Oaxaca de Juárez, 6 de mayo
EXCÉLSIOR RAZONES JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZEl asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI-PVEM en Chilapa, Guerrero, debe entenderse como un paso más en los intentos de impedir las elecciones en ese estado. Más allá de las sospechas priistas de que la muerte de su aspirante fue provocada por su oponente perredista en el municipio, lo cierto es que se da en una región donde, otra vez, el cártel de Los Rojos se enfrenta con violencia contra Los Ardillos, otro grupo con influencia en La Montaña Baja y en Morelia.
Son los mismos Rojos que tienen presencia en la Normal de Ayotzinapa o los que controlan Chilpancingo, los que operan con grupos de la CETEG y tienen buena relación con otros grupos armados. A pesar de los durísimos golpes que han recibido, una de las paradojas de los hechos de Iguala es que la persecución que han tenido sus rivales de Guerreros Unidos, responsables del secuestro y muerte de los normalistas de Ayotzinapa (porque consideraban que esos jóvenes estaban infiltrados y operando para Los Rojos), les ha abierto espacios que están aprovechando en el ámbito local. También se asegura que es el grupo criminal con mayor cercanía con distintas áreas del gobierno de Rogelio Ortega.
El hecho es que, a un mes de las elecciones, Guerrero y, en menor medida Oaxaca (donde luego de que se ha estado destruyendo publicidad de los partidos por miembros de la Sección 22 como parte de la campaña para bloquear las elecciones, ahora se asesinó a un joven que colocaba propaganda de Morena) siguen siendo los dos únicos lugares donde existe un verdadero desafío para evitar que la gente salga y pueda votar.
En las dos entidades la lógica es muy similar y la estrategia se da por grupos afines, pero existen dos diferencias sustanciales: en el caso de Oaxaca, a pesar de la fortaleza evidente de la Sección 22, no parece existir demasiada convicción para impedir los comicios, entre otras razones porque hay muchos dirigentes de la 22 involucrados, de una u otra forma, en el proceso electoral. Algunos como candidatos, otros como operadores, otros más jugando indirectamente sus cartas. Hay relación con grupos armados locales, pero no parece que éstos estén apostando claramente a boicotear el proceso. Y no hay, intrincados con éstos, en apariencia, grupos del crimen organizado. A eso se debe sumar que, se esté o no de acuerdo con su gestión, existe un gobierno estatal, el de Gabino Cué, con muchísima más presencia y capacidad de control que el de Rogelio Ortega en Guerrero.
El problema de este estado se escenifica perfectamente con el crimen del candidato priista en Chilapa. No se sabe quién atentó contra Ulises Fabián Quiroz (un joven que no había recibido amenazas y que no tenía ninguna relación “extraña” en su haber) por la sencilla razón de que pudieron ser todos y que su muerte puede haber operado como una provocación. Decimos que pueden ser todos, porque en la zona están los narcos, las guerrillas, los caciques, la CETEG y sus aliados, todos operan infiltrándose mutuamente. Por eso el suplente del aspirante asesinado tampoco quiere aceptar la candidatura y, por eso mismo, en su caso tampoco se hará justicia. Puede ser que algún día se detenga a los autores materiales, lo que nunca se sabrá es quién estuvo detrás y quién ordenó esa muerte, una más de las cerca de 40 que ha habido en ese municipio en los últimos meses.
Ayer hablaba Federico Reyes Heroles de la necesidad de dar una “perspectiva intravenosa” al análisis de las cosas en el país, para no perderse en la maraña de información negativa que es parte del entorno pesimista que vivimos. Tiene toda la razón, lo mismo debe aplicarse al terreno electoral. Guerrero y Oaxaca destacan tanto porque en el resto del país la actividad electoral, nos gusten o no las campañas, la nueva ley electoral o el insensato bombardeo de pésimos spots, se desarrolla con normalidad. A un mes de los comicios, incluso, los números de los partidos parecen haberse estabilizado y todo indica que el margen para sorpresas es mucho menor, aunque habrá, obviamente, varias posiciones disputadas hasta la última hora. Y es bueno, positivo, que los resultados sean medianamente previsibles. El país necesita, requiere, mayores márgenes de estabilidad. Chilapa debe ser, cada vez más, una excepción y así debe ser entendida.
Y por eso mismo, los focos rojos como Guerrero en casi todos los ámbitos o lo que ocurrió en los últimos días en Jalisco en el terreno de la seguridad, deben ser tomados, analizados como verdaderos tumores sociales y, como cualquier tumor, extirpados quirúrgicamente, para evitar su propagación.
LA JORNADA ASTILLERO JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZA diferencia de Michoacán,donde se nombró a un civil dedicado a la políticacomisionado
plenipotenciario (el multiusos Alfredo Castillo, actualmente convertido en gerente del negocio del deporte nacional), o de Tamaulipas, donde Los Pinos no respeta la figura del mandatario formal (el fantasmagórico Egidio Torre) pero lo mantiene al frente de los organigramas de planes de rescate
de la ardiente entidad norteña, en Jalisco la opción supletoria o complementaria de un gobernador deficitario (el frívolo Aristóteles Sandoval, cuyos desmedidos sueños de alcanzar la candidatura presidencial priísta de 2018 pueden ya ser colocados en el archivo muerto) ha sido definida por la vía militar por Enrique Peña Nieto con un operador especializado en confrontación directa con el crimen organizado (el hidalguense Miguel Gustavo González Cruz, general de división diplomado de Estado Mayor).
El general González Cruz, graduado en el Colegio Militar como oficial de caballería en 1973, cuenta en su hoja de servicios el haber sido partícipe principal (siendo coronel) en la defensa a tiros que un convoy castrense hubo de hacer en 1996, cuando un grupo de narcotraficantes le tendió una emboscada en una carretera michoacana (en el tramo entre Huetamo y Villa Madero, según recuento de Juan Veledíaz en su blog especializado en asuntos militareshttp://estadomayor.mx/25278). Actualmente es el comandante de la quinta Región Militar (que comprende Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas), con sede en Zapopan (ciudad conurbada con Guadalajara), adonde llegó hace menos de ocho meses (fue nombrado el 21 de septiembre de 2014) para relevar a otro general de división, Roberto Gustavo García Vergara, quien duró en el cargo nueve meses. González Cruz venía de jefaturar la región militar con sede en Tamaulipas, donde estuvo hasta 2010 (uno de sus logros fue la pacificación provisional de lo que se había convertido en pueblo fantasma, Ciudad Mier, aunque ha de decirse que ni entonces ni ahora la situación crítica de la entidad ha cambiado en lo sustancial). Y de Ciudad Victoria pasó a comandar la región militar de Chiapas, de donde viajó a Zapopan.
La designación del general González Cruz como coordinador de la Operación Jalisco (OJ), que busca detener a los principales líderes delcártel Jalisco Nueva generación (en especial a Nemesio Oseguera, apodadoEl Mencho) y desarticular
a esa organización creciente, dominante y retadora, fue anunciada luego de una reunión del gabinete federal de seguridad pública realizada en Guadalajara, a cuatro días de que el citado CJNG intensificó la que hasta ahora ha sido la mayor ofensiva del crimen organizado contra representantes del Estado mexicano (cinco miembros de la división de gendarmería de la Policía Federal asesinados en Oco-tlán, 15 agentes de la fuerza jalisciense de élite, también emboscados y ejecutados en San Sebastián del Oeste, y seis militares muertos y un helicóptero derribado con un lanzacohetes el pasado día primero, además de decenas denarcobloqueos e incendios y daños a bancos, estaciones de gasolina y comercios).
Es natural que surja una inmediata preocupación por la entrega del mando de una operación tan delicada en términos políticos y sociales a un jefe militar, sin contrapesos civiles ni opciones políticas, encaminado todo al mero uso de la fuerza aplastante, en un contexto que obliga a recordar que históricamente en este tipo de lances han resultado gravemente vulnerados los derechos humanos y las garantías constitucionales (en concordancia con lo decidido, el anuncio del nombramiento ejecutivo debió hacerlo abiertamente el secretario de la Defensa Nacional y no el de Gobernación). Además, puede temerse que el coordinador de la OJ busque venganzas, más que justicia, no sólo en razón del espíritu de cuerpo agraviado por los narcotraficantes el pasado primero, sino incluso a causa de que las tareas de inteligencia y previsión de tales hechos debieron haber sido bien realizadas por elementos de la misma región militar encabezada por el general González Cruz.
No sólo es una virtual declaración de guerra (en respuesta a la que a su vez lanzó el CJNG), sino una claudicación del poder civil, una cesión más en la espiral de control castrense y una toma de control militar justo cuando Jalisco vive una campaña electoral que parece tener arrinconados al PRI y al gobernador Sandoval, con una fuerte vocación de voto en favor de Enrique Alfaro para la presidencia municipal de Guadalajara y de otros candidatos cobijados electoralmente por el partido de Dante Delgado, Movimiento Ciudadano.
De inmediato, el PRI jalisciense, es decir, el gobernador Sandoval, ha emprendido una grotesca operación propagandística para tratar de involucrar al citado Alfaro en hechos delictivos, aduciendo que un jefe de escoltas de este opositor está en una lista de sospechosos de actividades del crimen organizado. Ayer mismo, Benjamín Guerrero Cordero, apoderado jurídico del PRI de Jalisco, solicitó a la PGR que investigue, a partir de la publicación periodística de esos indicios
, que se establezcan los posibles nexos de Alfaro con el narcotráfico).
Las circunstancias jaliscienses (el desplome del gobernador priísta Sandoval y su incapacidad para rendir buenas cuentas electorales en junio próximo) han permitido también el fortalecimiento del discurso institucional acerado. El secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, convocó a combatir con unidad ciudadana y acciones legales a quienes describió como apátridas
,desadaptados, sin escrúpulos ni conciencia ética
, cobardes criminales que son un cáncer que atentan contra el bienestar de la patria
.
En ese contexto de necesaria cirugía implacable para exterminar un cáncer social, Enrique Peña Nieto encontró razones para justificar endurecimientos, al decir que los actos violentos del crimen organizado, lejos de frenar la acción del gobierno, fortalecen la determinación del Estado para hacer valer la ley en todo el territorio nacional. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
LA RAZÓN PULSO POLÍTICO FRANCISCO CÁRDENAS CRUZUna vez promulgada la Ley Federal de Transparencia y luego de que la mayoría de los congresos estatales apruebe el Sistema Nacional Anticorrupción, el Presidente Enrique Peña Nieto estará ante la gran oportunidad de que ambas sean aplicadas en los distintos casos que real o presuntamente están siendo investigados, entre ellos los de la Línea 12 del Metro, hoy en riesgo de su paralización total por “fallas técnicas” que no son otra cosa que actos de corrupción en los que se esfumaron decenas de miles de millones de pesos, parte de los cuales eran recursos federales.
De no ser así, se ahondarán escepticismo y dudas ciudadanas de que esos instrumentos vayan a servir para frenar la corrupción, que junto con la impunidad, ahogan al país y el Ejecutivo federal perderá la que quizá sea su última posibilidad de cambiar la deteriorada imagen que ha tenido en los últimos meses.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Justo cuando el Presidente Enrique Peña Nieto reiteraba que los actos violentos del crimen organizado no frenarán la determinación de su gobierno de hacer valer la ley, otro candidato del PRD a presidente municipal en Guerrero, Juan Mendoza Acosta, en San Miguel Totolapan, fue secuestrado junto con dos personas que lo acompañaban y liberados horas después.
Ese nuevo hecho ocurrió a cuatro días de que, quien lo era en el municipio guerrerense de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, fuera ejecutado el viernes pasado por varios hombres armados al concluir un acto de su campaña electoral.
En el Campo Marte, en donde encabezó la ceremonia de aniversario de la Batalla del 5 de Mayo, el Presidente tomó la protesta a casi un millar de jóvenes que cumplieron su Servicio Militar Nacional, y rindió homenaje a los efectivos del Ejército que perecieron la mañana del viernes al ser derribado el helicóptero en el que participaban en la Operación Jalisco.
Ofreció que seguirá encabezando los esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad y justicia en el país, al expresar su reconocimiento a soldados, marinos e integrantes de las fuerzas de seguridad y justicia, que han caído en el cumplimiento de su deber.
Por cierto, que después de la frustrada y sangrienta búsqueda de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, los responsables de las áreas de seguridad del gobierno federal confirmaron lo que era un secreto a voces: que ese grupo criminal posee un arsenal tan moderno o más, que el del Ejército y la Marina y, por supuesto, que la Policía Federal.
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