APLICAR LA LEY NO ES REPRIMIR
Abel Santiago
Oaxaca de Juárez, 25 de mayo. Algunos sectores de la población, aunque minoritarios pero con influencia en varios medios de comunicación, que también se valen de las redes sociales para manifestarse, insisten en la defensa de los agresivos métodos de lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y reprueban iracundos cualquier intento oficial de aplicar la ley en bien de la sociedad, de las instituciones y sobre todo de la niñez que cursa estudios básicos y medios. Seguramente quienes se pronuncian en favor del profesorado no han sufrido alguna consecuencia de sus acciones violentas o las disfrutan porque no les causan graves daños o las toleran suponiendo que así contribuyen a una causa noble, pero la mayoría no sólo acepta sino que exige se aplique todo el rigor de la ley contra esos delincuentes. La última vez que fui víctima de esos hampones fue el jueves pasado, cuando estaban posesionados de la caseta vial de Huitzo e impidieron el paso del autobús en que yo viajaba, permitiendo la circulación sólo a los automovilistas que se dejaban robar y permitían el robo a las autoridades que tienen a su cargo el cuidado de las carreteras. Este nuevo atentado, que forma parte del paro generalizado en gran parte de las escuelas de la República, era motivo de la más severa intervención del gobierno estatal y federal.
En efecto, como es sabido, desde el pasado día 15 en que inició el paro en la mayoría de las escuelas públicas, también se cerraron carreteras, se efectuaron bloqueos en las diferentes avenidas y se instalaron plantones en el centro de las diferentes entidades del país, reforzándose con más contingente el de la capital del país, donde la autoridad federal y la de la Ciudad de México, abrumados por las protestas de los comerciantes y habitantes capitalinos, intentaron un desalojo voluntario, pero lo que hacían los profesores era trasladarse de un lugar a otro, como de Bucareli al Monumento a la Revolución y finalmente a las calles de Brasil, frente a las oficinas de la Secretaría de Educación pública, porque se les impidió su instalación en el Zócalo, como lo pretendían por enésima ocasión. De este último lugar se les conminó a salir y regresar a sus lugares de origen, la mayoría correspondiente a la holgazanería seccional de Oaxaca, pero fueron inútiles todos los esfuerzos de convencimiento, hasta que en la madrugada del sábado 21 se procedió como debió haber sido desde el primer plantón.
El desalojo se efectuó sin gran resistencia del envalentonado magisterio, y de la Plaza de Santo Domingo se les trasladó en autobuses escoltados por la Policía Federal hasta sus entidades de origen. Dirigentes del magisterio disidente calificaron la acción como un acto “represivo e intimidatorio” del gobierno federal, que incurrió en una abierta “violación a nuestros derechos humanos y constitucionales de libertad de tránsito y expresión”, por lo que anunciaron interponer una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El pueblo trabajador también debería acudir ante la citada Comisión a denunciar la sistemática violación a sus derechos humanos y constitucionales por parte de ese profesorado inconsciente, que se queja de lo que más abusa, o sea de la libertad de tránsito y de expresión. En su denuncia esta dirigencia afirmó que “en complicidad con el gobierno de la Ciudad de México, la administración peñista regresó a una práctica de intolerancia que no habíamos vivido en más de tres décadas. Con intimidación verbal, psicológica y física se obligó a nuestros compañeros a subir a los autobuses que ya tenían preparados para sacarlos de la capital del país, sin tener la seguridad de que efectivamente serían llevados a sus estados”. En efecto, desde hace más de tres décadas estos vividores han logrado someter a las autoridades federales y estatales, presumiendo de la fortaleza de ser el sindicado más influyente y numeroso de Latinoamérica, que lejos de utilizar su poder para lograr la mejora de su gremio, lo han hecho para enriquecerse y explotar a sus representados.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación informó que conminó al profesorado a retirarse del plantón que tenían en el Centro Histórico y les ofreció autobuses para que volvieran a sus lugares de origen, pero lo rechazaron según su costumbre de imponer su voluntad y de seguir perjudicando a la ciudadanía. Más de tres décadas de barbarie son ya intolerables, por eso es bueno que las autoridades competentes hayan decidido iniciar la aplicación de las leyes, lo que desde luego no es de considerarse como una práctica de intolerancia, sino de justicia y apego a la legalidad. Sin embargo, profesores de Oaxaca y Michoacán que se mantenían en plantón desde el lunes 16 de este mes de mayo en la Plaza de Santo Domingo, advirtieron que regresarán el próximo lunes a la ciudad de México para continuar su lucha en contra de la reforma educativa y por la libertad de sus “presos políticos”. Ante su insistencia de llamado al diálogo, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, afirmó que ni siquiera tiene sentido sentarse a dialogar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mientras “su propuesta siga siendo la impunidad, la violación de la ley y pretender echar abajo la reforma educativa”, que es lo único que sigue persiguiendo esta disidencia intolerable.
En Oaxaca es urgente que se tomen medidas similares, aunque sean los últimos actos de las administraciones municipal y estatal, porque el plantón que continúa en el Zócalo y calles adyacentes lo ha convertido en un verdadero muladar, que ha ahuyentado al turismo y advertido a posibles visitantes que se abstengan de hacerlo, no sólo por lo peligroso sino por lo contaminante que se ha vuelto la ciudad. Es la petición general del pueblo, aunque los defensores de este gremio sigan escandalizando con sus protestas de injusticia e intolerancia.
abelsantiago30336@yahoo.com.mx
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