Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre
MILENIO CARLOS MARÍN EL ASALTO A LA RAZÓNPara quienes, como los vándalos que la emprendieron el sábado contra Palacio Nacional (frente a los pacíficos marchistas #43×43), medran política y económicamente de asesinatos y desapariciones, el caso Iguala parece haberles caído como golpe de suerte al pegarle a unsupermelate.
“Un muertito por el amor de Dios” es el clamor, tan vergonzante como infame, implícito en “la lucha” de agrupaciones cuyo giro “justiciero” no es la solución sino el mantenimiento de problemas, y que enarbolan causas legítimas como fachada.
El gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, ilustraba el sábado la miserable condición ética de quienes, con la coartada del drama ocurrido en Iguala, se meten por ejemplo al mercado de Chilpancingo a comer y se van sin pagar a los modestos locatarios.
¿Y qué tal el saqueo de todo tipo de tiendas, la quema de vehículos, las extorsiones en las carreteras?
Grave momento éste, y peor cuando a los problemas acumulados viene a añadirse el de quienes, en vez de realizar explicables actos de protesta, se revelan, también, como criminales…
cmarin@milenio.com
CIRO GÓMEZ LEYVA LA HISTORIA EN BREVEEs entendible lo enardecido de la indignación. Se comprende cierta pendencia. Hasta ahí. Lo otro es desorientación o, llanamente, un doloso aprovechamiento político de la desgracia. Seguir tachando de asesino a quien no mató a los jóvenes de Ayotzinapa solo puede ser propio de una muy torcida, aviesa mala fe.
El gobierno federal no los mató. El gobierno de Guerrero no los mató. Los mataron, Héctor Aguilar Camín dixit, los hijos de puta. Y no veo ni escucho una condena pública contra los asesinos. Como si se tratara de eximir a la estructura de los Guerreros Unidos.
La ineficacia del Estado mexicano en el terreno de la inseguridad es indudable. De ello hemos dado cuenta sin cesar en La historia en brevedesde el primer día de gestión del presidente Peña Nieto. Quienes siguen esta columna saben que no aceptamos la invitación para eliminar el tema de la violencia del debate periodístico. Pero en el caso Iguala-Ayotzinapa los culpables son otros. Los hijos de puta en esta historia son:
* Un grupo criminal que asuela amplias regiones de Guerrero. Ellos son los eficaces raptores, ejecutores fríos, calcinadores luciferinos.
* Dos administraciones municipales (Iguala y Cocula) que, por sumisión y/o colaboración, trabajaron de la mano de los Guerreros Unidos.
Tuiteó Enrique Krauze: “Comparto la exigencia ciudadana de justicia hecha al Estado; pero estoy esperando la primera manifestación ciudadana contra los criminales”.
Basta de deshonestidad intelectual. A los 43 los mataron los criminales profesionales que saben producir y desencadenar el horror. Volteémonos contra ellos.
EXCÉLSIOR JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ RAZONESAsí estamos, consternados,rabiosos, aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles.
Mario Benedetti
El procurador Jesús Murillo Karam proporcionó el viernes los resultados plausibles, verosímiles, de la investigación realizada por la PGR en el caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala. Según esa información, apuntalada por numerosas pruebas y testimonios, los jóvenes fueron sometidos, llevados al cuartel de la policía en Iguala, entregados a policías de Cocula que a su vez los entregaron a un grupo de narcotraficantes de Guerreros Unidos que, luego de un traslado inmisericorde a un basurero de Cocula, los asesinaron, luego fueron montados en una pira medieval donde fueron incinerados durante unas 15 horas. Los restos, huesos, dientes, fueron nuevamente destruidos y todo arrojado al río San Juan.
Tienen toda la razón y el derecho del mundo los padres y familiares de desconfiar de la investigación de la PGR y de insistir en que hasta que no haya pruebas de otro tipo, las que sólo podrían proceder del intento de rescatar ADN de los escasos restos encontrados en el basurero y el río, ellos no darán por muertos a sus hijos. Nadie puede pedirles otra cosa.
Pero, desde otro punto de vista, no se puede ignorar la indagatoria y, por el contrario, se debe avanzar en una suerte de la investigación de los resultados de la misma que tiene que centrarse sobre unas autoridades locales que son sospechosas, omisas y que pueden ser hasta cómplices de los asesinos, trascendiendo, por supuesto a la truculenta pareja Abarca-Pineda.
Temas, preguntas, que van más allá de los resultados de ADN que tendremos que esperar de un instituto austríaco. La primera, ¿qué pasó en los diez días previos a que el gobierno federal se hiciera cargo de la investigación?. No nos engañemos: a nivel municipal y estatal, se desvió el curso de la investigación. Esa primera semana supuestamente buscando a los jóvenes casa por casa en Iguala porque supuestamente estaban escondidos fue criminal; el que el gobernador Aguirre y el procurador Blanco no pudieran o quisieran mantener bajo vigilancia al presidente municipal y su esposa, al jefe de la policía local y a otros involucrados, que no pudieran proporcionar desde un primer momento una información mínimamente fidedigna sobre lo ocurrido pasa de la sospecha o la negligencia a la complicidad.
El gobierno federal es responsable de haber confiado en esas autoridades, por lo menos en las estatales, pero también se debe reconocer que tomó una indagatoria en la que hubo que revisar, incluso, si las autoridades locales no habían falseado las pruebas de ADN de los familiares. Se hicieron cargo diez días después de los hechos, tendrían que haberlo hecho mucho antes, pero la autoridad federal literalmente se pasmó ante lo sucedido, no supo ni cómo ni de qué manera reaccionar. Pero terminó haciendo una investigación seria. No son los responsables de las muertes y resulta indigno que hoy haya quienes digan que no creen en los resultados de la investigación y que sean los mismos que sostuvieron contra viento y marea a Aguirre en la gubernatura incluso cuando el gobierno federal ya había intervenido en el estado. El PRD y Morena tienen un alto grado de responsabilidad política: el PRD por lo menos la ha asumido aunque sea en forma tardía e incompleta, lo de Morena es terrible, ante su evidente vinculación con los responsables. Ni el PRD ni Morena, como instituciones partidarias, tienen responsabilidad material en los hechos, pero lo menos que se esperaría sería una autocrítica sincera, incluyendo el comportamiento que asumieron inmediatamente después del secuestro de los jóvenes, de defensa de las autoridades locales, mismas que deben ser juzgadas y en su caso sancionadas.
Finalmente, hay que insistir en un punto: el gobierno federal debe superar lo ocurrido, tiene que salir del pasmo, de la tragedia, escenificados en el rostro del presidente Peña después de reunirse con los familiares o en el cuestionado, pero comprensible “estoy cansado” de Murillo Karam (leer por favor el excelente texto de Juan Ignacio Zavala ayer en Milenio sobre el tema). Decía el expresidente de gobierno español José María Aznar, en la entrevista que le hicimos y publicó ayer Excélsior que “hacer política puede tener un costo, pero no hacerla tiene un costo mayor… una cosa son las articulaciones legales y otra cosa son las articulaciones políticas” y el gobierno federal tiene que dar respuestas y tiene que mostrar una nueva forma de ejecutar sus políticas, su dinámica, incluso, en muchos casos, a sus propios integrantes. Y para nadie debería ser un secreto que la seguridad y la economía es donde la gente exige, espera y demanda, con razón, resultados.
Por cierto, 25 años después, ¿cuándo caerá el Muro de Berlín de gran parte de nuestra izquierda y de nuestros políticos tradicionales?
LA JORNADA JULIO HERNÉNDEZ LÓPEZ ASTILLEROEl agradecido amigo Hinojosa Cantú es el accionista principal de la firma a través de la cual la señora Rivera hace las operaciones de adquisición de la magna casa, pero también, en un triángulo financiero al estilo que ya es clásico en el historial mexicano de política y negocios, de un consorcio largamente beneficiado por el esposo de la compradora cuando aquél era gobernador del estado de México y ahora desde la Presidencia de la República (el más reciente intento de engrosar las cuentas bancarias del vendedor en abonos de la mansión de Las Lomas de Chapultepec se ha dado en el contexto del grupo de empresas que estuvieron a punto de llevarse uno de los negocios del sexenio, el del tren rápido de México a Querétaro).
El 30 de julio de 2012, entre los fragores posteriores a la compra del despacho llamado Presidencia de la República, el Astillero publicado en algunos diarios del interior del país hablaba de ‘‘Negocios y elecciones; los Hinojosa, Edomex, Monex; familias en el poder y ciclos políticos y muertes’’.
Es infrecuente que esta columna recurra a sus propios textos ya publicados, pero en esta ocasión es posible que la repetición ayude a precisar el perfil del factor clave en el proceso de enriquecimiento de la fiscalmente revisable señora Rivera.
A raíz de la muerte del joven José Armando Hinojosa García, luego de que el helicóptero en que viajaba cayera apenas había salido de una fiesta de cumpleaños de Peña Nieto en el rancho Cantalagua, propiedad de su pariente Mayolo R. del Mazo, se escribió aquí que el muerto era ‘‘hijo de un empresario clave en el proceso de conversión de la riqueza pública en privada a través del clásico sistema de concesiones, contratos privilegiados y favoritismo abierto que luego es usado para financiar y ‘‘apoyar’’ las siguientes aspiraciones electorales del jefe político, en este caso Enrique Peña Nieto. El padre, Juan Armando Hinojosa Cantú, tamaulipeco de origen, se convirtió en el beneficiario mayor de los procesos de adjudicación de obras y negocios públicos durante las administraciones de Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto (Miguel Alvarado publicó en junio de 2011 una buena relatoría, titulada Hangar Eolo http://bit.ly/Qq2ndn).’’
El joven difunto ‘‘puso al servicio del candidato presidencial priísta, entre otros rubros, el de la transportación aérea faraónica, tanto para viajes personales (sobre todo a Miami) como en la campaña recién terminada (el aparato accidentado la noche del sábado reciente fue utilizado varias veces por Enrique Peña Nieto). Pero las relaciones empresarial y electoralmente peligrosas no quedan allí: su empresa, Eolo, forma parte del grupo HIGA, que entre otros negocios con dedicatoria se encargó de construir el aeropuerto de Toluca junto con la española OHL (cuyas artes de salpicadura de ganancias también llegan a la capital del país) y el Grupo de Abogacía Profesional de la peñanietista familia Fraga, que a su vez forma parte del entramado que desemboca en Monex y el dinero lavado para pago de los operadores electorales del fraude extracasillas del pasado primero de diciembre’’.
El joven Hinojosa García ‘‘había contraído matrimonio en el año 2007 con Rosa Herrera Borunda, hija del entonces gobernador del estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, en presencia del propio Peña Nieto y del entonces subsecretario de finanzas de la administración local, Javier Duarte de Ochoa.’’ Otra relación notable de negocios de los Hinojosa era ‘‘con la familia Hank Rhon, siempre alineada con el Grupo Atlacomulco. Cuando el Movimiento Progresista comenzó a documentar los excesos de gasto de campaña de Peña Nieto, sobre todo respecto a la proliferación de anuncios espectaculares, saltó también la evidencia del excesivo uso de aparatos aéreos en la movilización del candidato presidencial, sus principales operadores de campaña y sus invitados. Manuel Camacho Solís fue uno de los primeros en advertir la relación de los Hinojosa, los cuantiosos negocios privilegiados en el estado de México y la conexión con Jorge Hank Rhon.’’
En esa columna de julio de 2012 se caracterizaba a Hinojosa Cantú como ‘‘depositario de grandes secretos financieros de la familia política priísta que busca encaramarse en la Presidencia de la República” (el Astillero de aquella ocasión, enhttp://bit.ly/1tRw4ov). Tal es el intermediario y vendedor, al que no se puede acusar jurídicamente de prestanombres, que va haciendo realidad a la señora Angélica Rivera, sus hijos y esposo, el sueño de contar con una mansión de alrededor de 7 millones de dólares.
Siete meses antes de la mencionada columna, en enero de 2012, la señora Rivera ya había firmado un contrato con Ingeniería Inmobiliaria del Centro, propiedad de Hinojosa, para adquirir dos predios a espaldas del que ella ya tenía, con el propósito de ‘‘ampliar el espacio de su casa habitación’’ (¡Y vaya que lo amplió espectacularmente, en metros cuadrados y en construcción de súper lujo!) La mujer del César no sólo ha de ser casta en sus negocios, sino parecerlo.
La conferencia de prensa del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, el pasado viernes (ese día, este tecleador difundió un texto y un video bajo el título ‘‘‘Cansadas autoconfesiones de un Estado criminal’’’, enhttp://bit.ly/10Dk534) pretendió establecer las condiciones para una nueva fase del conflicto de una parte de la sociedad con sus actuales gobernantes.
La nueva trama pretende facilitar la argumentación de Enrique Peña Nieto en el extranjero, sujetar el caso Iguala de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos a tiempos procesales de duración indefinida y justificar acciones represivas contra los insumisos.
A unas horas de que EPN viajara a China, la puerta de Palacio Nacional estrenó, mediante provocaciones protegidas, esa tentativa peñista de ‘‘reordenamiento’’. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
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