Oaxaca de Juárez, 14 de octubre.
LA JORNADA
ASTILLERO
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
E
nrique Peña Nieto habla de gobernar sin ocurrencias ni estridencias mientras el aparato institucional se estremece por la impúdica voracidad presupuestal de unos cuantos. Por ejemplo, el Gran Jefe Pluma Pálida, Lorenzo Córdova Vianello, que está empecinado en conseguir recursos (públicos, obviamente) para construirle un edificio al ente que con su actual nombre o el anterior (el tristemente célebre Instituto del Fraude Electoral: IFE) ha succionado enormes cantidades del erario para mantener una pésima fachada democrática que en el fondo sólo ha servido para consolidar mafias y legitimar
imposiciones. Al mejor estilo de los políticos tradicionales, en el INE se hacen malabares con datos técnicos y financieros para tratar de convencer al respetable público de los grandes ahorros y logros que se conseguirán con ese proyecto constructivo. Lo mismo han hecho de manera sistemática otros gobernantes con sus obras sujetas a beneficios porcentuales para el promotor, o incluso los senadores con su sede en Insurgentes y Reforma, monumento al dispendio, vergonzosamente lleno de fallas estructurales.
En Los Pinos ensayan gritos de alegría al estilo de aquella serie del siglo pasado denominada La isla de la fantasía, en la que el menudo personaje denominado Tattoo anunciaba la llegada de visitantes mediante la frase que se hizo famosa:¡el avión, el avión!
Si no hay algún contratiempo derivado de lujo o capricho cuyo cumplimiento cambie la fecha de entrega, la isla mexicana de la fantasía, asentada en el territorio mágico de Los Pinos, habrá de recibir el 18 de diciembre el palacio flotante que con toda oportunidad podrá transportar a la familia real a sus vacaciones de temporada, entre el beneplácito de los abnegados súbditos que estarán preparándose entre ensueños navideños para una cuesta económica que se prevé no será solamente de enero sino, cuando menos, del año completo.
En La isla de la fantasía los problemas se ven de otra manera pues, a fin de cuentas, los afortunados que aterrizan allí saben que sus deseos podrán ser satisfechos. Por ejemplo, el abogado Raúl Cervantes Andrade, cuya hoja de servicios registra importantes aportaciones a la causa priísta, está en lista de espera para ser ministro de la Suprema Corte Peñista de Justicia. No hay duda de su acerada militancia priísta: fue diputado federal en dos ocasiones, coordinador de asuntos jurídicos y secretario general adjunto del comité nacional priísta, y como senador llegado por lista nacional presidió la directiva del Senado de septiembre de 2013 a agosto de 2014, periodo en el cual Los Pinos lo consideró pieza clave para la conducción de las sesiones en esa cámara y para la adecuada presentación jurídica de las reformasestratégicas
.
Para estar en condiciones de recibir el premio buscado y conseguido por sus buenos
servicios legislativos, el 3 de septiembre del año pasado Cervantes solicitó licencia por tiempo indefinido a la senaduría que ejercía (maniobra discutible, pues hay interpretaciones que aseguran que no se pierde la condición de legislador a pesar de solicitar licencia) y así quedó disponible para que Peña Nieto lo proponga como ministro de la antes mencionada corte encopetada (los requisitos legales establecen que el propuesto no debe haberse desempeñado un año antes en el Poder Legislativo). Pasó a la vidaacadémica
provisional, como investigador de la siempre hospitalaria UNAM, en espera de los tiempos
que han llegado.
Cervantes daría más consistencia a la conformación abiertamente priísta de la Corte, pues antes fue impuesto Eduardo Medina Mora, sin experiencia judicial ni méritos como jurista, mero ejecutor político de instrucciones de los jefes en turno. Por ello se ha levantado un amplio clamor contra esa descarada partidización. Decenas de miles de ciudadanos firmaron una carta contra esa vocación facciosa y la entregaron ayer en lo que aún se llama Palacio Nacional. Además, políticos de diverso signo (incluso algunos en el PRD y el PAN que son especialistas en el reparto pandillero de los botines políticos, expertos en intercambiar votos por favores, opositores
convertidos en regateadores de tianguis) han llamado a evitar (aunque sea por esta vez) el golpe abierto a una Corte que no ha cumplido las expectativas de mejoría, pero que muy probablemente estaría peor con los ministros que abiertamente lleven la marca PRI en la toga.
Peña Nieto, sin embargo, no ve problemas donde otros creen que se multiplican. De buen humor, entre risas
, según los relatos periodísticos del caso (Rosa Elvira Vargas en el portal de La Jornada), ayer cruzó algunas palabras con reporteros que lo acompañaron a una gira y cuando le comentaron sobre la oposición a que se partidice la Corte, respondió con una pregunta, en una variante más del catálogo Fox: ¿Qué, andan muy preocupados, o qué?
Luego proclamó una perogrullada: Voy a ceñirme a lo que dice la Constitución, me apegaré fielmente
. Lo estridente habría sido que se le hubiera ocurrido decir que no respetaría la Constitución, pero usó esa muletilla de fidelidad extrema a la legalidad para no decir nada, pues la letra constitucional establece que él, a su personalísimo criterio, debe proponer una terna de nombres para que de entre ellos el Senado elija al ministro o ministros que cubran las vacantes existentes. Y, en esa terna, con ceñimiento absoluto a la Constitución, entre risas
si así lo quisiera, Peña Nieto puede proponer al fiel servidor del priísmo, Cervantes Andrade, para que imparta justicia partidizada desde el máximo sitio judicial de la nación. ¿Andan muy preocupados?
Y, mientras este tecleador agradece cumplidamente a estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y en especial a la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza (Camisas azules, manos negras yMares de cocaína, entre sus libros) por la oportunidad de haber dialogado ayer sobre periodismo de opinión, ¡hasta mañana!
PUNTOPORPUNTO
EXPEDIENTE POLÍTICO
JOSÉ CONTRERAS
La intención del presidente Enrique Peña Nieto de promover como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a su compañero de partido y ex colaborador, Raúl Cervantes Andrade, generó una ola de inconformidad en diversos sectores de la sociedad.
El asalto al Poder Judicial por parte del presidente de la República se inició con el nombramiento, con el apoyo del PAN, del ex embajador de México en Gran Bretaña, Eduardo Medina Mora, como ministro de la Corte apenas el pasado diez de marzo.
Medina Mora no cumplía cabalmente con los requisitos establecidos en la Constitución para ser ministro y no contaba con una buena reputación y buena fama pública, como lo mandata la propia carta mana.
El siguiente paso para consolidar el asalto al Poder Judicial era o es el nombramiento del senador Raúl Cervantes como ministro de la Corte, acción que de concretarse, golpearía severamente la autonomía y el prestigio de que goza, desde hace poco más de 20 años, el máximo tribunal del país.
Ante las versiones de que Peña Nieto promovería a Cervantes como ministro de la Corte, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación publicó un desplegado en el que pidió al Senado que los nuevos ministros provengan de la carrera judicial.
Casi al mismo tiempo, un grupo de ciudadanos y académicos emprendió una campaña de recolección de firmas a través de la plataforma change.org para pedirle a Peña Nieto que no promueva como nuevo ministro ni a un amigo ni a un priista.
“Por una corte #sinCuotasniCuates“ se llama la campaña que hasta la fecha ha juntado poco más de 30 mil firmas en contra de la partidización de la Corte, que sería consecuencia del eventual nombramiento de Cervantes como ministro.
El grupo promotor de la campaña entregó ayer en Palacio Nacional una carta dirigida al presidente Peña Nieto, acompañada por las más de 30 mil firmas recabadas hasta el momento.
Como parte de este furor por evitar la partidización de la Corte, la bancada del PRD en el Senado presentó una iniciativa para reformar la Constitución, a fin de evitar que quien ocupe un cargo de representación popular –como es el caso de Andrade– pueda ser nombrado ministro de la SCJN.
Pero las señales más positivas son las que han enviado los dirigentes nacionales del PAN y del PRI, Ricardo Anaya yManlio Fabio Beltrones, respectivamente, en el sentido de que no permitirán la partidización de la Corte.
Al parecer la candidatura de Andrade quedó sepultada antes de nacer, por bien de la independencia del Poder Judicial.
OFF THE RECORD
**DINERO A MONREAL
Un millón y medio de pesos en efectivo le llevaron al jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal.
¿En serio los extorsionadores actúan así, enviando bolsas de dinero?
No faltará quien suponga que se trató de un auto regalo con afanes protagónicos.
O peor aún: de un envío acordado pero mal ejecutado.
Lo mejor es que la Procuraduría capitalina investigue. Pero en serio.
**CASITA DE CUÉ
El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, también tiene su Casa Blanca.
En días pasados fue exhibida en medios una propiedad atribuida a Gabino, con un valor de siete millones de dólares.
Obligado a ofrecer una explicación, el mandatario dijo que la casita “es de un familiar”.
No faltará quién le crea.
EXCÉLSIOR
RAZONES
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no es como calificabaMao al capitalismo, “un tigre de papel” (un tigre que, por cierto, terminó devorando al maoísmo), pero se le parece. La huelga general que lanzaron el lunes fue una muestra de debilidad, que puede significar, también, su ocaso, pero sólo si las autoridades y la sociedad asumen que no se puede dejar la educación de millones de niños en un grupo de poder, cuya agenda no tiene nada que ver con la propia educación ni siquiera con el bienestar de los maestros que agrupa.
Este fracaso de la Coordinadora no fue, como se ha dicho, el producto de una operación mediática. Fue un fracaso político en toda la línea: se convocó a una huelga magisterial general que acató apenas cuatro por ciento de las escuelas; en Oaxaca, el centro de poder de la Coordinadora, el paro alcanzó 65 por ciento y los padres han comenzado a exigir, liberados ya del compromiso de que los maestros tengan que firmar los apoyos de Prospera, que se castigue a quienes no den clases; en Chiapas y en Guerrero, la Coordinadora no pudo cerrar más que cinco por ciento de las escuelas; cerraron cerca de 50 por ciento en Michoacán y en el DF sólo cerraron seis colegios. La marcha del lunes en la capital no alcanzó los cinco mil manifestantes y no ocupó siquiera la mitad de la plaza de Santo Domingo. Los bloqueos los realizaron grupos pequeños que si se hubiera tomado la determinación hubieran podido ser fácilmente desalojados por las autoridades.
El mérito pasa por haber cambiado, desde la cima del gobierno federal, el enfoque y el tratamiento de la Coordinadora. Una Reforma Educativa no puede realizarse sin maestros, pero tampoco si se quiere hacer participar en ella a un grupo político cuya supervivencia pasa por el fracaso de la propia reforma. El gobierno federal, luego de la detención de Elba Esther Gordillo, pensó que con ello alcanzaría para tener acuerdos con la Coordinadora: era desconocer los verdaderos objetivos políticos de ese grupo. Luego del proceso electoral y ratificada la mayoría del oficialismo en el poder legislativo, de forma tal que no existieran posibilidades de echar para atrás la reforma que, además, fue ratificada por la propia Suprema Corte, la recuperación del control público sobre el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca sobre la nómina, los recursos y los movimientos profesionales de los docentes desarticuló a la Sección 22 y con ella a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esa acción y la decisión de que no se dialogaría con la Sección 22 y sus aliados bajo condiciones de fuerza y tampoco para revisar la propia reforma, han sido clave para lograr el debilitamiento de ese grupo político.
Viene ahora la tarea de no dejar en la impunidad los actos violentos que siguen cometiendo. No se puede bloquear la Autopista del sol y otras carreteras del país, no se puede saquear camiones de reparto ni robar autobuses ni quemar oficinas o siquiera llantas. Son todas acciones ilegales y perfectamente punibles. Es más, no se debe siquiera permitir la circulación de autobuses robados por manifestantes por carreteras federales. Muchas tragedias cotidianas han ocurrido por esa lógica de impunidad. No se puede combatir la violencia reclamando impunidad. La violencia siempre se alimenta a sí misma.
No se puede pensar, tampoco, que ante la debilidad mostrada por la Coordinadora el lunes pasado, ese movimiento irá en un declive constante. Existen condiciones idóneas para encapsularlo en su ámbito, en un movimiento sindical que no tenga como rehén a la educación y que no se convierta en un factor de desestabilización política. Pero para que ello ocurra se debe operar en dos terrenos: seguir y profundizar la implementación de la Reforma Educativa tanto en el ámbito administrativo como en el pedagógico. Y, además, acabar con la impunidad en el accionar de estos grupos: si un maestro sin justificación no va a clases o no acepta evaluarse debe saber que pagará un costo, pero, también, si se toman carreteras, se secuestran autobuses, se roban camiones de reparto, se bloquean o incendian instalaciones públicas o privadas. No hablemos de reclamar la liberación de secuestradores de niños, alegando que son presos políticos.
Y también, y no es un tema menor, se debe trabajar y valorar a los maestros que todos los días van a clases, que cumplen con su labor, respaldan la transformación del sector y no oyen los cantos de la sirena de la Coordinadora a pesar de que hubo momentos en los que parecía que desde el poder se escuchaba más a esos sectores que al propio sindicato magisterial. La reforma se debe hacer con los maestros y, por lo menos el lunes, el 96 por ciento de ellos demostraron que quieren ser parte de ese proceso. Deben ser reconocidos.
LA RAZÓN
PULSO POLÍTICO
FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ
Como si no bastara con las muchas que ya hay, día a día arrecian dos nuevas polémicas en el ámbito nacional: una, que involucra directamente al Presidente Enrique Peña Nieto, que ya tuvo que intervenir con una respuesta y, otra, al Instituto Nacional Electoral que en plena austeridad, anuncia la construcción de una nueva sede en la que se invertirán mil 100 millones de pesos.
Ante el cúmulo de opiniones coincidentes de dirigentes políticos, legisladores, juristas y académicos que se han pronunciado en contra de que la Suprema Corte de Justicia se partidice —precisamente como ha ocurrido con el organismo electoral— con las propuestas de las ternas que enviará a la Cámara de Senadores, el Ejecutivo Federal aseguró que ese proceso “se apegará fielmente a los lineamientos marcados por la Constitución”.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Al mismo tiempo de que se reportó que el ex gobernador priista de Colima, Fernando Moreno Peña, está fuera de peligro después del atentado que sufrió y que sus agresores ya fueron identificados, se multiplican las opiniones adversas a la conducta personal, pública y política del también ex rector de la universidad de ese estado.
Además de su gestión al frente de esa institución y del porrismo estudiantil que propició, y de su criticada gubernatura y proclividad a las trampas electorales, familiares del asesinado ex mandatario colimense Silverio Cavazos, ejecutado a las puertas de su casa, señalan que Moreno Peña estuvo detrás de ese hecho.
Después de que Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados, pidió que sea investigado por sus antecedentes, ahora hasta se sospecha que el agredido exgobernador pudo haber tenido algo que ver también en aquel accidente aéreo en el que pereciera su sucesor en el cargo, Gustavo Vázquez, quien regresaba del DF cuando el avión del gobierno se desplomó.
En medio de todo eso, lo ocurrido a Moreno Peña ha servido para que el actual mandatario colimense, Mario Anguiano, que también ha tenido diferencias con aquel, sea conocido fuera del estado, al menos en fotografía y noticiarios de televisión, cuando está a punto de dejar de gobernar, con más pena que gloria.
Con una decena de gráficas y un texto de Ana Luisa Anza, la revista Cuartoscuro, la agencia dirigida por Pedro Valtierra para la que trabajaba el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, le rindió tributo en su número 134, a quien el último día de julio pasado fue ejecutado junto con cuatro mujeres en un departamento del Distrito Federal.
En una parte de ese texto, ella expresa “… todos esperamos que —su homicidio— no termine siendo conocido sólo como el Caso Narvarte. O como el “número 14” de periodistas asesinados durante el actual gobierno estatal en Veracruz”.
