Anoche, con Carlos Puig En 15, el presidente de Morena, Martí Batres, dijo que los más de 36.3 millones de pesos que recibirá del Instituto Nacional Electoral en lo que resta del año se utilizarán “para la lucha política, el periódico Regeneración, la organización y la concientización”.
Por estatuto, explicó, los dirigentes “no reciben salario”.
Diga lo que diga el INE, pues, para Batres equivalen a “viáticos para tareas específicas…”.
Recursos públicos para nadie sabe qué.
El miércoles apunté aquí que costaba entender por qué el presidente Peña Nieto no respondía a padres que perdieron a sus hijos en el incendio de la guardería ABC. Le solicitaban que cumpliera la palabra que empeñó cuando era candidato a la Presidencia de la República y les diera una cita.
No es una advertencia, es un llamado desesperado, decían Julio César Márquez y Estela Báez, padres de Yeyé, muerto en la guardería aquel junio de 2009. De no ser recibidos, Estela comenzaría una huelga de hambre el sábado 19.
Parece que no habrá necesidad de esa acción extrema. Ayer, por instrucciones del procurador Jesús Murillo Karam, Estela y Julio César se reunieron con la subprocuradora Mariana Benítez, quien les informó que el Presidente los atenderá en las próximas horas.
Ellos piden justicia para los responsables. Y el compromiso para que la llamada Ley 5 de junio opere adecuadamente, pues aseguran que desde el incendio de 2009, 20 niños han muerto en guarderías.
Buena señal por donde se vea. El candidato Peña Nieto les garantizó (19 de junio de 2012) que daría “respuesta a todas las peticiones de ustedes”. Y aseguró que sería sensible a este problema y se encargaría de que la PGR deslindara responsabilidades. Era una cuestión de honor. Y desde Shakespeare sabemos que para un hombre honrado, el honor es algo más preciado que la vida.
El encuentro con Julio César y Estela será apenas un poco de consuelo en esta catástrofe del dolor. Quizá jurídicamente no haya mucho que hacer. Quedan la palabra, la política y el compromiso presidencial de un nunca más.
En la celebración del Día del Abogado la semana pasada, el presidente Peña Nieto dijo que comenzaba la etapa más compleja del proceso de reformas, que era el de implementarlas, e insistió en que esa implementación es responsabilidad directa de sus funcionarios. Tiene toda la razón y esa será una de las causas por las cuales la administración federal, concluido el proceso legislativo de reformas, tendrá que cambiar su forma de gobernar, de ejercer el poder, trascendida la etapa pactista y entrados de lleno en lo electoral y la competencia política.
Una muestra de las complejidades que genera esta nueva etapa la tenemos con la Reforma Educativa. Este fin de semana se realizaron los exámenes profesionales para ocupar las nuevas plazas en el magisterio. Aparentemente, y luego de varias vicisitudes en el pasado, los exámenes se realizaron con éxito en buena parte del país, salvo, como no podía ser de otra manera, en los estados controlados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), o sea en Oaxaca y en Michoacán. Ambos estados tienen la obligación constitucional de adecuar sus legislaciones a esa reforma e implementar las medidas aprobadas con ella, pero en los hechos ninguno de los dos lo ha llevado a cabo: en este caso no sólo han impedido, por la fuerza, la realización de los exámenes, sino también, en Oaxaca, la realización de los foros que convocó la Cámara de Diputados local para implementar la leyes locales. Y si bien la CNTE ha reducido su beligerancia en las calles del DF, la ha mantenido en los dos estados en los que tiene mayor control, paralizando a las autoridades locales con sus acciones.
Hace ya tiempo, desde que se comenzó a hablar seriamente de la Reforma Educativa, dijimos en éste y otros espacios (incluso publicamos un libro junto con Bibiana Belsasso sobre el tema, que se llamó La élite y la raza, Taurus, 2012) que al contrario de lo que muchos decían, el verdadero desafío para implementar una Reforma Educativa no era el magisterio y su entonces líder, Elba Esther Gordillo, más allá de los desplantes que la maestra pudiera tener: con ella se tenía que dar una negociación política, pero finalmente tendría que apoyar la reforma porque le iría en eso su destino. Ya sabemos qué sucedió con Gordillo, pero su detención ocultó al adversario real, que era la Coordinadora.
Desde el gobierno federal se pensó que con la caída de Gordillo se atemperarían las cosas con la Coordinadora y que terminarían apoyando una reforma que tenía, en su origen, el apoyo de la izquierda. En realidad, y visto retrospectivamente, ese apoyo de la izquierda fue sólo a la caída de Elba Esther, porque cuando se tuvo que pasar de lo constitucional a las leyes reglamentarias y luego a su implementación, ese apoyo ya no fue tan de buena parte del PRD y en nada de Morena y sus satélites.
Fue un error haber traído a los líderes de la Coordinadora a negociar al DF, rompiendo con la tradición de que el gobierno federal sólo negociaba con los representantes federales del sindicato, dejando la negociación local en los estados. Fue un error que le dio a una CNTE a la que subestimaron más espacios y poder del que tenían, al tiempo que se minimizaba la representación del sindicato nacional. Todo ese proceso parece haberse ido corrigiendo en los últimos meses, con un sindicato mucho más presente y una Coordinadora de regreso en sus estados, pero habiendo regresado a ellos con más poder del que tenían hasta 2013.
Y eso es lo que se refleja ahora con los exámenes profesionales: una reforma que marcha en dos vías y velocidades y con exámenes que se deben suspender en Oaxaca y Michoacán, porque simplemente no hay forma de aplicarlos, pero además habrá que ver qué sucede en otros estados con presencia de la Coordinadora a la hora de evaluar el proceso realizado. Y con una CNTE que no sólo boicotea estas acciones sino incluso la posibilidad de realizar consultas con otros sectores sobre el tema educativo.
Implementar las reformas, como dijo el presidente Peña, será, sin duda, lo más complejo, pero lo será mucho más sin asumir que no puede haber cotos de poder que se muevan y actúen libremente fuera de las normas legales. Y la Coordinadora es uno de ellos.
La Profepa en Chiapas
Hablando de cotos de poder: la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chiapas se ha topado con el rechazo de muchos sectores por la forma en que ejerce su autoridad. Pese a que su función es proteger el medio ambiente, ignora la brutal tala de árboles que hacen en Pichucalco. Y no hace nada para combatir el tráfico de animales en los municipios de Palenque, Catazajá y La Libertad. Las acusaciones en contra de esa delegación fueron levantadas ya hasta por el exgobernador, Patrocinio González Garrido, sobre todo por el descuido de la Profepa en la protección de animales protegidos, en peligro de extinción, como la guacamaya roja.
Jorge Mario Bergoglio ha resultado toda una revelación bajo el nombre de Francisco. Ha hecho asomar a la superficie varios de los puntos más difíciles y complejos del mundo de las sotanas y los crucifijos, a diferencia de la simplona mediaticidad carismática de Juan Pablo Segundo, tras la cual se encubrió un manejo conservador y cómplice del Papado, tanto con poderes políticos y económicos como con órdenes y personajes como los legionarios de Cristo y Marcial Maciel (por mencionar ejemplos particularmente llamativos, pero no los únicos y tampoco los peores).
Así fuera por un inteligente sentido de protección y supervivencia, la estructura dominante de la corporación global del catolicismo romano debería aprovechar los iniciales arrestos justicieros del pontífice argentino, aunque en realidad lo que está sucediendo es un silencioso cerrar de filas de los segmentos más oscuros de esos mandos eclesiásticos, amenazados por declaraciones fuertes y algunos actos ya significativos del peculiar presidente del Estado denominado El Vaticano. En ese marco de milenarios vaivenes y contrapesos, el propio Francisco ha celebrado la santificación de dos papas de posturas y conductas distantes, Juan XXIII y Juan Pablo Segundo, lo mismo que ahora ha hecho a su vocero, Federico Lombardi, intentar una especie de retractación de lo publicado el domingo en La Repubblica, el diario italiano a cuyo fundador, Eugenio Scalfari, dijo entre otras cosas que los asesores vaticanos le habían señalado que alrededor de dos por ciento del clero forma parte del mundo criminal de los abusos sexuales contra menores de edad. En esa franja, según las palabras atribuidas a quien suele ser llamado Su Santidad, habría arzobispos y cardenales. El vocero Lombardi ha dicho que la entrevista no fue lo que usualmente suele entenderse así, que las palabras no fueron grabadas y que no se permitió al pontífice revisar lo que a su nombre se iba a publicar.
Palabras de tal calibre, pronunciadas por un personaje que es considerado infalible en condiciones específicas relacionadas con la enseñanza dogmática en temas de fe y moral, obviamente lastiman el barniz de pulcritud con el que suele manejarse en público ese gremio. En México, por ejemplo, ha habido constantes señalamientos de protección a pederastas contra uno de los cardenales, Norberto Rivera, y contra arzobispos como Alfonso Szymanski y Luis Morales Reyes, en San Luis Potosí, y José Luis Chávez Botello, en Oaxaca, en los correspondientes casos de los sacerdotes pederastas Eduardo Córdova Bautista y Gerardo Silvestre Hernández.
No está claro cuál de esas facetas papales será la que visite México, conforme a los preparativos que ya realiza el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, quien está de visita en México para afinar detalles de la gira papal con la encopetada sacristanía de la parroquia nacional (ayer hubo una comida en la otra Catedral del Zócalo capitalino, la resguardada por el Estado Mayor). Si viniera el Francisco que habló con claridad a La Repubblica sobre la ”lacra” de la pederastia clerical, cosas buenas habría para un país en el que buena parte del poder eclesiástico está entregado a los poderes políticos y económicos, practicante incluso de aberraciones como éstas.
Pero es posible que venga el Francisco reculante, el que da marcha atrás a sus palabras o las envuelve de pragmatismo inmediatista. Es de esperarse que la preocupación sobre los migrantes de Centroamérica a Estados Unidos (el visitante Parolin participará en México en un coloquio sobre el tema) se traduzca en acciones gubernamentales que mitiguen el horror largamente permitido contra esos hermanos en viaje. Pero la Iglesia cupular también conseguirá cesiones del poder peñista. Por ejemplo, mayor presencia y participación en los medios de comunicación, el debate público y la educación. Recuérdese que reformas recientes buscan dar al clero la oportunidad de ”orientar” el voto o las acciones cívicas y políticas, pero no ”presionar”.
En el Congreso mexicano avanza en tanto el milagro de la división y disminución de los peces energéticos. Tanta ha de ser la voracidad expresada en los dictámenes propuestos para que diputados y senadores los aprueben por mayoría simple, que el propio Silvano Aureoles (el perredista que está en espera de que Peña Nieto lo impulse como candidato a gobernador de Michoacán por parte de la ”oposición” consentida) se ha atrevido a advertir que con las nuevas normas podría estarse en presencia de un proceso de desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Según la nota puesta ayer por Enrique Méndez en el portal de La Jornada, sería muy grave que se tratara de una acción premeditada para favorecer ”negocios particulares”.
En el mismo reporte se menciona que Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (pero también uno de los políticos cercanos a AMLO), habló del error que han cometido los partidos de izquierda al no caminar juntos para impedir las reformas que afectan al país. La gravedad del caso, enfatizó el zacatecano, requiere de ”una posición común y no testimonial”.
Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral aprobaba ayer, como mero trámite, la asignación de las primeras partidas presupuestales para los tres nuevos partidos que buscarán confirmar su registro en las elecciones federales de 2015, a las que en esta primera vez deberán concurrir obligadamente en solitario, sin posibilidad de alianzas. Los partidos del Frente Humanista, Encuentro Social y Movimiento Regeneración Nacional recibirán, cada uno, 36.3 millones de pesos por lo que resta del año, todo correspondiente a una bolsa común entre los partidos existentes, que ahora son diez, y sin que se incremente este año el presupuesto del ramo.
Y, en tanto el delegado perredista en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo (de la corriente patrimonialista encabezada por Amalia García), sigue enredándose con el asunto de la fiesta panteonera que por cumpleaños realizó una amiga suya en la Rotonda de las Personas Ilustres, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Compartir
