Oaxaca de Juárez, 20 de octubre. Este martes 20 de octubre, el presidente del Comité de Desaparición Forzada (CDF), Juan Pablo Albán, presentó su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que habló de México.
Al hablar frente a la Tercera Comisión de la Asamblea General, Juan Pablo Albán dijo que existen indicios bien fundados de que en México se cometen desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y que esa práctica persiste.
“El órgano concluyó que existen indicios bien fundados de la comisión de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y de la persistencia hasta la actualidad de esa práctica”, dijo.
En este sentido, explicó que la conclusión se sustentó en información proporcionada por el Estado mexicano, contribuciones de víctimas y organizaciones civiles, así como en antecedentes reunidos desde 2012, por lo que pidió considerar con carácter urgente la situación del país.
No obstante, Albán también señaló que México ya dio “un primer resultado” en la materia, luego de haber incluido al país en el proceso por Artículo 34.
Y ¿de qué va este primer paso? Se trata del reciente informe del estado mexicano, que reveló que en lo que va de 2026 han sido localizadas 16 mil personas desaparecidas, de las más de 130 mil de las que se tienen registro.
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“Felicitamos estos avances”, reconoció el presidente del CDF, a la par de que llamó a que los procesos de cooperación entre el organismo que preside, y el resto de las naciones, “se mantengan a través del tiempo”.
Sobre México, Albán recalcó que el Estado tiene la responsabilidad de continuar monitoreando la situación de las desapariciones, para continuar registrando acciones urgentes.
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Por su parte, en este mismo encuentro, el gobierno de México reiteró su rechazo a que la situación del país sea llevada al pleno de este máximo órgano deliberativo, como lo solicitó el Comité, tras activar el artículo 34 de la citada Convención.
“México rechaza la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención”, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.
Sin dejar que lado que México mantiene una política de apertura, diálogo y cooperación internacional, Medina señaló que el Estado mexicano conformó, con la asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, un grupo de expertos internacionales para realizar una revisión científica del Registro Nacional.
“Nuestro compromiso es claro: encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las familias”, señaló.
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