Artículos y columnas políticas (07:35 h)

Nacido en Oaxaca, pero con carrera política en Puebla, Estefan Chidiac forma parte de un grupo de políticos que se han especializado en el manejo de dineros públicos en función de proyectos grupales, entre constantes acusaciones de corrupción. El ahora candidato priísta a diputado federal lo mismo fue encargado de limpiar las cuentas del gobierno priísta de Manuel Bartlett Díaz en Puebla, como secretario de la contraloría (su cargo exacto fue el de secretario de desarrollo, evaluación y control de la administración pública del estado de Puebla), que promotor del voto priísta mediante fondos asistenciales en la administración de Mario Marín, con quien fue secretario de desarrollo social.

Dos veces diputado federal, Estefan Chidiac siempre fue acomodado en comisiones estratégicas en cuanto a temas de hacienda, cuentas públicas, programación y presupuesto y vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. En su primera estancia en una curul federal participó en comisiones especiales, desde las cuales ayudó a cuadrar números y a garantizar la continuidad impune de malos manejos del dinero público en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Como premio a los servicios en la campaña presidencial de 2012, Estefan Chidiac fue enviado al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, conocido como Bansefi, institución gubernamental federal que sucedió al Patronato del Ahorro Nacional y que ofrece servicios financieros a personas de bajos recursos económicos, principalmente en cuanto a canalizar los apoyosgubernamentales de programas como Oportunidades, con una red de cuando menos 6.5 millones de tarjetas de esabanca social. En aras de administrar más reputaciones, ha de decirse que otros premios de temporada recayeron en el primo Alfredo del Mazo, enviado a Banobras, y en Enrique de la Madrid Cordero, a cargo de Bancomext.

Desde Bansefi, Estefan Chidiac brincó a una candidatura priísta a diputado federal, pero en conversación telefónica intervenida estimó que quien le sucedería podría continuar con la entrega de la maleta, sin que se sepa el contenido de tal producto financiero, aunque antecedentes aéreos involuntariamente aportados por el gobierno veracruzano a cargo de Fidel Javier Herrera Duarte han hecho ver que por los cielos de la política es costumbre que viajen esas maletas voladoras con fajos de millones de pesos para hacer política o para que los políticos se hagan (más ricos).

La responsabilidad de dar continuidad a esa entrega de la maleta quedó en Alejandra del Moral Vela, quien a los 26 años de edad fue presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, estado de México, y ha sido dirigente mexiquense de Mujeres Jóvenes del PRI y diputada federal. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, explicó en su momento que la designación se dio así porque la política en mención es mujer y el ochenta por ciento de los clientes de Bansefi son mujeres. En cambio, Humbertus Pérez Espinoza, vocero y presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna AC, dijo que ese nombramiento confirma que EPN sigue dando premios a personas cercanas a su círculo de poder que durante su desempeño como servidores públicos del gobierno del estado de México dejaron una gran estela de corrupción y saqueo de los recursos del erario.

Y, en otra contribución solidaria para administrar la reputación de políticos y sus socios, anótese que en una nueva grabación puesta en You Tube (http://bit.ly/1LHcF1m) se escucha a Pablo Walletin, ahora ex director de Relaciones Públicas de OHL México, y a Gerardo Fernández, director jurídico de OHL México, en esforzada búsqueda de una manera de pagar a magistrados, de nombre y jurisdicción nunca precisados, por servicios prestados a la firma con matriz en España. En la parte conducente de las pláticas en mención, los sufridos ejecutivos de OHL hablan así:

–No, bueno, pues yo no le puedo dar al magistrado el cheque.

–Entonces, ¿cómo quieres que lo hagamos?

–No, pues no hay otra forma. O sea, no hay otra forma: o se hace como siempre o no hay otra forma. ¿Cómo? Como hay apoyos ahí, a esa gente, de otra forma, de otra…

–¿Por qué no le pedimos un cheque a Conmex (una filial de OHL) por el monto más los factores y luego lo cambiamos?

–¿Y a quién se lo van a dar?

–¿Mande?

–¿A nombre de quién? ¿A ti? ¿A mí?

–No, no, a la empresa El Patito y se le cobra el 16 y todo lo que es por el efectivo y todo.

Otro político necesitado de un administrador de reputaciones es Ricardo Monreal, el ex gobernador de Zacatecas que ahora busca ser jefe delegacional en Cuauhtémoc, en la ciudad de México, a quien captaron en intervención telefónica instruyendo a hacer un contrato simulado sobre gastos de campaña, con un hijo del gobernador perredista de Tabasco, Arturo Nuñez, como destinatario de la orden a la que los opositores al zacatecano buscan dar cauce legal para descarrilar a quien ahora milita en el partido Morena.

Y, mientras una marcha a los ocho meses de la desaparición de los 43 normalistas topa con Mancera, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

LA RAZÓN

PULSO POLÍTICO

FRANCISCO CÁRDENAS CRUZ

Si los dirigentes del Partido Verde Ecologista de México se hartaron de violar la ley electoral, la Constitución y las sanciones millonarias que le impusieron el Instituto Nacional y el Tribunal Electoral, con mayor razón lo hicieron del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), con el uso y abuso de éstos en perjuicio de un sinfín de ciudadanos que presentaron sus denuncias ante este organismo.

Y es que contra la supuesta privacidad y control de esos datos, en ese partido, aliado electoral del PRI y por tanto protegido por éste, se dieron a la tarea de “afiliar” a miles de ciudadanos, a los que les enviaron credenciales con nombres y domicilios que supuestamente están “protegidos” por el Inai, que los acreditan como miembros del mismo.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Para investigar el enfrentamiento entre policías federales e integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, la mañana del viernes pasado en Tanhuato, en el que 42 de éstos y un uniformado resultaron muertos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió de oficio un expediente y envió visitadores adjuntos a ese municipio michoacano.

Informó que éstos empezaron a solicitar a las autoridades que participaron en esos hechos, informes pormenorizados de lo ocurrido y se recabarán declaraciones de los familiares de las víctimas, a fin de despejar dudas y que el caso quede perfectamente esclarecido.

Michoacán volvió a ser escenario de violencia por otro cruento enfrentamiento, ahora entre autodefensas del municipio de Aquila y un grupo armado en el que hubo seis muertos, entre ellos el comandante de la Policía Comunitaria, Rogelio Rodríguez Flores.

Además, Sernel Verdía, coordinador de las autodefensas de Aquila, Coahuyana y Chincuila, resultó ileso en una emboscada en la que murió su escolta y en donde apareció una cartulina en la que estaba escrito el nombre de Los Caballeros Templarios, que según las autoridades federales, “fue desarticulado”.

Rotundo rechazo del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco, a que en el acuerdo unánime de los miembros de la Sala Superior que dejó sin candidatura suplente a diputado federal plurinominal a Marcelo Ebrard, haya tenido razón alguna de intencionalidad política.

Precisó que en ese fallo no existió ningún otro motivo ajeno a la función jurisdiccional del máximo organismo electoral, al referirse a las lógicas en que en éste se construyen consensos y disensos, como Tribunal Constitucional que es.

El exjefe del GDF sigue fuera del país y después de que no logró alcanzar la candidatura que le daría fuero constitucional para enfrentar cualquier presunta responsabilidad por el millonario desfalco en la Línea 12 del Metro, sus amigos le recomiendan que por ahora, ni regrese.

fcardenas@pulsopolitico.com.mx
Twitter: @MXPulsoPolitico

EXCÉLSIOR

RAZONES

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

No es lo mismo lo que está sucediendo en Chilapa, en Guerrero, donde un grupo armado de 300 personas tomó a principios de mayo el ayuntamiento, se llevó consigo a un número indeterminado de personas, en el contexto del rivalidad entre los cárteles de Los Rojos y Los Ardillos, que lo sucedido el viernes pasado en Tanhuato, Michoacán, en la frontera con Jalisco, en el enfrentamiento en el que murieron 42 criminales integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y un policía federal.

En el primer caso es el reflejo de un vacío absoluto de poder por parte de las autoridades locales que ha sido aprovechado dramáticamente por los grupos criminales. En el segundo caso, los enfrentamientos son entre fuerzas del Estado mexicano con el grupo criminal que, en términos de violencia, ha desafiado, en estos meses, como ningún otro al propio Estado. Tienen un denominador común: la producción de heroína y de drogas sintéticas en las dos zonas, y gobiernos locales, en Michoacán y Guerrero, provisionales y débiles.

En el caso Chilapa, la declaración del gobierno estatal de que las personas secuestradas durante la toma de la ciudad (durante cinco días, del 9 al 14 de mayo pasado) están “retenidas” por el grupo que se autodenominó como policía comunitaria, (pero que son, en realidad, integrantes de Los Ardillos, con algún componente de organización armada) es insostenible. Dicen en la Fiscalía del estado que saben dónde están esas personas, pero no actúan para rescatarlas. Es verdad que muy probablemente se trate de miembros o colaboradores de alguna organización criminal, pero la obligación del estado es hacer justicia: es tan ilegal ser parte de Los Rojos como ser secuestradores. El gobierno estatal no puede seguir “dialogando” y contemporizando ante una situación de tanta gravedad y además hacerlo con criminales. La consecuencia, un poco inevitable, será que los rivales de Los Ardillos, se terminarán de armar, intentarán tomar venganza y rescatar a los suyos, creciendo así el hoy casi inabarcable círculo de violencia.

En Tanhuato, en Michoacán, donde Salvador Jara, un gobernador débil, pero que mantiene ciertos márgenes de gobernabilidad, mayores que los de su vecino Rogelio Ortega, ha sucedido algo muy distinto y que no puede separarse de lo que ha ocurrido en las últimas semanas en esa frontera michoacana y en Jalisco. El Cártel Jalisco Nueva Generación, ha atacado en forma inusitada, por lo violento, a un convoy de la Policía Federal, dejando cinco muertos y varios heridos del cuerpo de gendarmería. En la emboscada participaron 40 sicarios. Días después realizaron una operación similar contra integrantes de la Fuerza Civil, la policía estatal, cerca de Puerto Vallarta. El primero de mayo pasado, derribaron un helicóptero del Ejército mexicano y llevaron a cabo violentos bloqueos e incendios de comercios, bancos, restaurantes como respuesta por el inicio del llamado Operativo Jalisco. Nuevamente los muertos los pusieron las fuerzas de seguridad, sobre todo militares y federales.

En la persecución y enfrentamiento con integrantes del CJNG en Tanhuato, volvió a ser atacado un helicóptero, en este caso de la Policía Federal, que recibió varios disparos en su fuselaje y los criminales portaban armas de muy alto calibre, pero por el testimonio de los tres detenidos en el operativo no eran tampoco los mejor adiestrados en su uso, estaban en ese enorme rancho de más de 100 hectáreas (¿cómo puede ser que no se sepa hasta el día de hoy quién es el propietario del rancho?), precisamente, entre otras tareas, para adquirir mayor entrenamiento. Las fuerzas federales fueron recibidas a tiros y, éstas mucho mejor entrenadas y equipadas así respondieron. Las pruebas periciales han demostrado que ninguno de los caídos tiene disparo a quemarropa y  todos ellos dispararon sus armas.

Son hechos muy violentos, dramáticos, contra un grupo que ha demostrado que su estrategia es hacer gala de la fuerza y la intimidación y que ha asesinado a numerosos elementos de las fuerzas de seguridad. La respuesta no puede ser diferente cuando se produce un enfrentamiento de estas características: desgraciadamente se trata de matar o morir, porque no queda otro margen de acción. A las fuerzas de seguridad se les debe exigir el respeto de los derechos de cualquier criminal, pero no se les puede pedir que se dejen matar para dar respuestas políticamente correctas a grupos que jamás se preocupan por los derechos de militares, marinos y policías. El Estado mexicano, lo encabece Calderón o Peña, más allá de aciertos y errores, no ha declarado ninguna guerra: son los grupos criminales los que lo han desafiado en los extremos de la violencia. Y Tanhuato es consecuencia de ello.