una cultura para disminuir y prevenir la violencia y la delincuencia(http://goo.gl/1UnjHW). Ya ni la burla perdonan en Los Pinos.

Y, mientras la marrullería priísta-pinolera tiende redes clásicas de posposición para que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se enrede y estanque en tiempos burocráticos, comisiones y procesos por desahogar, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

PUNTOPORPUNTO

EXPEDIENTE POLÍTICO

JOSÉ CONTRERAS

 El caso Ayotzinapa no es un asunto exclusivo de México; es un asunto de impacto mundial y por lo tanto es factible que sea investigado por instancias internacionales.

El interés que han mostrado en el caso organismos como la ONU, la OEA y el Parlamento Europeo confirman ese carácter internacional que el caso adquirió prácticamente desde el inicio.

Ayer, expertos en derechos humanos de la ONU pidieron que se empiece de cero en la investigación sobre los actos violentos realizados el 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, Guerrero, y sobre el asesinato y desaparición de normalistas de Ayotzinapa.

Con esta postura, dada a conocer ayer a través de un comunicado institucional, los expertos de la ONU respaldaron el informe emitido el pasado domingo por una comisión especial de peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual desvirtúa la investigación oficial que estuvo a cargo de la PGR.

Los expertos de la ONU consideraron que se debe realizar una investigación “exhaustiva” y que se debe determinar el grado de responsabilidad de las autoridades que “por acción o por omisión” estuvieron involucradas en los hechos de Iguala.

Pero además, señalaron que se debe investigar a los funcionarios que hayan obstruido la investigación.

El informe de la CIDH sobre el caso Ayotzinapa no es concluyente y dista de representar la verdad absoluta, pero aportó una certeza: la PGR fue incapaz de realizar una investigación exhaustiva y confiable sobre los actos de barbarie de Iguala.

Y lo peor: no es confiable la versión oficial de la PGR sobre el destino que tuvieron los 43 normalistas que el 26 de septiembre fueron secuestrados en Iguala.

Por eso es viable la propuesta de la bancada del PAN en el Senado de pedir la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad que, a través de un fiscal especial, investigue los hechos violentos de septiembre del 2014.

Se trataría de una comisión similar a la que investigó actos de corrupción en Guatemala, cuyas diligencias llevaron a la destitución y enjuiciamiento de quien era presidente de ese país, Otto Pérez Molina.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue creada para investigar la operación de grupos paramilitares en ese país, pero terminó por atribuirle al presidente de la República una responsabilidad política y penal por actos de corrupción.

Para que una comisión similar, como lo propone el PAN, opere en México, se requiere de la voluntad política del gobierno y de su partido, el PRI.

Y no se les ve ni al gobierno ni a su partido muchas ganas de permitir una investigación independiente.

OFF THE RECORD

**YO SOY LA FICHA VERDE..

Increíble: Arturo Escobar, uno de los artífices de las invasivas, odiosas e ilegales campañas mediáticas del PVEM, fue nombrado subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana.

Una muestra más de la degradación de un gobierno, que no tiene empacho en premiar con huesos a los serviles, aunque su reputación esté por los suelos.

**DOS CARAS

Las autoridades de Salud tiene dos caras: con una apoyan la importación de un medicamento derivado de la marihuana con fines medicinales para la niña Grace, y con la otra impugnan la autorización que ya había otorgado un juez.

Por humanidad se debe permitir la importación de ese medicamento que podría curar a Grace, quien sufre 400 crisis convulsivas al día.

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EXCÉLSIOR

RAZONES

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

El trabajo del comité de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dejado algunas certidumbres, muchas especulaciones y generado contradicciones, como la de lo ocurrido en el basurero de Cocula. Pero más allá de eso, parece haber producido amnesia en varios actores sobre la verdadera historia de los hechos de Iguala y sobre sus principales protagonistas: el presidente municipal José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda; los grupos criminales Guerreros Unidos y Los Rojos; las relaciones de esos grupos con el gobierno de Ángel Aguirre Rivero; la participación de dirigentes del PRD y Morena, y detrás de todos ellos la producción de mariguana y goma de opio en la zona.

Comencemos con los esposos Abarca. Hace 30 años, José Luis Abarcarecorría el país vendiendo aretes, collares y pulseritas de oro y plata. También vendía sombreros que llevaba con su abuelo Isidoro desde Toluca a Iguala. Pero hace una década, repentinamente, Abarca y su familia se hicieron millonarios. Después de vender durante años sombreros y joyas casa por casa, Abarca un día anunció que invertiría 300 millones de pesos para la construcción de una plaza comercial en Iguala, la plaza Tamarindos. Era 2008 y para esa fecha ya tenía seis locales comerciales, que en el 2015 se habían transformado en 19 en Guerrero y otros seis en Morelos. Se había convertido en el mayor comerciante de oro de Iguala.

Abarca conoció a la que sería su esposa, María de los Ángeles Pineda, en la tienda que tenía su abuelo, donde también vendía vestidos de novia. Maríade los Ángeles y su madre, Leonor, llegaban a la tienda a vender vestidos que ellas mismas hacían. Pero en unos pocos años, también María de losÁngeles se hizo una mujer poderosa y rica. Y, como José Luis, con ambiciones políticas.

Ambos coquetearon en alguna época con el PRI, pero encontraron cobijo en el PRD. Abarca se hizo candidato del PRD cuando aún no era militante de ese partido y fue impuesto a otros grupos por un acuerdo en el que participaron el entonces secretario de salud de Ángel Aguirre, el exsenador LázaroMazón, quien se convirtió en el principal operador de Andrés Manuel LópezObrador en Guerrero, y la dirigencia del partido que entonces encabezabaJesús Zambrano.

Lázaro Mazón un día llevó a un aspirante externo, José Luis Abarca, ante la dirigencia del PRD, y amenazó con abandonar el partido si no aceptaban a su protegido como candidato en Iguala. La relación de Mazón con los Abarcaera vieja. Cuando ambos eran jóvenes, la tía de Abarca le surtía a Lázaropiezas de oro para que pudiera venderlas, y así fue como Mazón pudo financiarse la carrera de medicina. La relación con Aguirre nació en 2011, cuando el entonces candidato hacía campaña en Iguala y Abarca le pidió al coordinador de campaña, su compadre Mazón, que le permitiera organizarle un evento en el centro joyero. El 9 de enero de 2011 ahí llegó Aguirre. FueAbarca quien encabezó el evento, y comprometió su apoyo y el de otros joyeros para el candidato. A partir de ese día, Abarca y María de los Ángeles, que terminó siendo íntima del gobernador, incluso con largas visitas a Acapulco, se involucraron por completo en la campaña, no sólo con apoyo moral, sino también aportando millones de pesos.

Para esas fechas María de los Ángeles ya era una de las principales líderes de la organización criminal Guerreros Unidos en Iguala, y durante los siguientes años se convirtió en la verdadera jefa del cártel en la región, más allá de su propio marido. Sus decisiones pasaban por encima de José Luis y todo el mundo lo sabía. Ella era quien tenía el control de la policía y de los empleados del ayuntamiento. En Iguala, a María de los Ángeles Pineda le decían La Guerrera… por su dureza con los empleados y por su relación con el cártel que encabezaron sus hermanos.

La Guerrera, unos días antes de la tragedia de Iguala, prácticamente había alcanzado su objetivo. El 7 de septiembre había sido designada consejera estatal del PRD, cobijada por Nueva Izquierda, por el gobernador Aguirre, incluso por Mazón, que ya estaba en Morena, y no había dudas de que sería la aspirante a la alcaldía de Iguala en reemplazo de su esposo.

Al mismo tiempo que los Abarca y los Pineda avanzaban en su carrera política y se integraban a las altas esferas de la política guerrerense, el grupo criminal de los Guerreros Unidos se hizo dueño de Iguala, y desde ahí terminaron controlando 14 municipios en el norte del estado y la Tierra Caliente, además de distintas regiones de Morelos y del Estado de México. Pero todo eso era parte de una larga historia familiar que había nacido años atrás, cuando María de los Ángeles, sus cuatro hermanos y sus padres eran parte del cártel de los Beltrán Leyva. Mañana se la platicaremos, hay que recordarla porque hoy muchos de los actores de la misma parecen haberla olvidado.

LA RAZÓN

PULSO POLÍTICO

FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

Larga, tediosa, balbuceante y polémica, fue la presentación que hizo ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de sus nuevos colaboradores, en lo que es una auténtica mezcla de priistas, pevemistas, ex perredistas y hasta algún ex panista: con lo fácil que le hubiera resultado que le prepararan un texto, leer los nombres y mencionar brevemente sus trayectorias, en vez de enredarse en improvisaciones que, como ya se ha visto, tanto se le dificultan al funcionario.

Y si los reacomodos hechos por el Presidente Enrique Peña Nieto en el gabinete siguen sin ser entendidos por muchos, menos los que dio a conocer el encargado de la política interior, entre ellos la incorporación del ex diputado federal y vocero del PVEM, Arturo Escobar, como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, principal responsable de las reiteradas violaciones a la Constitución y a Ley Electoral de su partido, en las pasadas campañas electorales.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Aun cuando el secretario de Hacienda, Luis Videgaray y sus subsecretarios ya iniciaron la defensa, explicación y justificación del paquete económico 2016, el propio Presidente Enrique Peña Nieto decidió hacerlo personalmente, al asegurar que su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación que envió al Congreso de la Unión “es responsable y realista”, ante la crítica situación que priva en el entorno internacional.

Dijo que eso obliga a su gobierno a actuar con una enorme responsabilidad, para alcanzar dos objetivos: mantener la estabilidad económica del país y darle prioridad a la política social del Estado Mexicano, dirigida a combatir la desigualdad y atender de mejor manera la situación de pobreza, que hay en distintas regiones de la República.

En un acto en Los Pinos, en el que recibió a los deportistas que participaron en los recientes Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Toronto, sostuvo que se actuará de forma prudente pero eficaz, para lograr más con menos gasto administrativo, en un país que merece seguir creciendo, mejorando y transformándose.

Casi de manera simultánea, el priista César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, anunció varias acciones para reducir en un 50 por ciento los gastos de aquélla, de la mesa directiva y del Comité de Administración, con lo que en los tres años de la LXIII Legislatura, se ahorrarán unos 500 millones de pesos.

Al mismo tiempo, el ahora líder de la bancada tricolor, informó que los 202 integrantes de la misma, renunciaron al uso de vehículos y teléfonos celulares, pagados con recursos públicos, lo que representará un ahorro anual de 10 millones de pesos, es decir, 30 millones al final de la legislatura.

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