Artículos y columnas políticas (07:47 h)

A nombre de la administración de Enrique Peña Nieto también ha producido escarceos declarativos de corte patriotero la secretaria del futuro, Ruiz Massieu Salinas de Gortari (natural sería que esta funcionaria usara también el segundo apellido correspondiente a su madre, el De Gortari, de la misma manera que usa el segundo de su padre, el Massieu). Así como en su momento el ocupante de Los Pinos consideró que estaba en condiciones de resolver un enigma, el de la colocación de sus calcetas deportivas (en aquel episodio tragicómico del #Calcetagate), ahora pareciera sentirse en condiciones de exigir investigaciones rápidas y a fondo y castigo a culpables por ataques militares a civiles, aunque sea solamente en el caso de los turistas mexicanos asesinados en un desierto lejano.

Y en ese tendido de texturas egipcias distractoras (son famosas las alfombras mamelucas) asoma la tentación de exacerbar el nacionalismo fácil para encubrir con diatribas al extranjero la barbarie local, de inducir el patrioterismo barato para encubrir lo que tan caro resulta a la élite teóricamente gobernante. RuMaSaGo, además, anuncia nuevo equipo de trabajo y de entre los flamantes funcionarios destaca un factor de enlace, o una confirmación de alianzas de Manlio Fabio Beltrones con el salinismo, así fuera solamente el de Claudia: Francisco Agustín Arroyo Vieyra, político guanajuatense, nacido en 1959, poseedor de enorme experiencia en el ámbito legislativo, donde ha estado entre curules y escaños durante casi un cuarto de siglo, todo un decano del Congreso federal, quien ahora es el jefe de la oficina de la SRE.

Arroyo Vieyra ha dicho que al político que más admira es a Beltrones: Porque me ha enseñado a ser tolerante, porque ha sido solidario conmigo y porque es mi compañero de viaje (nota en ADN político:http://goo.gl/VJfy8C). Su colocación en la estratégica antesala de la secretaria del futuro hace ver que los afanes de RuMaSaGo no son solamente diplomáticos, y que para esa diversificación necesita a un político priísta con buen oficio y trato, con vocación artística (ha sido incluso actor en una película, Luna escondida,en un papel de sacerdotehttps://goo.gl/qXBxl7) y visión electoral. Un político, además, absolutamente identificado con el presidente nacional del PRI. Diplomacias veredes, tío Cid.

Isabel Miranda de Wallace y Samuel González Ruiz asoman con especiales declaraciones en el contexto del avivamiento del fuego patriotero para tratar de enfrentarlo a las llamas que alcanzan al aparato gubernamental por el caso Iguala-Cocula-Ayotzinapa. La ex candidata del PAN a la jefatura del gobierno capitalino y presidenta de la asociación Alto al Secuestro (cargo por el cual ha participado en múltiples actos públicos y en actividades a nombre de la siempre inconsulta sociedad civil) ha descubierto, con seis meses de retraso, que hay un conflicto de intereses en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), pues uno de sus mandantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene como máxima autoridad personal (secretario ejecutivo) a un mexicano, Emilio Álvarez Icaza Longoria, y por tanto su visión de lo sucedido en Iguala tendría un sesgo de nacionalidad directiva.

Tan torpe habría sido la administración peñista (no me defiendas, comadre) que no percibió tal conflicto de intereses a la hora de firmar el convenio con la CIDH y los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. Álvarez Icaza fue nombrado secretario ejecutivo de esa comisión en julio de 2012, así que tal vez por andar en campaña sucedió que Peña y su equipo no se enteraron de aquella designación que honró la lucha por los derechos humanos y la comunicación social al servicio de las víctimas y los dolidos, que décadas atrás encabezaron José Álvarez Icaza y Luz María Longoria, matrimonio que desde la visión católica creó el Centro Nacional de Comunicación Social, Cencos.

Además de Miranda de Wallace, el doctor en derecho Samuel González Ruiz ha advertido de los riesgos de que haya tal confusión en cuanto a la participación de expertos extranjeros en la indagación del caso de los normalistas desaparecidos. Deben salirlos actores políticos, ha dicho. Él fue titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada en el periodo en que el panista Antonio Lozano Gracia fue procurador federal de justicia en concertación partidista con Ernesto Zedillo.

La reacción adversa a los expertos independientes se produce justamente a unos días de que Enrique Peña Nieto se reúna con los familiares de los 43 y con ese grupo de especialistas. La creación de un clima de rechazo y de peligro a la indagación internacional independiente ha sido inducida desde esos poderes bajo la lupa en otros países y en otras circunstancias. Sería parte de un juego de hipocresía el estar alentando el patrioterismo en el caso egipcio y en el caso Ayotzinapa, todo en el contexto de un régimen entrampado, sin respuestas creíbles ni capital político de reserva.

Y, mientras en San Juan Chamula, Chiapas, se produjo el linchamiento de unos ladrones, ¡hasta mañana, con Susana Zabaleta enviando saludos jarochos (https://goo.gl/JtjWPG)!

Twitter: @julioastillero

PUNTOPORPUNTO

EXPEDIENTE POLÍTICO

JOSÉ CONTRERAS

Las grillas entre defensores de los derechos humanos y justicieros ciudadanos, por llamarles de alguna manera, no contribuyen en nada a la localización de los normalistas de Ayotzinapa que aún se encuentran desaparecidos. Ni a la búsqueda de la verdad.

Ayer, Isabel Miranda de Wallace, dirigente de la organización civil Alto al Secuestro, pidió que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) salga del caso Ayotzinapa.

Su argumento principal es que el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez Icaza, es de nacionalidad mexicana y por lo tanto incurre en un conflicto de intereses.

Con todo el respeto que se merece una mujer que ha tenido las agallas para buscar por su cuenta y por sus propios medios a su hijo aún desaparecido, el argumento que esgrime para descalificar a la CIDH es banal.

Lo único que refleja esta postura de la señora De Wallace es que hay tremendas grillas entre los justicieros ciudadanos, como ella, y los defensores de los derechos humanos, como lo es Alvarez de Icaza.

Según la señora De Wallace, no se justifica que un organismo internacional realice una investigación sobre los hechos de Iguala, porque en México tenemos excelentes peritos.

Ese argumento quedó rebatido desde antes de que fuera pronunciado, pues ya quedó demostrado que la “verdad histórica” de la PGR y la investigación detrás de ésta, carecen de credibilidad.

La CIDH es un organismo internacional defensor de los derechos humanos independiente de cualquier gobierno, que fue creado por la Organización de Estados Americanos, de la cual México es integrante.

Es absolutamente válido y legítimo que un grupo de expertos de la CIDH realice investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, pues como ya quedó demostrado, las instituciones del Estado mexicano han sido incapaces de ofrecer respuestas satisfactorias.

El que Isabel Miranda de Wallace y sus cercanos tengan conflictos personales con Emilio Alvarez Icaza no debe ser motivo para descalificar a un grupo de expertos, todos de diversas nacionalidades, que con su investigación sembraron las dudas sobre la “verdad histórica” de la PGR.

En su intento por desprestigiar a Alvarez Icaza, la señora De Wallace se colocó voluntaria o involuntariamente como vocera del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el cual salió muy mal parado con el informe del grupo de expertos de la CIDH.

OFF THE RECORD

**EN METRO

Los diputados federales del PVEM decidieron hacer un gran sacrificio y trasladarse al Palacio Legislativo de San Lázaro en Metro.

Por supuesto que el sacrificio solo durará un día, exactamente el día de hoy.

No, los juniors verdes no están listos para codearse con la chusma.

**DIPLOMACIA Y RETÓRICA

El embajador de Egipto en México, Yasser Shaban, dice que aún no se sabe quién atacó a los turistas mexicanos que fueron bombardeados en el desierto egipcio.

El diplomático demostró ser un experto en la retórica. O de plano, en la mentira.

expedientepolitico@yahoo.com.mx

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twitter:@pepecontreras_m

EXCÉLSIOR

RAZONES

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Será una semana difícil y no en vano el presidente Peña prefirió dejar que termine antes de viajar a Nueva York donde deberá participar en la asamblea general de la ONU. El fin de semana se cumple un año del secuestro, asesinato e incineración de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa. Ya sus voceros adelantaron que preparan acciones muy
“intensas” para conmemorar el aniversario.

El 24 se reunirán familiares de las víctimas con el presidente Peña. Los personajes que manejan a los familiares como Felipe de la Cruz y Vidulfo Rosales (ninguno de ellos familiar de víctima alguna pero sí dirigentes de la CETEG, la rama de la Coordinadora en el estado), ya han adelantado que no será una reunión cómoda, pero también han adelantado que no creen en los estudios de la Universidad de Innsbruck que han logrado identificar entre los restos hallados en el basurero de Cocula a otros de los jóvenes desaparecidos, el segundo. Alguien les tendría que decir que la identificación de ADN no es una cuestión de fe. En realidad no van a aceptar ninguna conclusión: ya están proponiendo la creación de una comisión investigadora “internacional” para llevar el caso.

El gobierno federal por su parte, ha realizado una investigación exhaustiva y con resultados: hay más de cien detenidos incluyendo los responsables intelectuales y materiales del secuestro, que están confesos y procesados y hay pruebas periciales que demuestran que los hechos ocurrieron como lo establece la investigación, lo que coincide con lo declarado por los autores materiales del crimen. El gobierno federal debe comenzar a defender su investigación ante los familiares porque una cosa es asumir el dolor que éstos llevan legítimamente en sus corazones y otra negar por ello la realidad. “Búsquenlos en sus corazones” les aconsejó, cuando estuvo en la feria del libro de Guadalajara el ahora expresidente uruguayo José Mujica. No es un mal consejo, sobre todo, viniendo de un hombre como el exlíder de los Tupamaros.

Pero, también, es hora de avanzar en otros puntos. Mucho hemos insistido en éste y otros espacios en que sería imposible explicar esta tragedia sin asumir que la causa de fondo está en el narcotráfico, en la disputa por los territorios de producción de heroína entre dos cárteles: Guerreros Unidos, ligado a las autoridades de Iguala y de otros, por lo menos, 14 municipios, y el cártel deLos Rojos, con fuerte presencia en Chilpancingo, en la escuela normal de Ayotzinapa y, también, en la mayoría de los grupos muy radicales de la zona.

La causa por la que los jóvenes de primer ingreso de Ayotzinapa fueron mandados al matadero por sus líderes, es por la droga, no por la política. El director de la escuela normal y varios de sus dirigentes deben ser investigados por la sencilla razón de que han sido señalados por los detenidos como personajes ligados a Los Rojos. Eso no indica que, necesariamente, lo estén, pero, por lo menos, esas acusaciones deben ser esclarecidas. Hasta ahora no han rendido ni declaración ministerial sobre los hechos. Es más no han explicado siquiera porque esos jóvenes que iban a botear y secuestrar camiones (como si esta última fuera una actividad legal) en Chilpancingo terminaron esa noche en Iguala. Hay muchos datos sobre la normal que son, por lo menos, preocupantes. Una investigación de Excélsiorconfirmó ayer que desde hace un año no hay clases en la normal rural y que por órdenes de sus directivos todos los inscriptos recibieron calificaciones de nueve y diez. Eso no ha impedido que la normal de Ayotzinapa siga recibiendo un presupuesto de 49 millones de pesos anuales. Si no hay clases ¿qué se hace con ese dinero, qué con lo que se recauda en los boteos, en las casetas de peaje tomadas, en la venta de los artículos de consumo de los camiones de reparto que se roban regularmente? Los familiares, o por lo menos un grupo de ellos, viven, junto con estudiantes y dirigentes dentro de la normal y se financian de esos recursos. Son por lo menos 49 millones de pesos de recursos fiscales que se desvían muy lejos de los objetivos de cualquier escuela que son educar. Con un agravante: esos jóvenes en uno o dos años reclamarán junto con la CETEG plazas magisteriales automáticas. Si se las dan será un crimen para con sus alumnos, si no se las dan, esos jóvenes serán carne de cañón para los grupos que ahora los mueven o se sumarán a las filas de desempleo, porque no tendrán ninguna formación útil.

Otro dato: el 14 de septiembre pasado el todavía gobernador Rogelio Ortega, ordenó, prácticamente, en secreto, la preliberación de nueve dirigentes del ERPI y el EPR condenados por graves delitos. Para el gobernador, que no permitió que la prensa atestiguara la liberación de los detenidos a los que calificó como presos políticos, es un acto de madurez que construirá la paz y la armonía en Guerrero. Ojalá sea así, pero, por lo pronto, los liberados se sumaron inmediatamente al plantón del MPG en el zócalo de Chilpancingo.

LA RAZÓN

PULSO POLÍTICO

FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

Apenas comenzó la semana en la que se anuncian diversos actos para recordar el primer año del caso Iguala y la desaparición de normalistas de Ayotzinapa y afloró la violencia de grupos de presuntos o reales compañeros de ellos que, con los rostros cubiertos, irrumpieron ayer en la sede de la Fiscalía General de Guerrero, en Chilpancingo y, con plena impunidad, causaron destrozos en la fachada e interior del inmueble, sin que ninguna autoridad lo impidiera.

Fue un ominoso aviso de lo que grupos violentos, que han abanderado la inconformidad de padres y familiares, parecen tener preparado para los próximos días en aquel y otros estados, así como en el Distrito Federal, con el pretexto de recordar esa tragedia que enlutó a la nación y a los mexicanos y que a la fecha sigue sin ser aclarada.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Quienes en el gobierno federal siguen sin admitir que no entienden que no entienden, están en las mismas, y el caso de Arturo Escobar, el cuestionado subsecretario de Prevención del Delito y Participación de la Secretaría de Gobernación, es un claro ejemplo de ello.

Después de que los dirigentes de una decena de organizaciones civiles que han participado y colaborado en ese programa, decidieron romper toda relación con ese funcionario, el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, intenta “restablecer” el diálogo de aquellos con quienes ya le expresaron público rechazo a su colaborador y nada desean tratar con él.

Será difícil que el llamado que hizo ayer el encargado de la política interior para que sociedad y gobierno avancen juntos en torno al Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, sea atendido por quienes decidieron no tener ningún trato con quien públicamente ha sido calificado de “delincuente electoral” por las reiteradas violaciones a la ley en la materia y a la Constitución en los pasados comicios.

Aún cuando Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, reconoce que no se tiene claridad plena de que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hayan sido incinerados para confirmar la “verdad histórica” de la PGR y de que Gildardo López Astudillo, El Gil, admite que los privó de su libertad pero no los ejecutó.

La versión más apegada a lo sucedido, según las investigaciones, es que el detenido, encargado de la plaza de Iguala por parte del grupo criminal Guerreros Unidos, confundió a los estudiantes con integrantes del antagónico Los Rojos y por eso recibió órdenes de que los ejecutaran y desaparecieran, de lo cual, sin embargo, como lo admitió Sales Heredia, no hay certeza, con todo y que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, niega que hayan sido incinerados.

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